EL PROCURADOR GENERAL INVESTIGA | La Corte Suprema pide al Fiscal General declarar el caso bajo investigación
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dado un fuerte impulso este lunes a su investigación contra el el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que ha citado para que declare como imputado el próximo 29 de enero en la causa donde se le investiga por la presunta revelación de secretos Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se investiga la filtración de documentos por los que el empresario pretendía llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar un juicio por fraude a Hacienda. En su auto considera que los indicios apuntalan la participación de García Ortiz en los hechos, pero también las gestiones realizadas desde Moncloa para filtrar el correo en el que se proponía el pacto a un medio digital afín.
El instructor del caso también ha citado para el día 30 a la otra imputada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al tiempo que ha imputado al número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, al que llama para el 5 de febrero, al que sitúa "en el contexto de una operación coordinada, propia de una labor de equipo, como, por lo demás, acabó definiéndolo la propia Pilar [Rodríguez] cuando habló de eso “Equipo Fortuny”", señala la resolución. Las citaciones llegan tras recibir los últimos informes de la Guardia Civil sobre la ausencia de mensajes y el cambio de terminal telefónico en los aparatos incautados a García Ortiz, así como el testimonio de la mano derecha de la El presidente del Madrid, su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez.
En su auto de citación, el magistrado argumenta que considerara que, tras la práctica de diligencias, considera apuntalada la presunta participación de García Ortiz y de Rodríguez, con cuya imputación se dio origen a la instrucción en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en los hechos delictivos objeto de la presente causa tras las diligencias desarrolladas hasta la fecha, y en particular en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de cuya profesionalidad hace una encendida defensa.
En cuanto al nuevo investigado, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Hurtado entiende que de manera coordinada con los otros dos investigados se podría “haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados, y con ello incurrir en la eventual comisión del delito contemplado en el artículo 417" del Código Penal.
El auto realiza un resumen de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, tras el que destaca que, en el caso del fiscal general del Estado, la UCO, en su informe del pasado 21 de noviembre, habla de “la participación preeminente del Fiscal General del Estado en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada”.
“Sin entrar en consideraciones al respecto –añade el instructor--, lo que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud, es que, por ahora, hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos”.
Añade que “el solo trasiego del intercambio de mensajes que se producen el día 13 de marzo de 2024 entre las 21.59 horas, en que Álvaro García Ortiz recibe en su gmail particular el correo en que Pilar Rodríguez Fernández le reenvía el de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto Torres, y los pasos que da antes para lograr hacerse con él, reveladores de momentos de urgencia y gran tensión, que tienen lugar bajo su batuta, y las 23.51, en que se publica en la web de la cadena SER ese correo de 2 de febrero de 2024, o su intervención en la elaboración de la nota de prensa, que se publica como nota informativa, en la mañana del día 14, es lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse”.
“La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo de 2 de febrero de 2024, que no había sido remitido a Fiscalía General entre la documentación enviada el día 8 a través del teniente fiscal Diego Villafañe”, expone el auto.
El juez indica que es cierto que dos de los testigos (periodistas) que declararon el 9 de enero han mantenido haber tenido conocimiento del correo de 2 de febrero de 2024 con anterioridad a las 21.59 horas del 13 de marzo, pero añade que “se trata de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios prestado en la mañana del día 8, que niega que así hubiera sido, mientras que los elementos objetivos que aportan las diligencias practicadas apuntan a que solo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero a las 21.59 horas es cuando tiene lugar su difusión, lo que debe llevar a mantener su condición de imputado”.
Filtración de la investigación al novio
En lo que a la fiscal Pilar Rodríguez concierne, el instructor indica que “circunstancias como el ponerse a disposición de Álvaro García Ortiz, ser la persona que facilita a Diego Villafañe el expediente de Alberto González Amador, que acaba filtrándose el día 12 de marzo en elDiario.es, y prestarse a hacer llegar el correo de 2 de febrero entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto a la Fiscalía General del Estado, conocedora de la finalidad que se perseguía con ello, también son elementos suficientes para mantener su imputación”.
En cuanto a la extensión de la condición de investigado a Diego Villafañe, para quien solicitó tal condición la representación de la acusación particular, el juez indica que cabe presumir “que tiene un papel de relevancia, si se quiere menor, desde el momento que, como teniente fiscal de la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado, por lo tanto, persona de confianza del fiscal general del Estado, está en contacto con la fiscal Pilar Rodríguez, a quien pide que le remita la denuncia, expediente administrativo y demás documentación relativa a Alberto González Amador que se filtraría en 'elDiario.es', el día 12 de marzo”.
El auto destaca asimismo que los informes de la UCO han aportado en las diligencias “una información de peso y que, en el momento procesal en que nos encontramos, no podemos ignorar, por cuanto que se trata de unas diligencias periciales que aportan elementos indiciarios, elaboradas desde un organismo oficial del Estado, como es la UCO, realizadas por funcionarios públicos, en quienes no hay razón para presumir interés alguno en el caso, sino que, por el contrario, conviene no olvidar las notas de imparcialidad y objetividad en el proceder de un organismo como es esa Unidad, que, dicho sea de paso, ha venido contando con el beneplácito del miniserio fiscal en otras causas en que se ha apoyado habitualmente en sus informes para mantener sus tesis acusatorias”.
En ese sentido, destaca que la UCO, que se ha ocupado de los informes relativos a los registros de los despachos y de las comunicaciones de los fiscales imputados, está integrada “por especialistas sobre cuya cualificación, profesionalidad y conocimientos no se deberían arrojar dudas, ni poner en tela de juicio, infundadamente, la pericia realizada por sus profesionales, cuya reconocida solvencia no habría de ser cuestionada gratuitamente, con más razón si se tiene en cuenta que, entre los principios básicos de su actuación, de conformidad con lo establecido" en la ley, "está el de actuar con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico o colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla”.
El capítulo Lobato
Para el instructor no parece haber dudas sobre el recorrido que siguió el mensaje en el que la defensa de González Amador asumía la comisión de dos delitos fiscales para alcanzar un pacto con la fiscalía y en el auto afirma que "con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación" que lo publicó en su integridad el primero: El Plural.com.
“Llegado a Presidencia del Gobierno, se puso a disposición del testigo Juan Lobato, portavoz del grupo socialista de la Asamblea de Madrid, al objeto de que hiciera uso de él, con una clara finalidad política, en la intervención que tendría la mañana del día 14 en el pleno dicha Asamblea, quien, en una primera transmisión que recibe de él, plantea sus dudas de que se hubiera publicado en algún medio, hasta el punto que pide que se le confirme este extremo, pues, como diría en whatsApp que envía a las 08.4419: 'Porque si no parece que me la ha dado la fiscalía', o en el que envía a las 09.00.49: 'Y Pilar quiere que yo saque el mail de fiscalía. Que no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser'".
Ante estas circunstancias, añade el auto, “desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio ElPlural.com del correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal, donde aparece, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra en la Asamblea Juan Lobato, y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia".
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