Madrid acoge a los primeros 13 niños inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta
En medio de unos de los enfrentamientos más enconados entre el Ejecutivo y las comunidades gobernadas por el PP, con la de Madrid a la cabeza, el Gobierno aprobó a finales del pasado mes de agosto el último de los decretos para terminar de regular el traslado de menores migrantes no acompañados desde comunidades en lo que se conoce como situación de contingencia migratoria extraordinaria hacia el resto de territorios. En función de esa arquitectura se decidió la salida de casi 4.000 adolescentes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades, hasta 647 de ellos a Madrid.
Los traslados ya han comenzado. En concreto a la Comunidad de Madrid empezaron la semana pasada. Un total de 13 de estas personas, procedentes de Canarias y de Ceuta, ya están siendo acogidos en la red madrileña de centros de menores, según informa la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Algunos se encuentran en el centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, que se señaló inicialmente como destino, pero otros están repartidos por diferentes centros, porque hay diferentes circunstancias y no todos son varones.
Hasta el momento, confirman las mismas fuentes, el Gobierno ha remitido 124 expedientes de inicio de traslado hacia Madrid y ya ha habido 25 resoluciones. Todos los 124 expedientes, aseguran desde el Ejecutivo regional, han sido alegados por los servicios jurídicos autonómicos. “Consideramos que se impone un reparto forzoso, que no ha tenido en cuenta las circunstancias de las comunidades autónomas, que tenemos ya los centros sobresaturados y colapsados, y que no ha tenido en cuenta en muchos casos ni siquiera las circunstancias del menor”, señala la consejera Ana Dávila.
En casi un 25% de esos expedientes asegura el Gobierno regional haber detectado situaciones que, entienden, invalidan el traslado como que el menor en cuestión ya ha alcanzado la mayoría de edad o que tiene algún elemento de arraigo en el territorio de origen como tener un trabajo o algún vínculo familiar. En un caso incluso se ha recibido un expediente de un menor que se pretendía trasladar a otra comunidad autónoma.
Se alega también, y de manera principal, el hecho de que, a juicio del Ejecutivo madrileño, el propio sistema de reparto está “a expensas de la decisión de los tribunales”. Hasta 12 comunidades autónomas, las 11 gobernadas por el PP, Madrid entre ellas, y Castilla-La Mancha, han recurrido ante el Tribunal Constitucional el real decreto que modifica la Ley de Extranjería para autorizar los traslados de menores. Madrid ha recurrido, además, ante el Tribunal Supremo otros dos decretos que regulan ese reparto.
Desde que se articuló viene siendo motivo de choque constante. El sistema permite que cuando una comunidad o ciudad autónoma entre en situación de “contingencia migratoria extraordinaria” se pueda proceder al reparto de menores extranjeros no acompañados entre el resto de territorios. Una comunidad puede solicitar la declaración de contingencia migratoria extraordinaria cuando su sistema de protección y tutela de menores exceda en ocupación tres veces lo que se determina se entiende como su capacidad ordinaria.
Ese reparto se establece en función de cuestiones como la población de cada comunidad autónoma, su renta per cápita o su tasa de paro, pero también el dimensionamiento estructural del sistema de plazas de su red de atención a menores tutelados o el esfuerzo de acogida ya realizado. Y de ahí es de donde nace la discordia. Dichos criterios fueron pactados con Junts para garantizar su convalidación en el Congreso de los Diputados, circunstancia que aprovecha el Gobierno madrileño para afirmar su arbitrariedad. No responden, se mantiene, a argumentos técnicos, sino a "satisfacer a los partidos nacionalistas cuyos votos necesita el Gobierno".
En aplicación de esos criterios, de los 3.975 menores que se han de distribuir por el resto del país desde Canarias, Ceuta y Melilla, Madrid es, con 647, la segunda región que más está obligada a acoger. Solo la supera Andalucía, con 677, y se encuentra justo por delante de la Comunidad Valenciana, con 571. Las tres están gobernadas por el PP.
Desde Madrid se aduce, además, que su red de acogida ya está “sobresaturada”. En lo que va de año, apunta el Gobierno regional, se ha atendido a más de 1.500 menores extranjeros no acompañados y se va camino de alcanzar los 2.442 del año pasado. En este momento, se insiste, la red de acogida de menores está en un 130% de sobreocupación y ha llegado a haber picos en el pasado de 150% una situación, se asegura, que “ha puesto en riesgo el propio sistema de protección”.
En la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales apuntan que los menores migrantes no acompañados que llegan muestran cada vez perfiles más complejos, desde graves consumos de drogas hasta problemas psicológicos o emocionales por la propia separación de la familia. “Muchos, si no la inmensa mayoría, vienen engañados por las mafias, que les han dibujado una situación que no es la realidad, y que genera muchas frustraciones”, insisten.
Ante esa incapacidad para la integración, y alegando que se antepone el interés superior del menor en la convicción de que se beneficiará de estar en su entorno familiar o su entorno de protección, la Comunidad de Madrid ha solicitado desde el pasado mes de marzo la repatriación de un total de 56 menores a la Delegación del Gobierno, el órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento. Se trata, indican, de menores conflictivos, en principio no infractores, pues en tal caso corresponde intervenir a un juez. De momento, la Delegación del Gobierno en Madrid no ha incoado ningún expediente, afirma la consejería.
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