Aborto MADRID | El Gobierno emprende acciones legales contra la Comunidad de Madrid por negarse a crear un registro de objetores del aborto
"Preferimos que sea un tribunal quien nos lo indique, antes que un Gobierno sectario", había anunciado la Comunidad de Madrid en relación con la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos. Y el asunto, efectivamente, se va a terminar judicializando. Como ya había adelantado este fin de semana la ministra de Sanidad, Mónica García, el Gobierno presentará un recurso ante la justicia para que Madrid "cumpla con sus obligaciones" y elabore el registro al que mandata la Ley Orgánica 1/2023. El propio presidente, Pedro Sánchez, lo ha confirmado en un mensaje en la red social X en el que también apunta contra el elevado número de interrupciones voluntarias del embarazo que se practican en clínicas privadas en la Comunidad de Madrid.
"La Comunidad de Madrid deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas. Un derecho esencial, convertido en negocio" ha escrito Sánchez. "No lo vamos a permitir. Por eso, hoy mismo el Gobierno solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Madrid. Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales".
El mensaje del presidente del Gobierno no ha tardado en ser contestado desde Sol. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y portavoz del Ejecutivo regional. Miguel Ángel García Martín, ha replicado también a través de la red social X, que el Ministerio de Sanidad "deriva al 100%, pero pero eso el Sr. Sánchez y la Sra. García lo ocultan", en referencia a la situación que, aseguran en la Comunidad de Madrid, se produce en Melilla, donde las competencias las mantiene el Estado. "En Madrid se cumple la ley y no se niega la prestación del servicio a ninguna mujer que cumpla con los supuestos establecidos en la norma", ha añadido.
Minutos después, ha sido la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la que ha reaccionado, dando a entender que elaborar un registro viola el derecho a la objeción de conciencia y acusando a Sánchez de dictador. "Defendemos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia. Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer", ha afirmado. "Y el PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado", apostilla en un comentario en redes sociales.
Posteriormente, ha abundado en ello en declaraciones a la prensa antes de entrar a un acto sobre inversión en Melilla celebrado en la sede madrileña de CEOE. "¿Dónde queda la libertad de los profesionales sanitarios que quieren ejercer o que no quieren hacerlo?", se ha preguntado. "De leyes sectarias solo podemos encontrar respuestas sectarias como la suya, a modo de dictadores que no respetan y vulneran derechos básicos como el de conciencia. Nosotros la objeción de conciencia es lo que defendemos".
"Estamos hablando de los médicos, de los sanitarios y de todas aquellas personas que, por distintos motivos, no tienen por qué manifestarse públicamente y no tienen por qué ser estigmatizados por obrar en base a su conciencia", ha añadido. "Lo que quiero es que sea un tribunal el que decide y no un Gobierno tan sectario y que redacta de manera furibunda las leyes. Prefiero encomendarme a las decisiones de la justicia".
Frente a la acusación de Sánchez de que no se respetan los derechos de las madrileñas, Ayuso ha asegurado que en Madrid hay libertad y ha señalado que en la región se practican "uno de cada cinco abortos" de los que se registran anualmente en España. Y ha subrayado, incluso, que el 10% acude desde otras comunidades autónomas.
También la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha pronunciado, en una entrevista en TVE. La también dirigente de Más Madrid ha asegurado que la actitud del Ejecutivo madrileño supone un ataque al Estado de Derecho y ha calificado la situación de "bloqueo sistemático al derecho de las mujeres".
Batalla legal y política
La cuestión se ha convertido en uno de los pulsos más enconados entre las dos administraciones. No es la primera vez que el propio presidente del Gobierno se pronuncia en un asunto que se entiende central en la agenda feminista y que permite la confrontación directa con el gabinete de Ayuso. La creación del registro de objetores viene ordenado por la Ley Orgánica 2/2010, reformada en 2023, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó por unanimidad el protocolo para la creación de dicho registro.
Desde entonces, sin embargo, tres comunidades autónomas, Aragón, Baleares y Madrid, no habían puesto en marcha esa lista, por lo que el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento formal cuyo plazo expiraba el pasado viernes. Madrid sigue sin elaborar ese registro. "En la Comunidad de Madrid defendemos que [el aborto] “Nadie debe ser perseguido o excluido por haber abortado o no”. Ni por abortar o no. “Preferimos que sea un tribunal el que nos diga, que un gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie”.
El Gobierno de Ayuso anticipa una larga batalla legal. "Si se nos obliga a hacer un registro de objetores, con la Constitución en la mano, actuaremos para defender la libertad de conciencia y cualquier otro artículo fundamental", defienden en Sol.
En Moncloa, entretanto, se extiende la negativa del Gobierno regional a elaborar lo que Ayuso ha llamado en más de una ocasión una "lista negra" a un ataque contra el propio derecho al aborto. "La negativa del Ejecutivo regional a cumplir la ley atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad, generando una desigualdad de derechos frente a otros territorios, y protege los intereses de las clínicas privadas, a las que deriva más del 99% de las intervenciones", asegura el Gobierno en el comunicado en que da cuenta de la indicación dada a la Abogacía del Estado para presentar el recurso.
"El registro de objetores, cuyos datos son confidenciales y no resultan de acceso público, es una herramienta para que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a este derecho sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados", se añade.
Hace unas semanas, Sánchez y varios ministros acusaron a Ayuso de "volver 50 años atrás, a los viajes clandestinos a Londres". Lo hacían después de que la presidenta madrileña, en una intervención en la Asamblea regional, instara a las diputadas de la oposición a irse "a otro lado" a abortar. "No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", fueron sus palabras. La polémica obligó al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a fijar posición sobre el aborto. "Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", aseguró en una carta abierta.
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