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El fiscal se niega a entregar al juez del “caso Ghali” el teléfono móvil y los correos electrónicos de Camilo Villarino, mano derecha de la excanciller Arancha González Laya, por estar amparados por la ley de secretos oficiales
En una carta a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, llevada ante el juez Rafael Lasala que investiga la presunta entrada ilegal a España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, el abogado del Servicio Jurídico del Estado afirma que «significaría una violación del mandato legal previsto «en dicha ley y por tanto»no puede acceder a la solicitud «.
El abogado asegura que la restricción asociada «llega a todas las autoridades y autoridades públicas, incluidos los tribunales». La respuesta llega luego de que el magistrado respondiera a la solicitud sobre las denuncias en el caso, que pidió semanas atrás al instructor del caso que interviniera en el teléfono de Camilo Villarino, exjefe de gabinete del ex canciller.
El fin de esta diligencia, le aseguró. Antonio Urdiales, Abogado, consistió en encontrar los correos electrónicos relacionados con la supuesta entrada irregular del líder del Frente Polisario en España.
Esta moción volvió a surgir cuando la defensa de Laya y Villarino, ambos investigando el caso, se dio cuenta de que había recibido todos los mensajes relacionados con la administración del ingreso del presidente saharaui al territorio nacional el 18 de abril desde su compartimiento de correo electrónico.
Las consultas del magistrado se dirigen a revelar la identidad de la persona que envió a Villarino desde Argelia una copia del pasaporte argelino que utilizó Ghali en el hospital de La Rioja, que contiene una identidad falsa, y el documento de viaje que utilizó su hijo para regresar a Argelia con su padre, fechado el 28 de mayo, más de un mes después de su llegada a España.
Este pasaporte, según reveló este diario, fue emitido en Argelia el mismo día que llegó a España. En él, Ghali aparecía bajo la identidad de Mohamed Benbatouche, con quien estaba registrado cuando ingresó en el hospital de Logroño por Covid-19.
Ahora, la fiscal del estado afirma que su negativa a entregar el dispositivo fue parte de un acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010 que establece los asuntos de seguridad del estado y relaciones diplomáticas que deben regirse por la Ley de Secretos Oficiales de 1969. Una laguna que el exministro Laya también utilizó en su declaración para evitar dar más detalles sobre la administración de la invasión del líder del Frente Polisario.
«Particularmente sensible»
Uno de los requisitos previos para estar protegido por la ley del secreto al que se refiere el acuerdo secreto es la protección humanitaria, con una “especial incidencia” en los casos “especialmente sensibles” en los que intervienen terceros países.
La declaración del fiscal también indica que durante su mandato como jefe de gabinete en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Villarino «mantuvo la costumbre de borrar sus correos electrónicos de vez en cuando por razones de seguridad y para minimizar el daño en caso de un ataque de piratas informáticos». las diferentes computadoras. También hay que añadir que esta costumbre surge de la necesidad práctica de eliminar periódicamente los correos electrónicos para no sobrecargar el buzón. Y que en este caso sólo se conservó la documentación ya aportada, si no se da cuenta de materia reservada y dados los comunicados de prensa sobre el posible uso de una identidad falsa en el hospital de Logroño ”.
Dado que se puede acceder a los correos electrónicos desde diferentes dispositivos (computadora, teléfono móvil, tableta, etc.), la carta agrega que Villarino «no puede especificar desde qué dispositivo específico tiene acceso al correo electrónico en cuestión».
Nuevas cotizaciones
Por otro lado, el juez Lasala ya ordenó una nueva batería de testimonios. Sin ir más lejos, la jefa de gabinete de la ministra del Interior, Susana Crisóstomo, declarará como testigo ante el juez en el «caso Ghali». el próximo 29 de octubre
Está previsto que el juez escuche por primera vez el mismo día con la jefa de gabinete de Carmen Calvo en la Vicepresidencia Primera, María Isabel Valldecabres.
El abogado Antonio Urdiales solicitó la comparecencia de Crisóstomo como parte de su tesis de diploma, que coordinó el excanciller «con otros ministerios» la entrada del líder del Polisario en España. El abogado instruyó al Ministerio del Interior «porque la ambulancia que trajo a Ghali de Zaragoza a Logroño estaba escoltada por policías», lo que el excanciller Camilo Villarino desconoció en el tribunal.
Los alegatos exigían la proclamación de número dos por parte de Carmen Calvo tras la comparecencia de Villarino. Fue él quien hizo saber al exjefe de gabinete de la primera vicepresidencia que la entrada de Ghali en España se conocía hasta 3 días antes de la entrada.
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