FINANCIACIÓN DE AUTOMÓVILES | Madrid no asistirá este viernes a la reunión del Consejo de Política Financiera y Fiscal para debatir el sistema de financiación autonómico
Plantón de la Comunidad de Madrid al Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para este viernes 4 de septiembre en el que se iba a abordar la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica remitida por Hacienda a las comunidades el pasado mes de julio. Fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han trasladado a primera hora de esta tarde su negativa a acudir a la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas en la que se pretende aprobar el nuevo modelo, un sistema, aducen desde Sol "pactado de manera bilateral y de espaldas al resto de comunidades autónomas" entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña.
"Se trata de un sistema de financiación que rompe con la igualdad de todos los españoles y que persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas y que ha seguido e intensificado el presidente socialista actual, Salvador Illa", trasladan esas mismas fuentes.
Desde Sol se asegura que la decisión de que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo madrileña, Rocío Albert, no se presente mañana en la reunión del Consejo de Política Fiscal se ha transmitido previamente en las reuniones que se han mantenido con la dirección nacional del PP y el resto de consejeros del ramo de las autonomías gobernadas por los populares.
El argumento que se esgrime es que si todas las comunidades del PP se ausentan, la reunión no tendría quorum. De celebrarse la reunión basta con el voto favorable del Gobierno y de una de las comunidades, previsiblemente el de Cataluña, para que la propuesta salga adelante. "La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es que no haya quorum en la reunión. La ausencia de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP supondría la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles y del blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas", señalan desde el Ejecutivo madrileño.
El Gobierno madrileño asegura haber puesto en conocimiento de Génova y del resto de comunidades populares su posición, que materializa el largo desencuentro en torno al sistema de financiación mantenido con el Ejecutivo, un enfrentamiento que tiene tanto o más de político que de económico. Desde el Ministerio de Hacienda se argumenta que el nuevo diseño permite a las comunidades del régimen común, todas menos País Vasco y Navarra, acceder a cerca de 21.000 millones de euros adicionales. Para Madrid, en concreto, el nuevo reparto supondría más de 2.500 millones de euros más, cifra que llegaría a los 4.800 millones de euros adicionales en el caso de Andalucía y casi 4.700 millones de euros más respecto al actual modelo para Cataluña.
El Gobierno madrileño, no obstante, ha hecho de ello frente de confrontación sobre la idea de que los principios de la reforma se hubieran acordado previamente con ERC. Tanto Ayuso como la consejera Albert se han referido en ocasiones al nuevo modelo sistema de financiación como "tomadura de pelo", "trampa" o sistema pergeñado "para comprar voluntades".
"Un llamamiento al boicot irresponsable"
La iniciativa del Gobierno de Ayuso de no estar presente en la reunión de mañana es vista en el Ministerio de Hacienda como un "llamamiento al boicot", actitud que juzgan "irresponsable". Fuentes del departamento que encabeza Arcadi España aseguran que todas las comunidades de régimen común ya habían confirmado su asistencia y que la reunión preparatoria de esta mañana en Madrid ha transcurrido en un clima de normalidad y sin que ninguna comunidad trasladara su intención de no acudir.
"El gamberrismo institucional no impedirá que el Gobierno siga con la mano tendida a todos los territorios y grupos parlamentarios para sacar adelante una reforma de la financiación autonómica imprescindible para garantizar mayores recursos para sanidad, educación, servicios sociales o vivienda", añaden.
Independientemente de lo que ocurra este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y aunque en su seno se le diera luz verde, el nuevo sistema de financiación autonómica, que viene a sustituir un modelo caducado desde 2014, y cuya renovación en uno u otro sentido reclaman todas las autonomías, no entraría en vigor inmediatamente. Antes tendría que ser aprobado por mayoría absoluta, con el voto favorable de 176 parlamentarios, en el Congreso de los Diputados, una circunstancia que desde Madrid se ve improbable.
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