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El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cumplido sus amenazas y ha presentado querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, y el fiscal encargado de la causa que se instruye contra él por fraude fiscal, a los que considera responsables de un delito de revelación de secretos, han confirmado fuentes jurídicas.
También la Abogacía de Madrid ha anunciado este martes que da un paso más por las filtraciones de datos del pacto que buscaba la defensa del empresario y formalizará querella ante el órgano que ha tramitado su denuncia oficial, el Juzgado de instrucción número 28 de Madrid. En todo caso, la acción de los abogados aún no se dirige contra ningún cargo concreto de la Fiscalía.
Las acciones penales se centran en la difusión de un comunicado de prensa en el que el Ministerio Público incluía datos existentes en un e-mail remitido al fiscal Julián Salto. En este documento, dirigido a lograr un pacto que evite el juicio y rebaje las posibles condenas, el letrado reconocía los delitos que se imputan a González Amador por impago de 350.000 euros en el impuesto de sociedades y facturaciones falsas.
La acción penal se presenta en el tribunal superior dado que Rodríguez está aforada ante este órgano por su condición de jefa provincial. Se pretende imputar a los fiscales un delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417.2 del Código Penal, que protege el “servicio que los poderes públicos han de prestar a la comunidad en relación con el deber de guardar sigilo riguroso respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo”.
La ponencia de este asunto ha recaído en el presidente del TSJ, Celso Rodríguez, que ya ha dado traslado de la querella a la Fiscalía Superior de Madrid para que informe sobre su admisibilidad. La fiscal superior Almudena Lastra se abstendrá de intervenir, y así se lo ha comunicado al fiscal general según señala El Español.
Por lo que se refiere a la acción de la Abogacía Madrileña, este órgano se personará ante el juez Jaime Serret, que es el que ha incoado diligencias previas a raíz de la denuncia que presentaron el pasado 20 de marzo, si bien no descartan «ulteriores planteamientos de competencia objetiva», es decir, solicitar la inhibición al Tribunal Superior en el caso de que las acciones se dirijan finalmente hacia la fiscal jefe.
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