La construcción de viviendas y el proceso de legalización de inmigrantes reavivan el conflicto directo entre Ayuso y el Gobierno
"Ayuso cree que daña al Gobierno cuando no aplica la Ley de Vivienda, pero daña a un millón y medio de personas que viven de alquiler en Madrid y que podría ver sus alquileres congelados y evitar subidas abusivas". La alusión directa de la ministra Isabel Rodríguez a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros avivaba esta semana el choque directo entre el Ejecutivo y la Comunidad de Madrid, un enfrentamiento de ida y vuelta y cada vez más indisimulado.
La vivienda ha sido esta semana uno de los frentes en que se ha materializado. El mismo martes en que Rodríguez daba cuenta de los detalles del Plan Estatal de Vivienda, el consejero madrileño del ramo, Jorge Rodrigo, publicaba un vídeo en que lo criticaba abiertamente. Entre sus argumentos, que está hecho "a espaldas de las comunidades autónomas", que llega "tarde" y que impone condiciones "al servicio de una agenda ideológica". "O haces lo que el Gobierno quiere o no hay dinero", apuntaba.
Desde el punto de vista de la financiación, añadía Rodrigo, resulta "directamente inviable" al obligar a las comunidades autónomas a "multiplicar por seis su esfuerzo". La iniciativa, que pasará por la Conferencia Sectorial de Vivienda este mes de mayo, pretende movilizar hasta 7.000 millones de euros de inversión hasta 2030 en construcción de nueva vivienda protegida, ayudas al alquiler, rehabilitación y otras medidas. De ellos, el Estado aporta un 60% y las comunidades un 40%. En el caso de Madrid se trataría de un total de 1.113 millones de euros. Es decir, el Estado inyectaría en la región 668 millones de euros y la Comunidad tendría que aportar unos 445 millones de euros.
Un día después de las críticas, el consejero madrileño matizaba, no obstante, que en ningún momento había dicho que la Comunidad de Madrid no fuese a adherirse al Plan Estatal de Vivienda. Pero insistía en reproches a la política del Gobierno en la materia. "El Ministerio de Vivienda no ha puesto un solo ladrillo en la Comunidad de Madrid en los últimos ocho años", aseguraba.
El asunto volvía a emerger el jueves en la Asamblea de Madrid a cuenta del decreto para congelar dos años los precios de los alquileres en el contexto de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán. Cuando la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, llamaba a "freír a impuestos" y "expropiar" a los propietarios de 10 casas, Ayuso contestaba que en una democracia liberal "cada uno tiene las propiedades que se ha ganado y cada uno tiene derecho a poner su vivienda al precio que le convenga". Palabras que sirvieron para que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, entrara de lleno. "Sería demasiado obvio, demasiado fácil, preguntar a la señora Ayuso qué ha hecho para ganarse el ático en el que vive", señalaba este viernes.
"Nosotros hemos explicado muchas veces nuestra posición respecto a la Ley de Vivienda: es intervencionista, no soluciona los problemas de acceso a la vivienda sino todo lo contrario, los intensifica puesto que genera inseguridad jurídica, comprime la oferta y provoca que aumenten los precios", trasladan fuentes del Ejecutivo regional. "No protege la propiedad privada ni da seguridad jurídica. Nosotros apostamos por una política de vivienda totalmente opuesta".
En cuanto a las alusiones directas a Ayuso se limitan a señalar que el Gobierno ataca "constantemente" a la Comunidad de Madrid "desde sus 22 ministerios".
Son corrientes que en cualquier caso fluyen en las dos direcciones. Rara vez comienza cada miércoles Miguel Ángel García Martín, portavoz regional, la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno autonómico sin alguna censura al Ejecutivo de la nación o a su presidente.
Con la vivienda, el otro asunto de confrontación directa esta semana ha sido el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros recién aprobado por el Gobierno y recurrido ante el Tribunal Supremo por la Comunidad de Madrid. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz acusaba a las administraciones madrileñas, y mencionaba también al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de "boicot" al proceso.
Ayuso viene manteniendo una postura abiertamente enfrentada al procedimiento desde que se anunció, ya hace meses. El jueves, en la Asamblea de Madrid, volvió a arremeter contra él. "Una chapuza improvisada", dijo, que está "multiplicando las mafias". Entre Vox esgrimiendo la "prioridad nacional" y la izquierda tachándola de "racista" por su oposición al proceso de regularización, la presidenta madrileña busca la manera de hacer encajar sus guiños a la Hispanidad con proyectar la imagen de un caos migratorio alentado por Sánchez.
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