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El titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, Jaime Serret, ve indicios de delito en la actuación del fiscal de Madrid Julián Salto y de su superior jerárquica, la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la divulgación en una nota de prensa de información del pacto que el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, propuso con el fin de evitar llegar a juicio por fraude fiscal. Así lo detalla en la exposición razonada que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al que corresponde dirimir sobre la querella que incialmente presentó sobre estos hechos el Colegio de la Abogacía de Madrid.
Serret remite el asunto al Tribunal Superior dado el aforamiento del que gozan los fiscales contra los que se dirige la acción penal, si bien en el escrito ofrece varias consideraciones en relación con el fondo del asunto. Según indican fuentes del caso a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, Serret afirma en su escrito que se puede atribuir responsabilidad a la fiscal jefe de la Fiscalía provincial de Madrid por lo ocurrido.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene pendiente resolver sobre este escrito del juez Serret y también sobre la admisión de una segunda querella sobre los mismos hechos, la presentada por la propia pareja de la presidenta madrileña, el empresario Alberto González Amador, también por un presunto delito de revelación de secretos.
Al TSJ madrileño
A juicio de Serret, y tras las diligencias que ha practicado a petición de los abogados madrileños, considera que no hace falta practicar más instrucción y los autos deben ser elevados al Tribunal Superior por presunto delito de revelación de información por funcionario en ejercicio de sus funciones.
Considera, además, que la nota emitida en su día por la Fiscalía de Madrid sobre el acuerdo ofrecido por Carlos Neira, abogado del empresario, aporta datos que no eran conocidos y que no habían sido revelados hasta entonces. Facilita para ello una detallada cronología de lo sucedido, añaden las mismas fuentes.
En su razonamiento, añade que la nota informativa saca a la luz pública datos que no debería, ya que divulga no el hecho de que se ha practicado la diligencia, sino el propio contenido de la diligencia de investigación
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