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Hay que decir para empezar que es muy difícil que la provincia de León, sola o en compañía de Salamanca y Zamora, se desgaje de Castilla y León y forme una nueva comunidad autónoma. Tanto que varios de los expertos consultados para elaborar este reportaje califican la posibilidad de “política ficción”, a pesar de la moción que se aprobó la semana pasada en la Diputación de León a favor de “iniciar los trámites para la formación de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa”. Pero hay motivos políticos tras esa reivindicación cuyos impulsores llaman ahora ‘Lexit’, y también históricos, y la lista de agravios que la alimentan no para de crecer.
“Desde un punto de vista jurídico, la Constitución lo permite. Pero no es ni mucho menos sencillo y requeriría unas mayorías políticas que es muy difícil pensar que existan”, resume Alfredo Ramírez Nardiz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. El procedimiento es complejo porque implicaría, primero, la reforma del Estatuto de Castilla y León, lo cual precisa de una mayoría de dos tercios en las Cortes autonómicas y la posterior convalidación en Congreso y Senado, y después que las provincias que quisieran constituirse en una nueva comunidad autónoma lo hicieran por ejemplo por la vía del artículo 143 de la Constitución, que exige que la mayoría de municipios y diputaciones afectados estén de acuerdo. Por último, requeriría nuevamente de un refrendo por mayoría absoluta en las dos cámaras españolas. Y todo eso, evidentemente, precisa a día de hoy de un impensable acuerdo entre PSOE y PP.
La Diputación de León, que hoy aprueba buscar vías para la segregación, aceptó la adscripción a Castilla y León cuando se estaba desarrollando el Estado autonómico, y cuando se quiso echar atrás, en 1983, el Tribunal Constitucional lo descartó. Desde entonces, los leonesistas denuncian un empobrecimiento de la provincia. “Cuando se crean las autonomías, León era relativamente rica, por minería y recursos naturales, y hoy es todo lo contrario. Ha perdido esos recursos, y por la dinámica centrípeta, la riqueza se centra en Valladolid, y los leoneses se sienten agraviados”, resume Ramírez Nardiz.
Números y sentimientos
Pero además de los números están los sentimientos. Las calles de la ciudad de León y su provincia están llenas de pintadas de “León solo”, y se siguen repitiendo dichos que aluden a la orgullosa historia de la región, como el que recuerda que “antes que Castilla leyes tuvo León 24 reyes”. La imponente catedral de la ciudad, escenario de la coronación y sepulcro de varios de esos reyes medievales, queda como testigo de aquel periodo. Y el 21,3% de los votos que Unión del Pueblo Leonés obtuvo en las autonómicas de 2022 en la provincia da cuenta de que el regionalismo sigue teniendo tirón allí, y contrasta con los pobres números (el 2,67% en Zamora y el 0,97% en Salamanca) que logró en las demarcaciones que según algunos deberían acompañar a León en la aventura segregacionista.
Durante su última intervención en las Cortes de Castilla y León, en el debate de política general de la semana pasada, el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, se quejó del maltrato de la Junta a la parte de la Comunidad “que no se siente castellana”, e incluso comparó a su presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, con una pérfida “madrastra” de cuento de hadas: “Engaña a la gente diciendo que todos los hijos son queridos, pero luego siempre elige cuidar a los mismos”.
El PP y el PSOE siguen siendo las fuerzas mayoritarias en la comunidad autónoma y en la provincia de León. Para los dos partidos es incómodo ahondar en una eventual separación de Castilla. Para los socialistas, que votaron a favor de la moción de UPL en la Diputación, porque son conscientes de la impopularidad de esa reivindicación en el resto de demarcaciones de la comunidad; para los populares, porque creen que hablar de ella solo beneficia a los intereses del PSOE.
Los socialistas sostienen que la idea revive ahora por “el abandono sistemático de algunos territorios por parte de la Junta de Castilla y León”, en manos de la derecha desde hace 37 años. “Son décadas de desidia. El PP y Vox, este gobierno de coalición tan negativo, tiene sobre la mesa un reto, que es hacer que esas provincias se sientan tratadas por igual por la administración autonómica”, sostiene la portavoz del PSOE, Esther Peña. Pero circunscribe el apoyo de su partido a la moción a un “toque de atención”, y añade: “León no se va a ninguna parte, es la Junta de Castilla y León la que se ha ido de la provincia de León. En el PSOE no somos partidarios de fórmulas divisivas”.
En cuanto al PP, piensan que esta recurrente polémica vuelve al primer plano por las necesidades políticas del PSOE. “Desde que está Pedro Sánchez, se ha establecido como regla general que todo vale, que no hay límites, e intentan trasladar los problemas internos que tienen en el PSOE a toda la sociedad española”, dice la vicesecretaria de Organización popular, Carmen Fúnez, que recuerda que su partido es el más votado en Castilla y León y que “ningún punto del programa” del PP aborda una eventual separación.
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