Admitió haber editado al Gobierno de Madrid contra Brarra de acuerdo con sus palabras a las residencias durante el Covid

El pasado 15 de marzo se anunció que la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, se querellaría contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, tras haber afirmado que en la región se realizó una "gestión homicida" durante la pandemia de coronavirus. Este lunes, el Juzgado de Primera Instancia nº55 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de conciliación interpuesta por la Comunidad de Madrid contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por sus acusaciones sobre la gestión de las residencias en pandemia, al afirmar que se hizo "una gestión homicida y criminal".
Según la notificación, el juzgado le ha citado el 26 de junio. El Gobierno regional interpuso la demanda de conciliación el pasado 19 de marzo, como paso previo a la presentación de una querella si Ione Belarra no se retracta de sus declaraciones, con el objetivo de "defender a los profesionales que durante tanto tiempo lo dieron todo para salvar vidas y para luchar contra una pandemia que fue mundial".
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, explicó que para el Ejecutivo autonómico estas declaraciones habían traspasado las líneas rojas de la "decencia política". Además, avisó de que todo aquel que "acusara de cometer un delito a los profesionales, a este Gobierno o a su presidenta", tendría "una respuesta en los tribunales en forma de querella".
Este mismo mes, el Juzgado de Primera Instancia nº91 de Madrid admitió también a trámite la demanda de conciliación interpuesta por la Comunidad de Madrid contra la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, por sus declaraciones en las que afirmó que personas mayores fueron "asesinadas" en las residencias de la región durante la pandemia.
La citaba el 10 de junio después de que el Gobierno regional interpusiera la demanda de conciliación el pasado 19 de marzo, como paso previo a la presentación de una querella si Reyes Maroto no se retractaba de sus declaraciones.
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