Madrid ofrece sanciones de hasta 100,000 euros para manifestaciones no autorizadas en su futura Ley Universitaria
El gobierno de la Comunidad de Madrid prevé sancionar con hasta 100.000 euros la celebración de escraches y manifestaciones no autorizadas en los campus universitarios. Las infracciones pueden tener la consideración de "muy graves" y acarrear sanciones mayores, de hasta un millón de euros cuando se trate de no garantizar "por acción u omisión" las libertades de expresión y de cátedra. Así se desprende de un borrador de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) adelantado esta mañana por El País y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
El consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana, ha rehusado valorar el alcance de las sanciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Nosotros somos una administración seria y como tal consideraremos oficial el texto del borrador una vez se haga público en el trámite de información pública", ha señalado. "Mientras tanto, creo que no tiene sentido hacer ninguna valoración al respecto porque estamos en un momento de trabajo muy intenso".
Viciana, no obstante, sí ha justificado la adopción de un régimen sancionador. "Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de garantizar que se cumplan los derechos fundamentales y la libertad en los campus universitarios, y como responsables en ese sentido, vamos a regular", ha asegurado. La propia ley de convivencia universitaria de 2022, de ámbito estatal, ha añadido, prevé que las comunidades legislen en este sentido.
El texto hoy conocido considera entre las infracciones de carácter muy grave no cumplir "o permitir que se incumpla" la Constitución, o "no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra". Asimismo, tienen esta consideración el impedir o dificultar la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los recintos universitarios, ejercer o amparar "cualquier forma de censura, discriminación o persecución por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, religión, edad, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", impedir o dificultar los procesos electorales y "permitir la celebración de referéndum ilegales".
Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la imposición de sanciones, de entre 100.000 y 1.000.000 euros, ante infracciones muy graves.
Por otra parte, se consideran graves, con sanciones de entre 15.000 y 100.000 euros que corresponde imponer al consejero de Educación, impedir la labor de los medios de comunicación en los campus, "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus" o "permitir que las manifestaciones o acciones no autorizadas o comunicadas impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones o actividades que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus", así como el "vandalismo" contra las instalaciones y edificios de la universidad y "la omisión del deber de prevenir su comisión y reparar sus consecuencias".
En ese sentido el borrador contempla como falta leve, entre otras, la colocación de pancartas no autorizadas o arrancar las que sí hayan sido autorizadas, una infracción para la que prevé desde el apercibimiento por escrito a multas de entre 300 y 15.000 euros.
"Deriva trumpista"
El texto ha sido abiertamente criticado por la izquierda madrileña, que ve en ello una deriva "trumpista". La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se ha manifestado en ese sentido y ha afirmado que el borrador responde a "la guerra" de Ayuso contra la universidad, contra el pensamiento crítico y contra la libertad de la expresión, mientras que desde el PSOE madrileño se insiste en vincularlo con lo que está ocurriendo con las universidades en EEUU y se reclama que cualquier incorporación al régimen sancionador garantice "los derechos de asociación, huelga y libertad de expresión".
Sindicatos como CCOO también han manifestado su oposición al borrador en la redacción que hoy se ha conocido en lo que tildan una maniobra de "hostigamiento" a las universidades públicas. "La Ley pretende esconder, bajo el paraguas de la libertad de expresión, multas que podrían llegar hasta el millón de euros para sancionar protestas contra actos fascistas en el campus universitario o contra la propia presidenta de la Comunidad de Madrid", afirman en un comunicado.
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