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BARCELONA, 3 de febrero (EUROPA PRESS) –
El expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente primero del Parlamento Josep Costa han enviado una carta al Consejo de Europa, a la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo (PE) sobre el caso Pegasus y también al Parlamento de Cataluña para solicitar protección y antes de advertir sobre la «obstrucción» del gobierno y el poder judicial para investigar y esclarecer lo sucedido.
Según la oficina del ex presidente, enviaron una carta a la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric; al presidente de la Comisión de Investigación Pegasus del PE, Jeroen Lenaers; la autora del informe de la Comisión de Investigación del PE, Sophia in ‘T Veld; suspendida la presidenta del Parlamento Laura Borràs; y el presidente de la Comisión de Investigación del caso en el Parlamento, Josep Maria Jové, así como el vicepresidente, Albert Batet, y la secretaria, Montserrat Vinyets.
En la misiva, recordaban que tras el informe publicado por Citizen Lab sobre el espionaje a los líderes independentistas, habían interpuesto una demanda contra el Gobierno en un procedimiento contencioso administrativo para «obtener una indemnización como víctima de esta acción totalmente antijurídica».
«GRUPO OBJETIVAMENTE RECONOCIBLE»
A su juicio, detrás de este espionaje hay razones puramente ideológicas, «es decir, la persecución de personas que pertenecen a un grupo objetivamente identificable como es el de los separatistas catalanes».
Ante ello, lamentan que la actitud del gobierno y de la judicatura haya sido “negar los hechos y negarse a considerar sus pretensiones”.
“El Gobierno español no cooperó inicialmente facilitando los archivos solicitados y cuando lo hizo negó las pruebas reconocidas por el Centro Nacional de Inteligencia”, señalan.
Para Torra y Costa, el poder judicial tiene «el deber de revisar los actos que, por su carácter masivo y clandestino, han supuesto la limitación de un gran número de derechos fundamentales, que es tarea de la autoridad pública protegerlos».
“Pero esa no es la postura ni la voluntad actual de la justicia española ni del gobierno, que hasta ahora no ha respondido a los llamados a la transparencia, la rendición de cuentas y el esclarecimiento de responsabilidades”, agregan en la carta.
Por eso, afirman que quieren explicar sus casos y «las dificultades, por no decir los obstáculos directos» que encuentran en un caso que creen que debería provocar una crisis institucional en cualquier Estado democrático.
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