Los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) podrán teletrabajar de forma voluntaria tres días a la semana, mientras que los dos días restantes serán personales gracias al acuerdo realizado el lunes entre la Secretaría de Funciones Públicas y los sindicatos tras cinco meses de Negociaciones.
El teletrabajo, que puede afectar a 230.395 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y dependencias gubernamentales, es voluntario y reversible y siempre está sujeto a la garantía de la prestación personal de servicios a la ciudadanía. También se puede permitir en circunstancias excepcionales de fuerza mayor que impliquen una restricción de la movilidad, como sucedió el pasado invierno con la tormenta Filomena o durante la detención.
Sin embargo, no todos los funcionarios estatales pueden disfrutar de la jornada laboral en sus hogares, solo para el trabajo que se puede realizar a pedido y con permiso. Para ello, luego de negociar con los sindicatos, cada departamento ministerial u organismo público debe realizar un estudio preliminar de los cargos que se pueden ejercer a través del teletrabajo. Se establecen metas laborales para cada puesto y se evalúa su cumplimiento en base a criterios generalmente negociados, estableciéndose un cronograma fijo de disponibilidad y ubicación.
Además, por primera vez en la historia de esta administración, se establecerá periódicamente un sistema de acceso para el teletrabajo a través de convocatorias públicas al menos una vez al año. Sin embargo, para ser elegible, el oficial debe tener al menos un año de antigüedad en el puesto y en la unidad.
Derecho a la separación digital
Este convenio garantiza que el personal que presta sus servicios bajo esta modalidad tiene las mismas obligaciones y derechos individuales y colectivos que el personal en la modalidad personal, tanto en materia de retribución como en materia de jornada, formación o carrera. También tienes derecho a una protección adecuada en relación a la seguridad y salud en el teletrabajo, así como a otros aspectos como la protección de datos o la segregación digital.
No se incluye el pago de los costes de suministros como electricidad o internet, pero la administración proporciona al equipo informático tarjetas y aplicaciones de datos, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para la actividad, así como formación técnica específica y prevención de riesgos laborales (prevención de riesgos laborales). Estrés o aislamiento social) y privacidad.
Otra de las novedades más importantes previstas en el convenio es que también existirá una modalidad de teletrabajo con menor presencia física del trabajador en el centro si se da una de estas circunstancias: favorecer la presencia de la AGE en zonas con declive demográfico o su entorno. encargarse de la prestación de servicios en zonas de difícil cobertura, como el elevado coste de la vida en las Illes Balears. En estos casos, se puede establecer una prestación de servicios personales por al menos el 10% de la jornada mensual. En otras palabras, puede teletrabajar hasta 20 de los 22 días laborables.
Los postulantes deben estar en servicio activo, se pueden tener en cuenta criterios como discapacidad, salud, víctima de terrorismo o violencia de género, y la aprobación debe requerir un informe previo del gerente jerárquico.
Al firmar el convenio, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, subrayó los objetivos que perseguía: “Promover la presencia de la administración estatal en el territorio, especialmente en las zonas con declive demográfico; Modernización de la organización del trabajo mediante la consecución de objetivos y la evaluación del desempeño; contribuir a la sostenibilidad ambiental; Generalizar el uso de nuevas tecnologías y reconocer el teletrabajo como una modalidad más. «
No se incluyen policías, militares, médicos o jueces.
El teletrabajo no se aplica al personal militar de las Fuerzas Armadas, fuerzas y órganos de seguridad del Estado, personal adscrito a establecimientos de salud, centros educativos o centros de apoyo a la docencia, ni a jueces, jueces, fiscales y demás funcionarios de la administración de justicia. Estos grupos pueden estar sujetos a sus reglas específicas de teletrabajo. El acuerdo establece los criterios generales, pero debe ser desarrollado por Real Decreto en los próximos meses.
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