La Comunidad de Madrid exige inscripción para solicitar el abono de transporte
Novedades relevantes en torno al abono transporte en la Comunidad de Madrid. A partir del próximo lunes, la Tarjeta de Transporte Público Personal, el título que, con distintas categorías y tarifas, permite desplazarse con precios ventajosos en los autobuses urbanos e interurbanos de la región, así como en el Metro y en la red de Cercanías, solo se expedirá a personas empadronadas en municipios madrileños o en algunas de las localidades de provincias limítrofes con las que hay convenios para su uso. Así se desprende de una disposición publicada hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
La medida, que deja sin acceso a la tarjeta de transporte a colectivos como migrantes que no estén empadronados o estudiantes de otras regiones, supone la aplicación de una norma vigente desde 2011 pero que no se venía considerando, aducen desde el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). El requisito se aplicará a las nuevas tarjetas que se expidan así como a los duplicados, detalla el anuncio del BOCM.
La disposición se hace efectiva en plena pugna del Ejecutivo de Ayuso con el Gobierno central por el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, una iniciativa contra la que la presidenta regional se ha manifestado en multitud de ocasiones y que ha recurrido ante los tribunales. El certificado de haber solicitado el abono transporte es uno de los documentos que se consideran válidos para acreditar el periodo de cinco meses de residencia en España que se exige para optar a la regularización.
El pasado abril, después de que se anunciara el proceso de regularización, la única oficina de gestión del Consorcio Regional de Transportes en que se podía tramitar el certificado de solicitud se vio colapsada ante el aumento de peticiones. La negativa del Gobierno regional a reforzar esa oficina fue objeto de nuevas polémicas.
El Gobierno de Ayuso ha mostrado su oposición a un proceso de regularización que consideran se está llevando a cabo sin orden ni planificación, de espaldas a la Unión Europea y sin tener en cuenta el impacto en los servicios públicos. "Burla a la ley", "homenaje a la impunidad", "trampa electoralista sin ningún rigor...", "cortoplacista", "politiqueo barato", "fanatismo", "ilegalidad", "ocurrencia" o "trampa para provocar que puede alterar el censo electoral" son algunas de las expresiones con que la presidenta madrileña se ha referido a él en estos meses.
"No es una medida nueva, sino la aplicación de una modificación de la ley del Consorcio Regional de Transportes de Madrid", trasladan fuentes regionales. "La finalidad es que quienes contribuyen con sus impuestos al mantenimiento del sistema sean quienes puedan beneficiarse de estas condiciones subvencionadas".
En cuanto al hecho de que se haya considerado oportuno empezar a implementar ahora una cuestión cuya aplicación se ha retrasado durante 15 años, se asegura que tiene que ver con "la implantación progresiva de la tarjeta sin contacto, limitaciones tecnológicas e integración del sistema, la pandemia de COVID-19 y la alteración de la demanda".
La resolución coincide, no obstante, con un momento político determinado en que PP y Vox acuerdan y desacuerdan en torno al concepto acuñado y adoptado como lema por la formación de ultraderecha de "prioridad nacional". La expresión ya se ha incluido en los acuerdos de gobierno entre ambos partidos para las comunidades de Extremadura, Aragón y Castilla y León.
En Madrid Ayuso gobierna con mayoría absoluta, pero Vox lleva meses apretando con la idea de prioridad nacional en la Asamblea regional semana tras semana ante la eventualidad de que sea necesario para la formación de gobierno tras las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027. Hace apenas un mes los populares votaron a favor de una proposición no de ley de Vox para instar al Gobierno central a reconocer esa "prioridad nacional" después de que los de Abascal aceptaran una enmienda del PP que la vinculaba "al "arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
El requisito de acreditar la residencia en Madrid para las nuevas tarjetas de transporte o duplicados se suma a medidas adoptadas por el Gobierno madrileño en una línea parecida como la ampliación de tres a cinco años del periodo de empadronamiento para optar a una vivienda pública.
En la actualidad, según datos facilitados por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, los usuarios del abono transporte no residentes rondan los 200.000, lo que supone, aproximadamente, un 3,4% del total. La medida no tiene carácter retroactivo.
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