El Consejo de Ministros aprueba el aumento de los caudales ecológicos, lo que supone el fin paulatino de la transmisión
La provincia de Alicante se jugó este martes su futuro hasta que el Consejo de Ministros aprobó finalmente el decreto-ley que contiene el plan hidrológico 2022-2027 del Tajo, muerte del transporte. Y el Gobierno central, por boca de su ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, confirmó a las 13.20 horas la aprobación de los nuevos planes hidrológicos, lo que supone la liquidación paulatina del trasvase hasta 2027 por caudales ecológicos crecientes.
Este documento incluye un aumento del caudal ecológico del río de 6 metros cúbicos por segundo a 8,6 en 2027 y una reducción de 105 hectómetros cúbicos anuales para el trasvase Tajo-Segura. No quedaría agua para riego. Los arroyos que ahora salen del acueducto serían abastecidos por plantas desalinizadoras a tres o cuatro veces su precio actual. Impagable para los que quieren vivir en el campo.
Como último acto desesperado, cientos de agricultores se han instalado frente a la sede de la presidencia del gobierno español. La Unión Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha convocado una nueva movilización en Moncloa para demostrar la importancia de lo que están decidiendo los Ministros de Agricultura de Alicante, Murcia y Almería.
Eso sí, como decía este lunes Carlos Mazón, los precedentes no animan al optimismo. El Ministerio de Transición Ecológica se ha mostrado inflexible en su negativa a hablar de otra cosa que no sea el acuerdo de trasvase Tajo-Segura. Aluden a motivos ecológicos (proteger el río) y jurídicos (hasta cinco sentencias del Tribunal Supremo que establecen caudales ecológicos).
Todos estos argumentos no solo han sido refutados por rociadores y usuarios. La Generalitat Valenciana también ha presentado alegaciones al Consejo de Estado para que emita un dictamen negativo sobre el plan de cuenca.
Por su parte, la Diputación de Alicante, en informes técnicos, ha detallado la necesidad del trasvase Tajo-Segura para la economía de la provincia de Alicante. Sin esta agua tan necesaria, el sector hortofrutícola alicantino morirá. Las pérdidas económicas, sociales y ambientales serán catastróficas.
El Instituto del Agua de la Universidad de Alicante da cifras: 15.000 puestos de trabajo, 27.000 hectáreas de cultivo que quedan yermas y 5.962 millones de euros en patrimonio perdido. Un duro golpe a un sector tradicional, una forma de vida y una provincia que vive de tierra y agua.
Puig confía en el diálogo
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho este martes, a la espera de la aprobación de los planes hidrológicos por parte del Consejo de Ministros, que «pase lo que pase» el Consejo seguirá «impulsando y dialogando».
En declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con directivos del turoperador TUI durante su visita a Hannover, Alemania, y preguntarle si ha tenido algún contacto de última hora con el Gobierno central, Puig ha señalado que el Consell «está constantemente hablando y dialogando» y espera a ‘buscar lugares de encuentro’, aunque ha indicado que no tiene noticias sobre el texto a adoptar. «Veremos qué pasa hoy, pero pase lo que pase, seguiremos exigiendo y dialogando», dijo.
Si cree que la manifestación que está teniendo lugar en Madrid les puede afectar, Puig ha indicado que no lo sabe y que cree que «hay que mantener un punto de vista objetivo, buscar soluciones, exigir y buscar el diálogo» para «agua garantizada para siempre». ”. . . . “No queremos una campaña electoral, queremos soluciones reales”, enfatizó.
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