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Apenas unas horas después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunciara que sus homólogos de Galicia y Castilla y León se habían ofrecido a acoger, de ser necesario, un mayor número de menores migrantes que los pactados en la última conferencia sectorial celebrada en Santa Cruz de Tenerife, desde la Xunta y la Junta de ambas comunidades autónomas han dado marcha atrás, evidenciando de nuevo el discurso contradictorio del Partido Popular (PP) respecto a este drama humanitario que afronta en solitario el Archipiélago, que acoge a casi 6.000 niñas y niños llegados a bordo de pateras y cayucos.
Fuentes de la Xunta insisten en que, pese a lo afirmado el jefe del Ejecutivo canario, el presidente Alfonso Rueda «no mantuvo ninguna conversación sobre este asunto con el presidente del Gobierno de Canarias» y, por tanto, «cualquier cambio en el reparto de menores no acompañados o cualquier decisión debe hacerse de acuerdo con las comunidades autónomas y con la aportación de los recursos necesarios para garantizar la atención precisa». Idénticas palabras se han utilizado desde la Junta castellanoleonesa, lo que demuestra que en la respuesta oficial a Clavijo, más allá de las conversaciones personales que mantuvo con Rueda o Alfonso Fernández Mañueco, se ha plasmado el argumentario emanado de la dirección nacional del PP.
La Junta de Castilla y León añade que su capacidad de acogida de menores migrantes procedentes de otros territorios está «casi al límite» -200 menores frente a los 6.000 que hay en las Islas- y que mantiene su solidaridad respecto los territorios que tienen una mayor presión, en referencia a Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por lo que es necesario convocar de forma urgente la Conferencia de Presidentes. Una pretensión que ya fue activada en julio cuando el ministro de Política territorial, Ángel Víctor Torres, anunció que se va a celebrar en el mes de septiembre.
Desde Galicia se añade que aún están pendientes de recibir a 40 menores -133 han llegado a Canarias en diez días- y que «es preciso que este asunto se aborde como lo que es, un problema de Estado, en el que el Gobierno lidere y coordine a las comunidades autónomas» y las fuentes de la Junta han rechazado cualquier tipo de «imposición» del Ejecutivo de Pedro Sánchez para «tratar de tapar su incompetencia e ineficacia en su política de inmigración».
Ambas comunidades autónomas mantienen las mismas tesis que llevaron al PP a votar en contra de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería el pasado mes de julio: «hace falta que el Gobierno central dote los fondos precisos y coordine a todas las autonomías implicadas, con planificación y transparencia».
Mientras tanto, y a la espera de lo que suceda en la reunión que el viernes mantendrán en La Palma los presidentes Clavijo y Sánchez para abordar el problema humanitario, la ruta atlántica continúa abierta y se espera que por ella lleguen hasta final de año 7.000 menores más.
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