Ayuso afronta el final de un agitado curso político marcado por las elecciones en Andalucía

Tras el baño de devoción de la Semana Santa, con visitas a Málaga para ver a la Legión en el traslado del Cristo de Mena, a la madrugá sevillana y a la Pasión Viviente de Daganzo de Arriba, ya en la región, Isabel Díaz Ayuso afronta desde hoy el trimestre final de un curso político agitado y que tiene una fecha señalada, fuera de la Comunidad de Madrid, pero que puede impactar en el tablero político a escala nacional y, por ello, también en la región. El domingo 17 de mayo se celebran las elecciones autonómicas en Andalucía. Y del resultado de esos comicios, de si Juanma Moreno, que viene a encarnar frente a la presidenta madrileña el alma moderada del PP, consigue mantener su mayoría absoluta, y de qué ocurra con el PSOE puede depender la decisión de Pedro Sánchez sobre adelantar las generales o estirar lo máximo posible la legislatura.
Por si acaso, Ayuso ya ha puesto al PP madrileño en modo electoral. Tras los resultados en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, en los que los populares han ganado pero necesitan para gobernar el apoyo de un Vox que está tensando la cuerda, la dirigente madrileña reclamó en duros términos un adelanto de la cita con las urnas. "Que Sánchez certifique el día del funeral, nosotros pondremos la esquela", aseguraba en una intervención en la Junta Directiva regional del partido retransmitida en abierto hace tres semanas en la que, además, hacía valer su mayoría absoluta y llamaba a sus compañeros a "cuidarla".
En un momento en que otros barones populares tienen que depender de Vox, esa mayoría absoluta es, junto a su nítido perfil como antítesis de Sánchez, su mayor activo político. Un capital que pasa, en gran medida, por su capacidad para seguir neutralizando en las próximas elecciones autonómicas, a priori en mayo de 2027, a la formación de Abascal. Los de ultraderecha se han lanzado a la conquista del voto en los distritos y municipios del sur de Madrid, se ven empujados por el auge nacional del partido y se sienten inmunes a las numerosas crisis internas que les sacuden, con figuras relevantes, incluso fundadores como Javier Ortega Smith, en abierto enfrentamiento con la dirección.
Acción de gobierno

Al tiempo que moviliza al partido, la presidenta madrileña intenta también la activación mediante la acción de su Ejecutivo. En las últimas semanas ha intensificado la celebración de los Consejos de Gobierno en municipios de la región. En marzo se celebraron dos lejos de la Real Casa de Correos, en Tres Cantos y en Morata de Tajuña. Aparte de dar foco a los alcaldes de las localidades en que se celebran, en estos Consejos de Gobierno viajeros, además del portavoz, comparece ante la prensa la propia presidenta, que se suele guardar algún anuncio.
Con más del 90% del programa electoral de 2023 ejecutado o en marcha y sin sobresaltos en las votaciones en la Asamblea con sus 69 diputados, Ayuso aprobará este trimestre, entre otros proyectos, la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, que incluye una nueva rebaja fiscal, una de las cuestiones de las que hace estandarte político. El texto eleva del 95% al 99% la reducción de la base imponible en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la transmisión de un negocio, siempre que se mantenga la actividad durante cinco años, e incluye entre los beneficiarios, además de a cónyuges y descendientes ya contemplados, a ascendientes, hermanos, tíos, sobrinos, primos y trabajadores con diez años de antigüedad y cuatro en funciones de dirección.
Antes aún, tan pronto como en el próximo Pleno de la Asamblea, este jueves, dará luz verde a un proyecto sobrevenido, la ley para que la Comunidad de Madrid ejerza la acción popular en delitos contra el patrimonio natural, histórico-artístico y eventos públicos. Un texto puesto en marcha a raíz de las protestas propalestinas que impidieron la celebración de la última etapa de la Vuelta a España y que sirvieron para la enésima polémica entre los Gobiernos central y regional.
Tres crisis con notable desgaste
Ayuso retoma de esta forma un curso que se le antojaba más sencillo cuando empezó en septiembre. En estos meses le han estallado tres crisis con notable desgaste. En diciembre se conocieron los audios en los que Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud, empresa que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz, instaba a responsables del centro hospitalario a "desandar el camino" en la reducción de las listas de espera para mejorar la cuenta de resultados. La noticia servía no solo a la oposición regional sino al propio Gobierno central para cuestionar el modelo de gestión público privada de parte de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud en un asunto que se ha acabado judicializando.
Poco después, en febrero, se conocían las acusaciones de presunto acoso sexual y laboral por parte del alcalde de Móstoles a una exconcejal de la localidad y las reuniones de la edil con Alfonso Serrano y Ana Millán, números dos y tres del PP madrileño, para ponerlo en conocimiento sin que llegase a iniciarse expediente para investigarlas. El asunto sacudió al partido durante semanas y aunque el regidor mostoleño sigue al frente del consistorio, la oposición regional está lejos de darlo por cerrado.
La presidenta madrileña también ha tenido que hacer frente en este semestre a la primera crisis de gobierno de la legislatura tras el cese del consejero de Educación, Emilio Viciana. A su salida siguieron las de dos directores generales y tres diputados de la Asamblea, todos ellos próximos, como el propio Viciana, a Antonio Castillo Algarra, dramaturgo e ideólogo a quien se atribuía cierta influencia sobre la presidenta madrileña. Las heridas, no obstante, se restañaron pronto, al menos en parte. Dos semanas después de fulminar al consejero, Ayuso firmaba un acuerdo de financiación con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas que llevaba más de dos años encallado bajo la gestión de Viciana.
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