El Ejecutivo incluye el acuerdo en el nuevo documento hidrológico, pero siguen primando los intereses de Castilla-La Mancha
La amenaza no se hizo realidad. El Gobierno ha corregido el convenio de Alarcón, que proponía en un anteproyecto excluir el documento de planificación hidrológica, y lo ha incluido en el plan hidrológico del Júcar, que fue aprobado el pasado martes con el beneplácito de todas las empresas de riego de ribera.
La presión de los regantes ha hecho que el ejecutivo cambie de opinión y abandone una maniobra que debería beneficiar a los usuarios de Castilla-La Mancha.
En 2001, las empresas de riego del Júcar cedieron la gestión del embalse de Alarcón al Ministerio de Medio Ambiente. No fue una decisión fácil, pues la existencia de este pantano se debió a todos ellos que pagaron por él con su esfuerzo y trabajo durante décadas. El entonces Ministerio de Medio Ambiente pretendía hacerse cargo de su gestión e integrarlo en el sistema hidráulico nacional para que otros usuarios, en particular los manchegos, se beneficiaran de sus recursos.
Fue un acuerdo en el que todos se dieron por vencidos y todos salieron victoriosos. Finalmente, se firmó el 23 de julio de 2001, cuando Jaume Matas era Ministro de Medio Ambiente.
Todo permaneció igual hasta que el actual gobierno se planteó anularlo en el nuevo plan del Júcar, con el objetivo de tener vía libre para llevar más agua a los regadíos que se están desarrollando en pleno en el levante manchego, en perjuicio del usuario de la Júcar en Valencia. Finalmente abandonó la maniobra y optó por dejar las cosas como estaban.
Aunque el Ejecutivo central dio marcha atrás en su decisión de denunciar el embalse de Alarcón, no lo hizo para favorecer a las empresas de regantes de Castilla-La Mancha.
Así lo pone de relieve la distribución de fondos de última generación de la Unión Europea, que las empresas de regantes del Júcar aseguran que se han incluido en el diseño hidrológico. Este plan contempla una inversión de 70 millones para obras de sustitución de bombas en el este de Mancha. Por otro lado, no se prevén inversiones en los sectores que se prevé modernizar en la Acequia Real del Júcar. Además, estas obras de reposición no harán más que extraer agua de un río ya deficiente.
Esta actuación se lleva a cabo para cumplir las previsiones del plan para completar el movimiento de hasta 80 hectómetros cúbicos de agua superficial desde el Júcar de Alarcón hasta las zonas de regadío de La Mancha, corrigiendo así la sobreexplotación del acuífero de La Mancha Oriental. Por otro lado, las próximas obras de modernización de los sistemas de riego del Júcar, que devolverán el agua al cauce, se han retrasado casi dos décadas. En la firma del Acuerdo de Alarcón, el Gobierno y la Generalitat prometieron que todo el proceso estaría finalizado en 2009. Este no era el caso. Y ya hay un retraso de más de veinte años desde que se firmó la cesión del pantano.
De los 46 sectores en que se dividió la superficie regable a convertir a riego por goteo, dos décadas después solo 17 siguen en funcionamiento. Cinco más están actualmente en construcción.
Hay 24 sectores pendientes, de los cuales seis proyectos están presentados al Ministerio de Agricultura y están en proceso. Todos ellos cuentan con una dotación en los presupuestos de la Generalitat para el próximo año.
Por otro lado, otros cinco sectores de la administración estatal se encuentran en tramitación con una inversión aprobada por el Consejo de Ministros en 2014 y se encuentran en fase de tramitación ambiental.
Otros dos sectores los lleva a cabo la empresa pública Seiasa y otros tres a cargo de Seiasa, el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura.
El problema surge con los ocho que quedan y aún no han sido atendidos. Se incluyen en el plan como obras a finalizar antes de la finalización del ciclo del agua (2027). Pero los regantes ya no confían después de dos décadas de promesas incumplidas.
Fuentes de la Acequia Real del Júcar creen que no se realizarán en el tiempo previsto porque ninguna administración se hará cargo de ellos y se piden fondos europeos para llevarlos a cabo -como por ejemplo para la sustitución de bombas en Castilla-La Mancha .
Los regantes recuerdan que la inversión necesaria para completar estos ocho sectores es de 45 millones de euros. Además, señalan que de la finalización de estas obras depende la llegada de agua de calidad a la Albufera.
Las empresas de riego se han comprometido a canalizar anualmente 40 hectómetros de agua de calidad al humedal tan vital para el parque. Sin embargo, el requisito previo para el lanzamiento de esta suma es la finalización de la modernización.
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