El nuevo decreto ley del Consell sobre energías renovables decepciona a colectivos de vecinos, ecologistas y agricultores

El Decreto Legislativo 1/2022, de 22 de abril, aprobado hace unas semanas por el Consell, de medidas urgentes ante la emergencia energética y económica en la Comunidad Valenciana por la guerra de Ucrania, ha decepcionado a colectivos y comunidades desde su aprobación DL14 /2020 para acelerar la implantación de plantas para el aprovechamiento de energías renovables. Habían pedido que se cambiara el reglamento para que los parques fotovoltaicos y eólicos pudieran ubicarse de forma racional.

Consideran que se han introducido muy pocos cambios, manteniendo la agilización y supresión de garantías en los procedimientos y, en particular, dejando sin autonomía a las corporaciones locales para decidir si quieren o no este tipo de instalaciones en su territorio.

“La disposición adicional séptima sobre la suspensión de licencias por parte de los municipios establece que estos disponen de seis meses para justificar la moratoria y será el Ministerio el que se pronuncie sobre esta justificación”, explica Julio Rodrigo, representante de la coordinadora valenciana del sitio racional de energías renovables, reuniendo a más de veinte grupos ecologistas y plataformas vecinales de toda la comunidad.

Desde la coordinadora piden al Consell que debata la ley en Les Corts y que implique a las poblaciones afectadas, y en concreto que en este debate se presente el informe elaborado por el Instituto Valenciano de la Energía, en el que se afirma que habrá al menos 18.000 megavatios podrían ser producidos por las comunidades energéticas locales en la comunidad.

Acció Ecologista-Agró, una de las integrantes de la coordinadora y una de las primeras organizaciones en movilizarse contra el modelo de implantación de las energías renovables, afirma estar “muy descontenta” con este nuevo decreto legislativo: “Los concejales ven posibilidades de decidir si No se quiere este tipo de instalaciones ni en que condiciones. Muchos de ellos intentaron defenderse suspendiendo la expedición de licencias, pero la Generalitat impidió o restringió este proceso”, dice el colectivo.

ley «inconstitucional»

Son de la opinión de Acció Ecologista Agró que “las comunidades rurales volverán a pagar la factura de la transición energética”. Mientras explican que este decreto-ley da prioridad a las áreas rurales sin repararlas, enfatizan si los suelos están protegidos o no. “Las instalaciones negativas, que destruyen el paisaje y el empleo, se instalan casi exclusivamente en las zonas rurales del interior, contraviniendo el artículo 130 de la Constitución”.

Fuera de este grupo, sostienen la norma “inconstitucional y violenta las demás normas estatales y locales”, además de restringir la participación del público interesado. “Actualmente, las normas que limitan la protección del medio ambiente se aprueban como decretos legislativos o normas de acompañamiento en los hogares, con el fin de evitar la participación ciudadana”, denuncia.

posición de la unión

También muestran su preocupación desde la Unió de Llauradors i Ramaders, que ha delegado en la Generalitat la necesidad de planificar y ordenar la correcta ubicación de estas instalaciones, “priorizando su construcción en función de su volumen y en zonas donde el impacto y las afectaciones sean menores”. agresiva, en lugar de construir masivamente y en todas partes».

“El debate no es renovable sí o no, lo hemos despejado y superado y llevamos mucho tiempo apostando por él, pero el modelo no puede basarse en el sistema de la obra de hace años, con proyectos y plantas descomunales. para todos los sitios, sin ningún tipo de Control sin analizar las consecuencias para el territorio, la actividad agraria, el paisaje y sobre todo sin pensar en los habitantes de nuestro medio rural ni revertir los beneficios en las zonas donde se instalan”, explica Carles Peris , Secretario General de La Unión.

En este sentido, desde Unió creen que la transición energética debe ir de la mano de las personas que viven y trabajan en el territorio, a diferencia de los fondos de inversión “que también pretenden quedarse con gran parte de las empresas del sector agrícola”. .»

La organización agraria pide que se priorice la instalación sobre cubiertas en suelo ya urbanizado o degradado, “ya ​​que muchos de los proyectos se plantean en suelo productivo y no integrado en el entorno agrícola, con sistemas de riego, con proyectos de diversificación económica y paisajes antiguos”. .