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El Ejecutivo sigue dando pasos en su batalla contra la derogación de las leyes de memoria democrática por parte de gobiernos autonómicos formados por PP y Vox. El último, este martes, al elevar un recurso al Tribunal Constitucional contra la denominada ley de concordia del Ejecutivo de Aragón, el único donde la norma ya ha sido aprobada. Con todo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reiterado su amenaza de hacer lo propio con las normas de Comunidad Valenciana y Castilla y León, ahora en tramitación, si finalmente se aprueban en los términos previsto. Los mismos que hasta tres relatores de la ONU cuestionaron por ir en contra de tratados internacionales relativos al reconocimiento de la memoria y los derechos humanos.
La decisión adoptada por el Gobierno se produce el mismo día que se cumplía el plazo fijado para que el ejecutivo de Aragón aceptase sentarse a negociar en la comisión bilateral. El presidente Jorge Azcón ya manifestó su rechazo desde un principio al considerar el texto “jurídicamente intachable” y en el Gobierno consideran que sus homólogos en la Comunidad Valenciana y Castilla y León también mantendrán el pulso. Eso sí, una vez pasen las elecciones europeas.
“Ahora están paralizadas, quiero pensar que es porque están reconsiderando el texto y no porque estemos en periodo electoral”, ironizaba el titular de Política Territorial en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Tras ello, añadía que “si se aprueban tal y como las conocemos aplicaremos el 33.2 (la convocatoria de una comisión bilateral para negociar cambios) y luego recurriremos al Constitucional”. De ahí que haya insistido en que “la decisión está en sus manos”. En Política Territorial llaman la atención de la beligerancia de los ejecutivos de coalición de PP y Vox poniendo como ejemplo que la Comunidad de Madrid, que gobierna en solitario, sí haya aceptado la negociación en el marco de una comisión bilateral para revisar sus leyes trans y LGTBI.
La derogación o revisión de las normas de memoria democrática forma parte de los acuerdos de coalición entre PP y Vox. Fuentes del Ejecutivo no son, por tanto, optimistas sobre un cambio de posición y consideran que la formación de Santiago Abascal está arrastrando a los populares a acatar sus posiciones. Incluso derogando partes de las normas que habían sido pactadas en la anterior legislatura con los populares, como es el caso en Castilla y León o, incluso, en Aragón.
«Blanqueamiento» del franquismo
Torres apeló directamente al PP para cuestionar que si condenan el franquismo “¿por qué no incluyen esa condena expresa en las leyes que llaman de concordia?”. Asimismo, reprochó que se invisibilice a las víctimas del bando democrático, se dificulte el trabajo a las ONG y asociaciones memorialísticas y no se defiendan los principios de no repetición, verdad y memoria. Un “blanqueamiento” de la dictadora ante el que anticipó seguirán dando batalla “acudiendo a donde sea preciso”.
El informe preceptivo del Consejo de Estado para avalar el recurso de inconstitucionalidad interpreta, en línea con los informes de los relatores de la ONU, que el derecho público internacional obliga al Gobierno de España a reconocer la memoria de las víctimas y concluye que se incumple el principio de colaboración con el Estado.
Marcaje a las coaliciones de PP y Vox
Los mencionados informes señalan que las normas regionales incumplirían el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Asimismo, advierte que estas normas van en contra de las recomendaciones realizadas para la creación de mecanismos para la memoria histórica y violaciones de derechos humanos y obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación. Por otra parte, se hace énfasis en el blanqueamiento de la dictadura franquista por no hacer “referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista (1939-1975). En lugar de ello, según se observa, “se refiere a las ‘atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil’, mientras que sí menciona la violencia política ejercida durante la llamada ‘Segunda República’ que le antecedió (1931-1939)».
Los socialistas apuestan por un marcaje a las “tesis negacionistas” que Vox buscaría “imponer” al PP en sus gobiernos de coalición y el informe de la ONU contra los planes de concordia en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León ha reforzado su estrategia. En esta línea, en el Ejecutivo advierten que también pondrán pie en pared ante posibles recortes en materia de derechos LGTBI o contra la violencia de género.
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