FINANCIACIÓN AUTÓNOMA | Rocío Albert, ministra de Economía de Madrid: “Pedimos casi 5.000 millones para el Fondo de Competitividad para los últimos cinco años”
La Comunidad de Madrid acaba de aprobar sus presupuestos, por primera vez en mucho tiempo, sin incluir una reducción de impuestos, aunque en paralelo se estén aprobando otros incentivos fiscales en la Asamblea de Madrid. Rocío Albert, consejera de Economía y Hacienda del Gobierno madrileño, es rotunda cuando responde con un escueto "sí" a si veremos nuevas bajadas de impuestos esta legislatura por parte del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Precisamente esa es una de las mayores críticas que le hace la oposición y que el PSOE cree que debe tenerse en cuenta cuando se negocie el nuevo modelo de financiación autonómica, donde quieren incorporar la corresponsabilidad fiscal con el foco puesto, sobre todo, en Madrid.
¿Madrid está justamente financiada?
Madrid y todas las comunidades autónomas tenemos cada vez más obligaciones como consecuencia de las nuevas leyes que salen desde el Gobierno central, que imponen nuevas obligaciones y la lealtad institucional que siempre había existido, es decir, que siempre te daban los recursos para financiar las necesidades que generaban esas regulaciones, en los últimos años no se ha visto reflejada. Por ejemplo, en el Real Decreto de gran dependencia las nuevas intensidades venían acompañadas teóricamente con la financiación correspondiente, lo cual suponía que el Estado ponía el 50% y las comunidades autónomas el otro 50%. ¿Qué ha ocurrido en realidad? Que se nos ha dado el 30% y eso va generando que no tengamos las comunidades recursos suficientes para hacer frente a todo lo que son nuestras competencias.
El dumping es una competencia prohibida, nosotros bajamos impuestos de acuerdo con la ley, si no nos llevarían a los tribunales
Si hablamos concretamente de financiación autonómica, el problema es que tenemos un sistema muy imbricado, muy complicado porque se han ido poniendo capas. La primera capa, el fondo para la garantía de servicios públicos esenciales, tenía sentido porque la idea era que las comunidades que fueran tuvieran unos mayores ingresos ayudaran a financiar a todas las comunidades autónomas y aportaban igual Madrid, Cataluña y Baleares, pero las posiciones no cambiaban tanto. Pero se empezaron a hacer ajustes, a poner distintos fondos y se empezó a emburruñar la cosa. Hay cuatro fondos, y ahora sí, entre la comunidad mejor financiada y peor financiada hay más de 30 puntos. Esto nos coloca en una situación muy complicada, y nosotros que aportamos el 76,9% pasamos a ocupar, depende qué criterio utilicemos, la posición número ocho o nueve.
¿Está diciendo que sí está injustamente financiada porque pasa a una posición inferior a la que le corresponde?
No, lo que yo creo es que el sistema es poco transparente. El último fondo que se estableció, el de competitividad, era precisamente para aquellas comunidades autónomas que se habían desviado mucho del lugar que deberían ocupar con todo lo que aportaban. Era para compensarlos. ¿A quién le correspondía este fondo? A Cataluña y a la Comunidad de Madrid. ¿Qué acabó ocurriendo? Que a Cataluña se le terminó dando por este fondo unos mil y pico millones y a Madrid, que le hubieran correspondido casi mil, por una enmienda de ERC en el último momento se determinó el criterio para que no se introdujese. Esos mil millones claro que nos perjudican. A lo largo de los años, desde el 2019 al 2024, imagínate los fondos que son y todo lo que podríamos haber hecho de sanidad, servicios sociales, educación...
Por ir a cosas concretas, ha mencionado la ley de dependencia que en realidad no está incluida dentro del sistema actual..
Por eso he dicho que por un lado es cómo se encuentra Madrid y todas las comunidades autónomas como consecuencia de las obligaciones de las nuevas normativas y, por otro lado, esto sería más una propuesta para el nuevo sistema de financiación autonómica. Lo primero que pedimos prácticamente todas las comunidades autónomas, salvo las que negocian bilateralmente como Cataluña, es que tengamos un sistema que permita financiar los servicios públicos a los que estamos obligados a financiar las comunidades autónomas y tengamos financiación suficiente.
¿Pero además de la dependencia, hay algún otro servicio público concreto que ustedes consideran que no está recibiendo la financiación adecuada por parte del Estado?
Por ejemplo, en temas de educación, con la Lomce, la Losu, la ley universitaria, se establecieron una serie de obligaciones muy importantes a las comunidades autónomas y, sin embargo, no se dieron los recursos para ello, es una asignatura pendiente.
En Madrid también se quejan de que en las especialidades de la sanidad pública madrileña se atiende a gente de otras regiones que no está empadronada aquí, y que por tanto no se les tiene en cuenta a la hora de dotar a la Comunidad de la financiación necesaria para atenderles. ¿Esto debería incorporarse al sistema?
Eso no es estrictamente financiación autonómica, eso es un sistema de compensaciones. El acuerdo entre comunidades autónomas establece que cuando se trata de atención primaria, si nos vamos de vacaciones y pasamos nuestra tarjeta y nos dan alguna medicación que tiene algún tipo de descuento, eso luego las distintas comunidades autónomas nos lo solicitan. Sin embargo, las personas que vienen porque tenemos todas las especialidades, operamos de todos los tipos de cánceres, un montón de cuestiones especializadas que no hacen otras comunidades autónomas y que nos derivan, eso no está contemplado en ese acuerdo y no podemos pedir esa compensación. Es una cosa que se debe reformar, porque es muchísimo más el dinero que aportamos por la atención especializada que el dinero que sí compensamos por una atención primaria.
Hay diferentes criterios que se aplican ahora mismo en la financiación autonómica. ¿Cuál es la apuesta concreta de Madrid para ese sistema?
Bueno, nosotros empezamos por la forma, que no es poco importante. Lo primero que tenemos que hacer es ver dónde se tiene que hacer ese debate y es el Consejo General de Política Financiera. Dicen que es muy difícil ponerse de acuerdo. Bueno, usted hágame una propuesta, que es lo que le corresponde como competente, y le aseguro que las comunidades autónomas nos vamos a poner de acuerdo. Porque en realidad todos queremos lo mismo: un sistema transparente, que no haya privilegios, que tengamos los recursos suficientes para financiar nuestras competencias derivadas de muchas regulaciones que establece el Gobierno central. Teniendo muy claro que aquellos que más reciben también tienen que aportar más, porque si no se rompería el sistema. Nosotros tenemos clarísimo que nos corresponde aportar más que el resto. Ya lo de la cuantía, el porcentaje… pues cada vez es más grande, no sé si al final solo vamos a aportar nosotros si sale de la ecuación Cataluña. Pero no puede ser que lo aporte todo Madrid.
Las variables para determinar la población ajustada se han quedado antiguas, nuestra población está envejeciendo
Con lo cual, ¿no les parece excesivo ese 70% o 76% con el que contribuye Madrid?
Es muy difícil decir si nos parece excesivo. En la propuesta tendremos que ver quiénes son los aportantes, qué servicios hay que financiar y en función de eso establecer los porcentajes. Es una pregunta yo diría tramposa, no te voy a decir que me parece fenomenal 76...
¿En lugar de excesivo, justo?
Lo que me parece justo es que los que más tenemos aportemos más porque de eso se trata, de eso va la solidaridad entre comunidades autónomas. Pero desde luego, dicho eso, lo que no puede ser es que como consecuencia de que aportemos más, nuestros ciudadanos puedan llegar a recibir unos servicios públicos en peores condiciones que el resto de otras comunidades autónomas.
Otras comunidades han puesto cifras a lo que creen que les debe el Estado por la infrafinanciación autonómica de estos años. ¿Madrid tiene cifras?
No, Madrid no tiene cifras, tiene las cifras fundamentales que te cuento de las dos grandes reivindicaciones. El fondo de competitividad, que son 990 millones al año que hay que multiplicar por cinco años, casi cinco mil millones. Más luego, que las variables para determinar la población ajustada se han quedado antiguas y no han tenido en cuenta que nuestra población también se está haciendo mayor, es más longeva, etc, etc. Esas son nuestras principales reivindicaciones.
La ministra de Economía y Hacienda, Rocío Albert. / EPE
No hay una propuesta del Gobierno sobre la mesa, pero sí que sabemos ya lo que el PSOE propone en la ponencia de su congreso federal. Entre otras cosas habla de la solidaridad entre territorios...
Perdona que te interrumpa. ¿Cómo puede hablar de solidaridad entre territorios y luego estar pactando un cupo? Porque al final lo que hay entre ERC y PSC, avalado por el PSOE, es un cupo catalán, en el que no solo va a recibir el IRPF, o sea, no solo va a gestionar la parte autonómica como tenemos el resto de las comunidades, sino que va a dejar de aportar. Luego veremos ese cupo de solidaridad en qué se manifiesta, pero que es una cantidad que nadie sabe, y sobre todo, que la parte estatal la va a dejar de recibir el Estado y lo va a pasar no solo gestionar, sino a disfrutar, directamente los catalanes. Esta solidaridad son buenas palabras y ni una mala palabra ni una buena acción.
Pero en ese acuerdo no se especifica ningún cupo, ni se dice nada concreto sobre eso.
Pero es que el cupo es una forma de llamar al cupo vasco y por asimilación se ha llamado a todo lo demás. Cada uno recibe un nombre, en Navarra es concierto y aquí le han puesto una palabra mucho más especial que es 'financiación singular'. ¿Quiénes no somos singulares? Si todas las personas somos diferentes, cómo no lo van a ser las comunidades autónomas. Puede no poner la palabra, pero cuando lo lees, es lo que hay y se va incluso más allá del cupo vasco.
¿Por qué lo dice?
Porque, por ejemplo, en todos los temas de impuestos concretos a las importaciones, al menos eso lo gestiona en el País Vasco la agencia tributaria estatal, cosa que no ocurre en ese acuerdo, sino que lo gestionaría la Agencia Tributaria Catalana si se creara.
Ningún español en el sistema de financiación autonómico se ve perjudicado por nuestras bajadas fiscales
Volviendo a lo de la solidaridad entre territorios, el PSOE apuesta por la corresponsabilidad fiscal y evitar el dumping fiscal. ¿Cómo le suena?
A que no entienden. Una cosa es la financiación autonómica y otra es la financiación de cada comunidad autónoma. La financiación autonómica, lo que nosotros aportamos al sistema, es con base en nuestra capacidad normativa, lo que nos corresponde antes de hacer ninguna bajada de impuestos. Es decir, ningún español en el sistema de financiación autonómico se ve perjudicado por nuestras bajadas fiscales, porque reciben el total, toda la cantidad. Los únicos que experimentan esa deducción o bonificación son los madrileños, que al final tienen que pagar menos. Mezclan financiación autonómica con financiación fiscal, y nosotros en financiación autonómica siempre pagamos de acuerdo con nuestra capacidad normativa, antes de deducciones.
Y luego, el dumping fiscal es una competencia que está absolutamente prohibida. Porque en el ámbito de competencia es vender por debajo de los costes. Pero nosotros bajamos los impuestos de acuerdo con lo que la ley permite, porque si no nos llevarían a los tribunales. Y todas las comunidades autónomas pueden hacerlo, con lo cual, no hay dumping fiscal, esto es una palabra que se han inventado. Estamos haciendo uso de nuestra autonomía fiscal. O sea, que de corresponsabilidad fiscal, si quieren decir que con eso nos quieren armonizar, hay un problema importante porque, por un lado, está la independencia absoluta de Cataluña y que Cataluña es la que va a gestionar sus impuestos, recaudarlos y luego ya verás si aporta una cuota de un cupo como hacen los vascos. Y, sin embargo, al mismo tiempo tienen la contradicción tan grande de que al resto nos quieren armonizar y quieren romper con nuestra autonomía fiscal.
El PSOE de Madrid apoya que la aportación a la caja común la hagan los territorios si es en función de su capacidad autonómica. ¿Cómo lo ve?
Eso ya se hace. La Comunidad de Madrid ya aporta de acuerdo con su capacidad económica. Nosotros aportamos el 19,4% del PIB y en el Fondo de Suficiencia de Servicios Públicos Esenciales, el 76,9%. Ya lo hacemos y con mucha diferencia, porque Cataluña tiene un 19% de PIB y, sin embargo, aporta el 23,3%.
Critican el "populismo fiscal" en referencia a quienes bajan los impuestos a las élites empresariales mientras piden fondos al Estado. ¿Se dan por aludidos?
Es que no lo entienden. Nosotros aportamos al sistema de acuerdo con lo que se establece inicialmente, antes de cualquier desgravación. Cuando pedimos al Estado, como ellos dicen, no estamos pidiendo al Estado, estamos diciendo que con los impuestos que pagan los madrileños, que van al Estado y que luego deberían volver a cada uno de los territorios, tengamos recursos suficientes para hacer frente a todas las competencias que nos han otorgado. Utilizan un mantra que suena muy bien. Nuestras bajadas fiscales no se hacen a los ricos. La clase media es la que más se beneficia, lo que pasa es que suena mucho mejor decir que estamos bajando los impuestos a los ricos, o a las clases más altas. Afecta un 0,5% mientras que la base más amplia es un 60% de clase media.
Vuelvo al inicio. No conocemos una propuesta del Gobierno para la financiación autonómica, pero tampoco conocemos la propuesta de Madrid.
Es que no nos corresponde a nosotros.
Pero alguna idea tendrán.
Por supuesto, y es algo muy sencillo: un sistema mucho más simple en el que la principal regla sea el Fondo de Financiación de Servicios Públicos, que era el primer fondo que existía, y el Fondo de Garantía, que es un fondo que sirve para que las comunidades que más tienen aporten al resto para que todas las comunidades podamos financiar en igualdad de oportunidades los servicios públicos esenciales y que se nos aplique a todos de común acuerdo las mismas reglas. Necesitamos que en la misma ecuación esté también Cataluña, porque si no está es imposible que haya más recursos para todos y eso significará que las comunidades autónomas que menos tienen se tengan que convertir en aportantes o que los servicios públicos que ellos puedan dar sean peores porque son matemáticas puras.
Transparente, solidario entre todos y teniendo muy claro que las comunidades que más aportan tienen que seguir aportando más, pero sin que se produzcan alteraciones brutales entre lo que se aporta y luego al final lo que nos quedamos. Esa diferencia de 30 posiciones entre la que más aporta y la que más recibe y la que menos recibe es una cuestión que no es sostenible en el tiempo.
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