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La ministra Raquel Tamarit y el secretario autonómico Miguel Soler, el pasado mes de septiembre. /
Además de sentencias que derogan normas para primar el valenciano en detrimento del español, hay una serie de resoluciones del Defensor del Pueblo que insisten en respetar la cooficialidad
Cada escuela debe traducir para uso interno los documentos solicitados por las familias o cuya consulta sea obligatoria, por ejemplo en una junta escolar. Al valenciano o al castellano, que es mayoritariamente la queja habitual en la educación. Lo mismo se aplica a la comunicación (circulares de información, ofertas de eventos extraescolares o excursiones).
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