Madrid utiliza las consultas del TC después de la ley de amnistía
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este jueves que la Comunidad de Madrid ha recurrido el auto por el que el Tribunal Constitucional ha decidido apartar al magistrado José María Macías de todos los recursos contra la Ley de Amnistía.
Así lo ha trasladado el consejero en el Pleno de la Cámara regional de este jueves, donde ha explicado que se pide "la nulidad de esta actuación" al considerar que es "una decisión irregular y arbitraria, que no respeta procedimiento alguno y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, apartándose del criterio previo de este mismo Tribunal Constitucional".
En resumen, ha subrayado, se trata de "expulsar a los vocales discrepantes por el mero hecho de no aceptar un trágala". "Una nueva arbitrariedad del ministro 24 del Gobierno de Sánchez: el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido", ha denunciado García Martín.
Durante su intervención, el consejero ha criticado que es una decisión "realizada al margen de los cauces de la legalidad y que evidencia que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un mero instrumento al servicio del Gobierno, porque la decisión ya está tomada".
El Ejecutivo autonómico presentó el septiembre del año pasado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso a la Ley de Amnistía en su totalidad. Lo hizo, tal y como explicó la presidenta Isabel Díaz Ayuso, "en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, la seguridad jurídica y la división de poderes".
Díaz Ayuso también avanzó la recusación de tres magistrados del tribunal --Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez-- por su "pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE", partido que presentó el texto, "lo que le inhabilita para enjuiciar" su constitucionalidad.
Los cambios en el acceso a la carrera judicial
Del mismo modo, el consejero de Justicia ha anunciado que el Gobierno regional ha presentado un texto de alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal.
García Martín ha asegurado que "con la excusa de 'democratizar' el acceso a la judicatura, ahonda en el intento de controlar el Poder Judicial" por parte del Gobierno central.
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