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Las madres clarisas franciscas de Orduña (Vizcaya) y Belorado (Burgos), que mantienen en la actualidad un pulso con una Iglesia Católica que han declarado abandonar para estar bajo la tutela de un obispo excomulgado, no son de rendirse fácilmente. Desde 2020 a 2023 mantuvieron un litigio con el Ayuntamiento de Derio (Vizcaya) a cuenta de un albergue rural que gestionaban en la localidad. El caserío estaba pegado al monasterio de Santa Clara de Artebakarra donde vivían las monjas hasta que decieron marcharse a Orduña meses después de que se les negara la licencia de actividad del caserío.
Este conflicto estaría de hecho en la génesis del cisma de Belorado, una suerte de culebrón eclasiástico donde se entremezclan una operación inmobiliaria, un enfrentamiento entre las monjas y el arzobispo de Burgos, y varios personajes peculiares, entre los que hay un exobispo franquista y un cura que era un conocido ‘bartender’ de Bilbao. Ahora, José Ceacero es el que oficia las misas de unas monjas cerradas a cal y canto en el monasterio de Belorado después de desafiar al mismísimo Vaticano. También se ha convertido en portavoz oficial.
Decreto de Alcaldía
Los hechos se remontan al 26 marzo de 2020, cuando un decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Derio negó la licencia de actividad para «alojamiento turístico-casa rural» de un caserío situado al lado del Monasterio de Santa Clara de Artebakarra, llamado San Miguel de Txorierri y que gestionaban las clarisas además de una hospedería.
El bello caserío, que se encuentra en la actualidad cerrado, es una imponente casa construida en el siglo XVII con varias habitaciones y que disponía de un bello jardín, y un balcón con vistas a la montaña. «Es el lugar ideal para aquellos que son conscientes de que la armonía y la quietud son esenciales ingredientes para encontrar paz interior», rezaban las clarisas en la página web del monasterio, donde promocionaban el establecimiento.
Las religiosas acudieron a los tribunales, en concreto al Juzgado de lo Contencioso administrativo número 4 de Bilbao, que dio la razón al Consistorio. Las monjas argumentaban en su demanda que el uso de casa rural no es «en absoluto asimilable al hotelero, sino que queda incluido dentro del uso urbanístico residencial». Aseguraban asimismo que se había autorizado una casa rural en un suelo no urbanizable cercano, por lo que consideraban que estaban siendo discriminadas.
Uso «similar al hotelero»
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estimó, sin embargo, en su sentencia, publicada en junio de 2023 y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que «no se puede dudar sobre cuáles son los elementos fácticos y las razones jurídicas que han sido tenidas en cuenta» en la decisión administrativa.
Esta ya había sido ratificada por el juzgado de lo contencioso, que estimó que la normativa autonómica establece que «la clasificación turística de ‘casa rural’ está considerada como un establecimiento de alojamiento de naturaleza similar al hotelero, pero en modo alguno calificable de residencial» .
«No resulta discutido entre las partes que las normas de planeamiento general y pormenorizado solo permiten como uso principal el uso residencial categoría R1 (vivienda unifamiliar) y como uso complementario, el G1(garaje de uso particular), tal y como se hallan definidos tales usos en la propia normativa urbanística. La discrepancia, como se ha reiterado, estriba en la pretendida asimilación del uso ‘casa rural’ al ‘uso residencial’, que hemos descartado», dice la sentencia del TSJPV.
Meses después del varapalo judicial, en otoño de 2020, las clarisas abandonaron el monasterio. «Después de una larga deliberación y por motivos internos, la Comunidad de Hermanas Clarisas ha decidido trasladarse al Monasterio de Santa Clara de Orduña (Vizcaya). Cerquita de aquí», rezaba el mensaje de su página web, que todavía está online.
Bloqueo del Vaticano
El monasterio de Derio quedó así vacío, por lo que las clarisas trataron de venderlo, algo que les fue «bloqueado» por el Vaticano, según argumentan ellas. Con la venta, las monjas querían obtener el dinero suficiente para comprar el monasterio de Orduña, perteneciente a la Diócesis de Vitoria y con la que tenían un acuerdo de compraventa.
Al no obtener el permiso para vender el monasterio de Derio, plantearon como alternativa que un comprador ajeno a la orden abonara el millón de euros que queda pendiente para la compra de Orduña, para que, cuando ellas pudieran devolver ese dinero, el benefactor transfiriera el convento a las Clarisas.
Sin embargo, la operación no se llegó a cerrar ante las dudas de la Diócesis sobre la identidad del comprador interpuesto, lo que motivó la rescisión del acuerdo de compraventa por parte de la Diócesis de Vitoria. Desde la comunidad de Belorado se pidió entonces una indemnización de 1,6 millones de euros por supuestas obras realizadas, una reclamación que está actualmente en los tribunales.
Según explicaron en el comunicado hecho público el lunes y firmado únicamente por la abadesa, sor Isabel de la Trinidad, la negativa a la venta formaba parte de una persecución que estarían sufriendo por parte de superiores, pastores, hermanas y sacerdotes que les habría llevado a salirse de la Iglesia.
En esa misma nota, las monjas informaban que pasaban a estar bajo la tutela y jurisdicción de Pablo de Rojas Sánchez-Franco y su llamada Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, que no están en comunión con Roma y cuyo fundador fue excomulgado en 2019. De hecho, su Pía Unión es considerada como una «secta».
La actitud de las monjas cismáticas, que, según asegura el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, no le cogen el teléfono, ha provocado una grave crisis reputacional en la Iglesia católica. Este jueves mismo, la Conferencia Episcopal Española (CEE) lamentó «profundamente la declaración de ruptura de la comunión con la Iglesia Católica» de las monjas y pidió a «cada hermana» que, «en el ejercicio de su libertad de conciencia, pueda expresar su postura ante la decisión que comunica la abadesa”.
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