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Cumplir 8 meses de cárcel y asumir un pago de 525.000 euros para evitar el juicio por fraude fiscal y falsedad documental. Se trata de la «propuesta de conformidad penal» que presentó el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el pasado 2 de febrero, un documento en el que admite la comisión de los delitos por los que está siendo investigado por la jueza Inmaculada Iglesias. El empresario está citado para dar explicaciones a la magistrada el próximo 20 de mayo.
El documento, cuyo contenido ha sido adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, está firmado por el abogado Carlos Neira, y en él se acepta pago de la cuota defraudada más intereses, que en total asciende a 375.000 euros, a los que se suma el 40 por ciento en concepto de multa, con lo que finalmente se compromete el abono de 525.000 euros a la Hacienda Pública.
La aparición de algunos términos de este acuerdo en una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid, para contrarrestar informaciones anteriores que señalaban que había sido el Ministerio Público quien propuso el pacto dio lugar a la presentación de una querella por parte del empresario contra el fiscal que le investiga por fraude Hacienda y su superior, la jefa provincial Pilar Rodríguez, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Esta acción penal aún no ha sido admitida a trámite, aunque ha causado una profunda crisis en el seno de la Fiscalía después de que la compañera a la que ha correspondido analizar este asunto, María de la O Silva, haya desobedecido la orden de instar a su inadmisión dada por la número dos de la Fiscalía General. Silva ha invocado el artículo 27 del Estatuto Fiscal y ello obliga a convocar a la cúpula de la institución, una Junta de Fiscales de Sala que se reúne este miércoles y de la que se ha apartado el fiscal general, Álvaro García Ortiz. El fiscal general ya asumió la «responsabilidad última» por la nota informativa emitida.
«Una cacería que nunca se ha visto»
Por su parte, desde el entorno del empresario se critica que el contenido íntegro de la propuesta de acuerdo haya sido conocido finalmente por la prensa. «Ya es más que evidente que los datos privados de un ciudadano se están filtrando desde la Fiscalía. Una cacería que nunca se ha visto. La filtración está penada con cárcel«, señalan.
Por lo que respecta al documento, que ya obra en poder de los más de 30 fiscales que tiene que analizar este asunto en Junta, supone la asunción por parte de González Amador de los «hechos contenidos en la Liquidación Vinculada a Delito» en los que se sustenta la querella por fraude fiscal, así como de la autoría de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021 como administrador único de la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio Ambiente S.L.
La defensa de González Amador también reconoce que, respecto a 2020, la regularización trae causa de una factura de 620.000 euros recibida de la sociedad mexicana Mke Manufacturing; mientras que sobre el ejercicio de 2021 el grueso de la regularización proviene de la factura recibida de la sociedad Gayani LTD, que se considera deducible sólo en parte.
Propuesta de 8 meses
En cuanto a la propuesta de prisión, y al entender el abogado de González Amador que en este caso no existe delito agravado, se ofrece una pena de prisión de 4 meses por cada delito cometido, así como a pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 9 meses.
El documento finaliza señalando que «en todo caso» la propuesta de conformidad penal se condicionaba a la suspensión de la pena de prisión que se le incluya en la conformidad penal definitivamente alcanzada.
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