Muertes de pandemia | El juez expone las declaraciones de las antiguas posiciones altas de Ayuso por las muertes en residencias por un problema de acceso a las acciones sobre las acciones
La jueza María Isabel Durántez ha suspendido declaraciones de los tres ex altos cargos de la Comunidad de Madrid citados este lunes en calidad de imputados por su responsabilidad en la elaboración y aplicación de los protocolos de actuación en las residencias de ancianos durante la pandemia, los denominados protocolos de la vergüenza. La reapertura del procedimiento ha sido posible tras denunciar las plataformas de afectados un delito de omisión de socorro y discriminación a los ancianos, lo que ha permitido abrir una nueva puerta procesal tras rechazarse durante años otras querellas por homicidio y otros delitos.
Las defensas alegan que no han tenido acceso previo a todas las actuaciones, por lo que este problema formal deberá solventarse y próximamente se volverá a citar al exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, Carlos Mur, y a su sucesor en el cargo Javier Martínez Peromingo. También ha sido imputado el exasesor sanitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Antonio Burgueño.
Desde las 11 de la mañana, decenas de familiares de víctimas les esperaban a las puertas de los juzgados, portando pancartas alusivas al número 7.291, que es el de casos de muertes estimadas en los centros. Mur y Martínez Peromingo lograron eludir a los concentrados al entrar por otras puertas, pero Berrugeño tuvo que escuchar que le llamaran "sinvergüenza" cuando accedió a la puerta principal, donde manifestó: "Los familiares y las víctimas estamos en el mismo lado".
La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid, María Isabel Durántez, les imputó al estimar una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. En la causa acaba de personarse el PSOE, aunque depende de la jueza que el partido sea aceptado como acusación popular.
Mur fue director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del covid-19, conocidos como los protocolos de la vergüenza; mientras que Martínez Peromingo era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado. Burgueño, por su parte, fue el autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional que, según las familias que impulsaron una denuncia colectiva, "incluía supuestamente una medicalización de las residencias que nunca se llevó a cabo".
Al término de la comparecencia, a la que también había acudido, aunque en calidad de testigo, un técnico de ambulancias, los abogados que representan a las asociaciones que se han querellado, Eduardo Ranz, Alejandra Jacinto y Carlos Castillo han denunciado la maniobra dilatoria de las defensas y han anunciado que la jueza ha aceptado que, una vez cite de nuevo a los imputados, Mur podrá comparecer por videoconferencia desde su residencia en Andorra, aunque el resto deberán acudir presencialmente.
La denuncia de origen
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria por razones de discapacidad, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
Prescripción paralizada
Según Jacinto, sería lógico que la investigación terminara centrándose en "una cadena de mando" que al final terminase en señalar la responsabilidad de esos protocolos de la vergüenza que es lo que en último término se está sometiendo al criterio de la justicia. Ha añadido que, mediante la admisión de este procedimiento se ha logrado paralizar la prescripción de los hechos a la que, inicialmente, se había avocado a las denuncias de los familiares. El plazo de caducidad de los delitos denunciados es de cinco años.
Durante los últimos meses, varios familiares de fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid en la primera ola de Covid-19 han acudido a declarar ante la Fiscalía para relatar lo ocurrido. El Ministerio Público repartió la denuncia colectiva efectuada en octubre entre la Fiscalía Provincial de Madrid, a la que correspondieron los casos de 53 denunciantes, y las del Área de Móstoles (28), de Getafe-Leganés (15) y de Alcalá de Henares (13).
De los 53 denunciantes que correspondieron a la Fiscalía Provincial, 44 tenían una querella previa ya archivada, presentada en su día por los delitos de homicidio u omisión del deber de socorro, y otros cuatro tenían una querella por los mismos delitos que todavía estaba en fase de instrucción. Los otros cinco denunciantes no habían iniciado antes ninguna actuación judicial y la Fiscalía Provincial presentó denuncia ante el Decanato de los Juzgados correspondientes, según han informado las asociaciones.
En total, según las familias, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron la comisión de este delito de comisión de socorro. Algunos están aún pendientes de que los Juzgados decidan sobre su admisión, mientras que hay cinco causas que ya han llegado a la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por los denunciantes o querellantes después de que los Juzgados de Instrucción rechazasen investigar los hechos denunciados.
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