JUICIO CONTRA EL FISCAL GENERAL | El Fiscal General del Tribunal Supremo pide que se absuelva al Fiscal General: “Hubo denuncias falsas que había que frenar”
La segunda parte del día ha correspondido a los informes de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y, ya por la tarde, del abogado del Estado Iñaki Ocio, que coincidieron en pedir la libre absolución del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del delito de revelación de secretos por el que se enfrenta a una petición de hasta seis años de cárcel por la filtración de un correo electrónico que habría quebrado la presunción de inocencia de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.
La fiscalía defendió la actuación desarrollada la noche del 13 de marzo de 2024 por el ministerio público ante la información de El Mundo, que "debía ser atajada", por ser "falsa". Dijo "sostener que la divulgación a la prensa jamás se produjo por medios electrónicos", lo que restaría trascendencia al borrado de datos en los dispositivos de García Ortiz, para añadir que, en todo caso, aunque hubiese sido él quien filtró el correo, su actuación "sería impune porque la noticia ya era conocida" por los medios de comunicación cuando este actuó y se elaboró la nota de prensa cuestionada en este procedimiento.
Ocio, por su parte, fue mucho más beligerante que la teniente fiscal del Supremo. "El fiscal general es inocente de todo lo que se está diciendo aquí. Se ha criminalizado una dación de cuentas y una nota de prensa para salir al paso de la criminalización de la institución, de los fiscales" y del propio acusado, sentenció el abogado del Estado, que no dudó en apuntar directamente como origen de la filtración a la "Fiscalía de la Comunidad de Madrid".
Lamentó que no le hayan dejado investigarlo, porque ha existido "una laguna en la instrucción” de la causa, "una voluntad de no investigar" a las demás personas que pudieron haber tenido acceso a los correos, que el fiscal general reclamó a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y esta, a su vez, al fiscal del caso, Julián Salto, la noche del 13 de marzo.
Para ejemplificarlo, el defensor de García Ortiz enumeró quién podía tener acceso al correo en el que la defensa proponía un pacto y admitía la comisión de dos delitos fiscales antes y después de que la Fiscalía General supiera de la interposición de la denuncia contra el administrador de Maxwell Cremona. Aseguró que al subirlo a los sistemas informáticos del ministerio público pudieron verlo 524 fiscales en uno de ellos y 176 en el otro.
La defensa argumentó que una autoridad como el fiscal general tiene decenas de asuntos que tratar, por lo que considera "reduccionista" atribuirle un interés especial en la causa de González Amador. Aquí explicó que el mismo día, que la Fiscalía General fue informada de la denuncia contra el empresario hubo otra dación de cuentas en relación con la esposa "de otro político muy importante", en alusión a la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Mensaje filtrado
En su opinión, la única filtración de un correo electrónico acreditada en la causa es la del mensaje del 12 de marzo de 2024, en el que Julián Salto informó a la defensa de González Amador de la interposición de la denuncia en su contra y le comentó que la conformidad sigue siendo posible cuando el asunto sea judicializado, aunque haya más denunciados. "Este correo, cuando lo obtuvo por su abogado, se lo reenvió al jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid", Miguel Ángel Rodríguez, extremo que se ocultó en la querella. Este fue uno de los motivos alegados por García Ortiz para negarse a responder a las acusaciones.
"¿Cuántos datos más ignoramos por la mala fe del querellante?", se preguntó el abogado del Estado, que a continuación argumentó que no se puede sostener un delito de revelación de secretos con hechos ya revelados. En este punto recordó a los periodistas que declararon disponer del correo investigado antes que el fiscal general y, en concreto, uno de ellos, José Manuel Romero, que declaró que "una fuente solvente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid" le había contado que el pacto partía de la defensa.
La defensa de García Ortiz continuó por esa línea y se remitió a que el periodista de la Ser Miguel Ángel Campos había dicho que su fuente había sido un hombre que tenía su despacho en la tercera planta. "¿Saben dónde está la Fiscalía de la Comunidad de Madrid en una tercera planta de la calle General Castaños? Por ahí es de donde la Abogacía del Estado señala que procede la filtración", afirmó Iñaki Ocio.
Si a estas alturas del juicio, aún quedaba alguna duda de las malísimas relaciones que la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, mantiene con García Ortiz -al que llegó a recriminar la filtración del correo la mañana del 14 de marzo, según declaró ella misma ante el tribunal-, el abogado del Estado todavía señaló que ella tuvo el correo en cuestión cinco minutos que el propio fiscal general.
La defensa también se refirió al señalamiento de funcionarios de Hacienda por parte de la presidenta madrileña el día que se conoció la denuncia contra su pareja por parte de Díaz Ayuso, a lo que siguieron unos mensajes de su jefe de gabinete que atribuían descalificaciones contra la fiscalía e incluso una acusación de "prevaricación" contra el propio García Ortiz, al decir que había un pacto, propuesto por el ministerio público, que se había "parado desde arriba". De ahí que se acordara hacer una nota de prensa para atajar esas informaciones.
El abogado del Estado también lamentó que se haya "intentado criminalizar" el borrado de los whatsapps, que el propio fiscal general dice realizar de forma periódica por cuestiones de seguridad, así como los cambios de móvil que suele efectuar una vez al año, dada la sensibilidad de los datos que recibe. En este sentido, sostuvo que conocía que sería imputado tras la recepción del Palacio Real del 12 de octubre del pasado año, pero no los borró hasta el mismo día de la apertura de la causa en su contra, el día 16, por lo que las acusaciones, que ven en ello un elemento incriminatorio, a juicio de la defensa, no se sostienen.
Nota de prensa
Sánchez Conde, por su parte, dedicó gran parte de su informe de conclusiones a asegurar que la nota de prensa en la que se reflejó que González Amador reconoció dos delitos de fraude a Hacienda de cara a conseguir un acuerdo de conformidad con la fiscalía quedó fuera del procedimiento por la Sala de Admisión y la de la Apelación, al incluir datos que ya se conocían y que, por lo tanto, no puede ser constitutiva de revelación de secreto alguna. No obstante, el abogado del Estado se dirigió directamente al tribunal para preguntar si quedaba fuera del procedimiento o no.
La teniente fiscal del Supremo explicó que “la razón de pedir los correos era porque El Mundo había dado una noticia que no era cierta, porque el pacto había sido formulada por el letrado del señor González Amador”, no por el ministerio público. La fiscalía aseguró que "la primera comunicación que hace la Cadena Ser es anterior a que el fiscal general tenga los correos en su totalidad". Si no lo publicó, fue porque no contaba con autorización de su fuente hasta que se produjeron las noticias de El Mundoy la citada emisora.
González Amador, informado
Con ironía, la fiscal afirmó que Alberto "González Amador reconoció que fue informado de todas las incidencias que se producían en la causa, menos del correo en el que realizaba una propuesta de conformidad", y lo enmarcó en una estrategia informativa, diseñada por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
Ángeles Sánchez Conde terminó su informe ante el tribunal pidiéndole que ordenara la devolución de una copia de la documentación intervenida en el despacho de la fiscal jefa Provincial de Madrid que aún está en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Una vez que el abogado del Estado concluyó su informe y García Ortiz renunció a añadir nada a lo que había dicho en el turno de última palabra, el juicio quedó visto para sentencia.
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