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Zaragoza comenzará a controlar la capacidad del transporte público que recorre sus calles. Así fue aprobado este miércoles en el pleno del Ayuntamiento, que a su vez se negó a instalar contadores de CO2. Según críticas de la oposición, los autobuses y tranvías «no han alcanzado su capacidad» y «todo ciudadano lo sabe».
Fue el Partido Socialista el que llevó esta propuesta al consistorio. El concejal Alfonso Gómez ha dicho que están «preocupados» por este tema porque «no hay distancia y se está apretando». En la misma dirección ha ido Alberto Cubero de Zaragoza en Común, acusando “primero a la empresa y segundo al Ayuntamiento”. Considera «obvio» exigir el cumplimiento de la ley, pero aún ve «un problema que hay que resolver».
Por parte de Vox, consideraron una buena idea «asegurar que se requiere el respeto de los instrumentos de medida». En cuanto a los contadores, Vox ha votado en contra de su instalación como «medida indicativa». Así que apuesta por sistemas de ventilación forzada como ventanas abiertas.
La persona que defendió la situación actual del transporte público fue Carmen Herrarte de Ciudadanos, quien habló sobre el último informe sobre los dispositivos de medición. Defienden que hay muchos aspectos a considerar a la hora de construir capacidades. De hecho, dio un ejemplo de los establecimientos de restauración donde cada uno tiene características diferentes.
Natalia Chueca decidió tener en cuenta «el tiempo de exposición es importante». Por ello, se compromete a “controlar la calidad del aire” para asegurarse de que aún no ha sido inhalado. La teniente de alcalde, Sara Fernández, ha ido en la misma dirección y ha confirmado que no se trata de un «problema político» sino de un problema de salud.
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