¿Por qué proteger la continuidad de la VPO se ha convertido en el origen del nuevo “encuentro” entre el Gobierno y las comunidades del PP?
Comunidad de Madrid, Andalucía, Extremadura y Cantabria han anunciado que presentarán recursos contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Las cuatro comunidades, gobernadas por el PP, cuestionan varias condiciones incluidas por el Ministerio de Vivienda para acceder a los fondos estatales. La principal discrepancia está en la obligación de que las viviendas protegidas financiadas con cargo al plan mantengan su calificación de forma permanente, un conflicto que no es nuevo y que ya fue motivo de disputa en 2022, con la aprobación de la ley de vivienda.
El conflicto llega apenas unas semanas después de que todas las comunidades autónomas por unanimidad avalaran el reparto de los fondos. Es decir, las autonomías del PP han aceptado participar en la distribución del dinero, pero rechazan parte de las condiciones fijadas por el Gobierno para recibirlo. Sin embargo, ninguna de ellas ha renunciado a los recursos asignados.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 prevé movilizar 7.000 millones de euros. De esa cantidad, 4.200 millones corresponden a aportación estatal y 2.800 millones a cofinanciación autonómica. El objetivo del ministerio liderado por Isabel Rodríguez es utilizar esos recursos para ampliar el parque público y asequible de vivienda. Para ello, plantea que las viviendas promovidas, adquiridas o rehabilitadas con ayudas del plan no puedan descalificarse en el futuro y pasar al mercado libre.
Ese blindaje permanente de la vivienda protegida es el origen del nuevo choque entre el Ejecutivo central y varias comunidades del PP. El Gobierno defiende que, si el Estado aporta fondos, puede establecer condiciones sobre el destino de ese dinero. Las autonomías recurrentes sostienen, en cambio, que el Ministerio está utilizando el plan para imponer por vía presupuestaria una regulación que afecta a sus competencias en materia de vivienda, que creen que está invadiendo.
La ley de vivienda, la primera contienda
El antecedente directo del conflicto que se ha desatado esta semana tuvo su origen en la ley estatal por el derecho a la vivienda, aprobada en mayo de 2023. La norma incluyó una regulación de la vivienda protegida en su artículo 16. Ese precepto establecía, entre otras cuestiones, que la vivienda protegida tuviera carácter permanente, salvo excepciones justificadas. La finalidad era evitar que viviendas construidas con suelo público, ayudas o financiación pública salieran del régimen protegido una vez transcurridos determinados plazos y pudieran venderse a precio de mercado.
El Tribunal Constitucional anuló ese artículo en 2024 al resolver un recurso presentado por la Junta de Andalucía. Realmente, el tribunal no declaró inconstitucional la protección permanente de la vivienda protegida como concepto. Lo que rechazó fue que el Estado pudiera fijar un régimen tan detallado y uniforme en una materia atribuida a las comunidades autónomas. De hecho, algunas comunidades como Cataluña o País Vasco ya lo plantean en sus regulaciones autonómicas.
Revancha en el Plan Estatal de Vivienda
Esta estocada a los planes del Ministerio de Vivienda obligó a Isabel Rodríguez y a su equipo a repensar cómo garantizar el blindaje. La fórmula que se abrió entonces fue la de condicionar los fondos estatales a este asunto. Aunque no solo para esto. Por ejemplo, ante la negativa de las comunidades del PP de aplicar las zonas tensionadas de la ley de vivienda que permite 'topar' el precio del alquiler, la ministra de Vivienda verbalizó en varias ocasiones que aquellas regiones que lo hicieran saldrían mejor paradas en los repartos de dinero.
¿Y ahora qué?
¿Qué pasará ahora con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030? En principio, el plan seguirá adelante salvo que los tribunales acuerden medidas cautelares o suspendan alguno de sus efectos, algo que no se espera, según fuentes consultadas. Sin embargo, conviene mencionar que ejecución del plan se articulará mediante convenios entre el Estado y las comunidades autónomas, que el secretario de Estado, David Lucas, pretendía tener firmados antes de verano, según anunció hace unas semanas.
Esta es la siguiente contienda porque cada comunidad deberá reunirse con el Gobierno para detallarle punto por punto en que se va a gastar los fondos que tiene asignados. Mientras tanto, no se prevé tampoco que el Supremo se pronuncie en menos de un año o año y medio. Sin ir más lejos, el recurso contra el Registro Único de pisos turísticos, que acabó decayendo por invasión de competencias, tardó más de doce meses en salir. El Ministerio de Vivienda cuenta con antecedentes a favor. El Constitucional ya atribuyó al Estado la competencia sobre la coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Lo que parece seguro es que, en el escenario de que los recursos prosperan, el Ministerio podría verse obligado a modificar las condiciones relativas a la protección permanente de las viviendas financiadas, lo que supondría un auténtico varapalo. Pero, si los tribunales avalan la posición del Gobierno, el plan se convertiría en un golpe encima de la mesa. La decisión judicial marcará un antes y un después sobre la capacidad del Estado para legislar y condicionar sus políticas de vivienda mediante financiación finalista en una competencia que la Carta Magna fija como autonómica.
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