El Gobierno controlará a las eléctricas para frenar el vaciado de embalses

Ricobayo volvió a aparecer en el mapa hace escasamente poco más de dos semanas. Este enorme embalse del caudaloso río Esla, en Zamora, de 1.200 hectómetros cúbicos, cuya construcción fue autorizada allá por 1926 y cuya producción hidroeléctrica arrancó oficialmente en 1935, es quizá uno de los mejores ejemplos, para el Ejecutivo, de la voracidad de las eléctricas. Voracidad a la que Transición Ecológica, el ministerio que dirige Teresa Ribera, quiere poner coto. El Gobierno prevé fijar, de manera inminente, en septiembre o, «como tarde, primeros de octubre», dos umbrales para las centrales hidroeléctricas que deberán cumplir: un volumen mínimo ambiental de agua en el pantano y una limitación máxima mensual del caudal turbinado autorizado. Dos restricciones que Ribera introducirá en aplicación del artículo 55 de la Ley de Aguas, según adelantaron fuentes del ministerio a este diario. Ambos topes serán anunciados este lunes por la vicepresidenta tercera durante su comparecencia en comisión en el Congreso, a petición propia y exigida por la oposición para explicar la imparable escalada del precio de la luz —en un agosto con la factura más cara de la historia— y el desastre ecológico en el mar Menor.

A partir del 1 de junio pasado, cuando cambió el modelo de tarificación, por el que se impuso la discriminación horaria, algo cambió en Ricobayo. Iberdrola, la empresa que gestiona la central, aprovechó para ir vaciando el pantano de manera rápida y constante con el fin de generar más energía. Los datos son elocuentes: el 11 de junio, el nivel de agua embalsada procedente del Esla —afluente del Duero— se situaba en 658 hectómetros cúbicos, un volumen que apenas había variado desde la segunda quincena de mayo. El 11 de agosto, dos meses más tarde, y cuando saltaron todas las alarmas, solo quedaban 132 hm³, un 79,93% menos.

Fue entonces, y ante el estupor de los vecinos de la zona, que veían cómo se había secado un pantano que también tiene uso recreativo en verano, cuando la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), el organismo dependiente de Transición Ecológica encargado de la gestión de las aguas de la cuenca del río, obtuvo de Iberdrola el compromiso de no bajar más la cota del embalse. De ahí que desde entonces el nivel se mantenga en un rango similar. Este domingo, 29 de agosto, restaban 128 hm3 retenidos por la presa. O sea, Ricobayo está a menos del 11% de su capacidad total. La estampa es la de un paisaje lunar. La empresa se defendió asegurando que estaba cumpliendo su función «en el momento más necesario», produciendo energía para satisfacer la demanda en plena temporada estival para desplazar las «tecnologías más caras» en la conformación del precio de la electricidad.

Iberdrola, la principal operadora

Según los datos que ofrece el ministerio, el volumen total de embalse en España es de 55.000 hm³, de los que el 40% corresponde a embalses hidroeléctricos —el resto es para regadío, regulación, abastecimiento…—. Hay más de 1.300 centrales hidroeléctricas, la gran mayoría de pequeño tamaño, que suman más de 17.000 megavatios (MW) de potencia, y que cubrieron el 12,6% de la demanda eléctrica en 2020. Cifra que escaló hasta el 14,4% entre enero y julio de 2021. Catalunya, Galicia y Castilla y León son las comunidades con más potencia instalada, y la mayor hidroeléctrica del país es la de Aldeadávila, en Salamanca (operada Iberdrola), con 1.243 MW. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán es la principal productora hidroeléctrica de España: controla 9.715 megavatios de esos más de 17.000 totales. O sea, en torno al 57%.

Ribera ya puso en el punto de mira el salto zamorano y también el de Valdecañas (Cáceres), ambos gestionados por Iberdrola. La «drástica» reducción de sus aguas es «escandalosa«, dijo a principios de agosto, y por ello anunció una investigación a la eléctrica, a la que envió una carta para advertirle de que no es «razonable vaciar en prácticamente seis semanas un embalse» como el de Ricobayo. La CHD abrió un expediente informativo a la compañía para determinar si había excedido los límites de desembalse para turbinación que le están permitidos, y si se detectara mala praxis, habría sanción.

Pero Transición Ecológica prevé que, salvo que Iberdrola o Naturgy —la otra gran concesionaria de centrales— hayan sido «demasiado torpes», no se observará ningún comportamiento «ilegal». Y es que, para el Gobierno, el problema radica en el modelo concesional, heredado en su mayor parte del franquismo: se fija un volumen anual máximo de desembalse y en algunos casos, hay ayuntamientos pequeños que no disponen de una concesión de agua reconocida por su respectiva confederación hidrográfica. Tienen un acuerdo verbal con la hidroeléctrica, lo que «debilita» la posición de los vecinos. Las cláusulas que se firmaron con las eléctricas el pasado siglo —la autorización de 1926 para Ricobayo se amplió hasta 2040 en 1993— «no tienen en cuenta el agua como un bien de interés social», y aunque los ríos y la costa son de dominio público, las compañías concesionarias «casi lo entienden como agua privada, y hacen como les da la gana», denuncian en el ministerio.

Por lo tanto, para el Gobierno, esas condiciones «no son compatibles ni con el espíritu de la Ley de Aguas ni con la conciencia social de hoy, ni con las exigencias ambientales». Eso explica que la vía de actuación que vaya a utilizar Ribera sea la de la aplicación del artículo 55 de la norma, que faculta a las confederaciones hidrográficas —que dependen del Ministerio de Transición—, en situaciones excepcionales, «fijar el régimen de explotación de los embalses«. Y también podrán, «con carácter temporal», «condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional».

Hilar fino

«Hoy sabemos que vamos a escenarios hídricos muy complicados por el cambio climático —alegan fuentes próximas a Ribera—, por lo que es muy importante disponer de un caudal ecológico ambiental, porque hay un ecosistema al que proteger. ¿Qué habría pasado si hubiera hecho falta recargar los helicópteros antiincendios con Ricobayo prácticamente seco?». La vicepresidenta, consciente de que las eléctricas pueden no haber roto los términos de la concesión, se agarrará a estas razones para activar el artículo 55 de la Ley de Aguas. Cree, cuentan en su entorno, que le ofrece un margen mayor de actuación contra unas empresas que han «internalizado el coste de oportunidad«, hasta tal punto de que, en estos dos meses de escalada del recibo de la luz, la tecnología que ha marcado el precio de la energía en el 75% de las horas ha sido la hidroeléctrica.

Transición, así, avanzan fuentes del ministerio a EL PERIÓDICO, ordenará unas instrucciones para todas las confederaciones hidrográficas. En ellas, se fijará mensualmente el caudal máximo turbinado autorizado (ahora, la limitación es anual) y se impondrá el volumen mínimo ambiental para el embalse. Es decir, que se establecerán umbrales máximos de desembalse mes a mes, para que la hidroeléctrica no pueda turbinar más a conveniencia en ciertas épocas del año, y un caudal ecológico base, para garantizar una lámina de agua mínima. De este modo, las empresas «no se reservarán agua para el verano». Las concesiones hidroeléctricas «tienen que adaptarse al cambio climático», abundó el pasado 19 de agosto el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Las instrucciones, precisan en el ministerio, no afectarán a todos los embalses en España, sino a los más grandes y los que tienen más potencia. ¿Cuánto recortará la factura? En el equipo de Ribera apuntan que el motivo de la activación del artículo 55 es «esencialmente social y ambiental«, ya que el agua «no solo tiene valor para ser turbinada». Los dos umbrales que se fijarán «modulan la disponibilidad», y se están evaluando «potenciales escenarios e impactos». En suma, se actúa «no tanto por su influencia en la formación de precios» en el mercado mayorista, que es lo que ha acelerado el turbinado en estos dos meses. Ribera es consciente de que ha de hilar fino a la hora de establecer los topes. «Si con libertad han podido especular y forrarse irresponsablemente, con limitaciones se comportarán igual pero dirán que es por las restricciones», esgrimen fuentes gubernamentales, por lo que se corre el riesgo de que ofrezcan producción hidroeléctrica a precios más caros. Las órdenes a las confederaciones estarán listas «en septiembre o principios de octubre«, precisan. El Gobierno aguarda un alud de críticas por parte de las eléctricas.

🔴@Moran_Fernandez ha anunciado hoy que la @chd_duero ha abierto un expediente informativo para recabar datos sobre el vaciado de #Ricobayo💧

Este expediente servirá para comprobar si se han excedido los límites de desembalse para generar electricidad

👉https://t.co/Oo4KVXnZy2 pic.twitter.com/3cJLkVuiBi

— Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) 19 de agosto de 2021

Poco margen de maniobra

La vicepresidenta tercera rechaza el plan propuesto por Unidas Podemos esta pasada semana (y que avaló el exministro socialista Jordi Sevilla): establecer por decreto un precio fijo para la energía nuclear, como ocurre en Francia, e imponer un precio máximo a la hidroeléctrica, con un ahorro de entre 1.500 y 3.200 millones para los ciudadanos, según sus cálculos. En Transición consideran que la propuesta no es viable, porque violaría los principios básicos fijados por la UE: que el Gobierno no ponga los precios y que exista un sistema de formación de precios en el mercado mayorista marginal que garantice el acceso de todas las tecnologías. Ribera se dirigió a la Comisión Europea para que estudiara cambios en el diseño del mercado energético, en el que el precio lo determina la tecnología más cara, la última que entra en el ‘pool’.

Pero en el Gobierno subrayan que la UE no modificará el esquema, y menos a corto plazo, ya que hay países como Alemania o Polonia muy dependientes del carbón que necesitan que los derechos de emisión de CO₂ sigan muy altos para empujar hacia la transición ecológica. Y España «no se saltará la legislación europea». El ministerio, en suma, esgrime que tiene muy poco margen para poder bajar los precios de la luz, que este lunes alcanzará un nuevo récord, 124,45 euros por megavatio hora (MWh) —y 106,86 €/MWh en Francia y 106,58 €/MWh en Alemania—.

¿Por qué en Francia sí es posible un precio fijo de la nuclear? En Transición resaltan que fue una medida «temporal», «hasta 2025», de mercado interior, «no para bajar la factura, sino para facilitar la competencia con Électricité de France (EDF)», la gran eléctrica del país de la que el Estado sigue poseyendo el 83,77% de las acciones y que continúa siendo la principal suministradora de energía para los franceses. En el equipo de Ribera agregan que sería «endemoniado» entrar en una pugna para determinar el coste de la nuclear o de la hidroeléctrica, porque supondría entrar en la dinámica de la «rentabilidad razonable» que impulsó el ministro Álvaro Nadal (PP) y que «aumenta la litigiosidad por años». «El riesgo es inmenso y además es incompatible con la UE. Es una guerra de la que no sales. Estaríamos condenados a ser condenados», subrayan en el Ejecutivo.

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Desde el ala socialista del Gabinete insisten en que lo que se está haciendo desde Transición es «muy valiente» contra las eléctricas y «profundamente transformador«. «Emergen comunidades energéticas locales, nos hemos convertido en el centro del interés inversor, se ha visto cómo se innova, cómo hemos hecho la gran reconversión del carbón sin una gota de sangre y acordado el calendario nuclear y cómo se sorprenden desde fuera. Es cierto que tenemos algunas cortapisas [el diseño europeo del mercado de la energía] que desearíamos no tener. La pancarta es muy fácil, pero lo que importa es cambiar la realidad», sostienen desde el ministerio de Ribera. Transición defiende que ahora da un paso adelante, aunque para sus socios podría quedarse corto ante un aumento desbocado de los precios y una alarma social creciente.