FINANCIACIÓN AUTÓNOMA | Madrid pide que a la hora de refinanciar se tenga en cuenta el crecimiento demográfico pasado y previsto en la región
La Comunidad de Madrid es el territorio que más aporta al fondo común para financiar los servicios públicos del resto de territorios. Su aportación ronda el 70% del total del dinero que se reparte entre los distintos fondos del sistema de financiación autonómica para reducir las desigualdades entre territorios y garantizar que todos los españoles puedan tener acceso a unos servicios públicos similares. Las otras dos regiones que más aportan son Cataluña y Baleares, pero con porcentajes bastante inferiores. Además, la cifra se incrementa hasta el 76% en el último año liquidado, 2022, según recogen los presupuestos de 2025 recién presentados. Esta condición es lo que provoca que Isabel Díaz Ayuso se lance con determinación en contra del acuerdo alcanzado en Cataluña, por el que su Gobierno sospecha que se le podría exigir a Madrid una mayor aportación detrayendo así recursos para sí misma.
En el caso del Gobierno regional, sus reivindicaciones van parejas a su papel como aportadora neta. La presidenta madrileña está esperando a que llegue la Conferencia de Presidentes para poner cifras a sus reclamaciones. En la Comunidad de Madrid evitan hablar de exigencias concretas, aunque tienen claro que no se les está financiando lo que les corresponde por el fondo de competitividad, algo que la consejera autonómica cifra en cerca de mil millones por año desde 20219. Apuntan también algunas ideas de cómo quieren que se ajuste el sistema de financiación en su próxima renovación para garantizar sus servicios.
El Gobierno regional considera que Madrid no está correctamente financiada porque el sistema no se ajusta a la población real que se atiende en la región ni a sus características. La dispersión no es un problema en este territorio, donde priman una capital que concentra a la mitad de toda la población y varios grandes núcleos donde se agrupa gran parte de los habitantes restantes. Pero hay tres factores clave que consideran que no se tienen en cuenta a la hora de dotar de fondos a la Comunidad o de calcular la aportación que debe hacer al resto.
Por un lado, el incremento de población que ha experimentado la región. Cuando la ley de financiación autonómica se aprobó en diciembre de 2009, en la Comunidad de Madrid vivían 6.354.091 personas, con una densidad poblacional de 791. Ahora, 15 años después, el Instituto Nacional de Estadística (INE) registra 7.058.041, con una densidad de hasta 879 personas por km cuadrado. Tras haber superado por primera vez la barrera de los siete millones, la expectativa ahora es que esa cifra continúe con esa tendencia al alza y la proyección del INE apunta que en 2037, en otros casi 15 años, la región se acerque a los 8 millones.
El incremento de población y su densidad son factores a tener en cuenta porque eso implica la necesidad de incrementar a su vez los servicios públicos. Según explican en el Gobierno regional, esto no se ve reflejado ahora en las transferencias que recibe la Comunidad a través del sistema de financiación autonómica, de forma que el presupuesto con el que cuentan no está ajustado a las necesidades reales.
Pero además, aunque Madrid es una región que acoge a mucha gente joven que viene a buscarse la vida porque se supone que las oportunidades laborales son mayores, como ocurre en todos los grandes núcleos urbanos, se advierte un envejecimiento de la población que también conlleva unas necesidades concretas. En la Comunidad de Madrid cerca del 20% de la población supera los 65 años de edad. Residencias, atención a domicilio, dependencia, sanidad, transporte... la edad influye en la configuración de estos servicios públicos, más aún cuando además se trata de personas solas. Según el Ayuntamiento de Madrid, cerca al 10% de este colectivo ya se ve afectado por la soledad no deseada.
Aparejado al envejecimiento está el sistema de ayudas a la dependencia. Aunque esta es una materia que hasta ahora ha estado desligada del sistema de financiación autonómica, los datos del ejecutivo regional dicen que se ha alcanzado "la cifra récord de 183.000 personas dependientes beneficiarias de servicios y prestaciones, un 37% más que hace tres años". El Estado está obligado por ley a cofinanciar el 50% de las prestaciones de dependencia, y en 2023 su aportación a la Comunidad de Madrid solo llegó al 30%, denuncian en el ejecutivo autonómico, que precisamente en los presupuestos para 2025 ha incrementado la partida destinada a esta materia hasta los 1.888 millones.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. / EP
El tercer aspecto que influye en la financiación de los servicios públicos y que en Madrid consideran que se debería tener en cuenta al hacer números y adaptar el nuevo sistema es que la sanidad madrileña atiende cada año en sus hospitales públicos a mucha gente que viene de otras comunidades autónomas y que no está empadronada en la región. Por tanto, no cuentan para los cálculos de compensación y reclaman que se modifique para que reciban la financiación suficiente para la atención que realmente ofrecen. El ejecutivo autonómico no facilita cifras concretas de este último año, pero señala que son "miles" las personas que cada año pasan por los hospitales de la región sin que quede contabilizado en el sistema. Este es un asunto del que Ayuso tiende a sacar pecho, por un lado, para visibilizar una imagen de región de acogida y por otro porque la calidad de la red de hospitales y las especialidades le sirve para compensar el discurso sobre una atención primaria saturada.
Desde que se puso de nuevo sobre la mesa el debate sobre la financiación autonómica, la presidenta madrileña ha evitado pronunciarse sobre aspectos concretos. No quiere dar la imagen de que reclama nada aunque considera que los cálculos actuales no son justos con la región. Su discurso se centra en exigir al Ejecutivo a que exponga qué modelo quiere para a partir de ahí empezar a trabajar y, sobre todo, su objetivo es cortocircuitar todo sistema que permita sacar a Cataluña del régimen común y que esto pueda repercutir directamente sobre la calidad de los servicios madrileños.
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