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Las competencias de la Comunidad de Madrid sobre la Universidad Complutense de Madrid, insisten en el Gobierno regional, son limitadas. La autonomía propia de los centros universitarios les impide entrar en la organización interna, pero ha bastado que el nombre de Begoña Gómez haya salido vinculado a dos másteres impartidos por esta universidad, una supuesta irregularidad en torno a la propiedad de un software creado para uno de estos dos cursos y que los medios hayan apuntado al rector, Joaquín Goyeche, por haber relativizado esta cuestión, para que el PP de Isabel Díaz Ayuso haya registrado una comisión de investigación sobre los presuntos «favores» de la dirección de la institución educativa a la mujer del presidente del Gobierno. También para que la Comunidad de Madrid pida explicaciones en el Consejo Social de la Universidad Complutense que se celebra este viernes por la mañana.
El Consejo Social es un órgano que actúa como un elemento de participación entre la sociead y la universidad. Es también autónomo y tiene una composición transversal, participan en él desde el rector a los representantes de los sindicatos mayoritarios en el sector educativo o distintos representantes de la sociedad, pero es la Comunidad de Madrid quien nombra a su presidente. Desde 2020 es Jesús Niño de la Rosa, que cuando llegó a este órgano había pasado toda su carrera profesional en El Corte Inglés, ocupando diversos cargos, pero en 2022 fue nombrado CEO de Air Europa, empresa rescatada por el Estado en 2020 y con vínculos profesionales con Begoña Gómez pero cuya relación la UCO desvincula en un informe.
Según fuentes del ejecutivo autonómico, en la reunión de este viernes la Comunidad de Madrid ha solicitado que se «aborde» las cuestiones que han llevado al PP de Madrid a registrar esa comisión de investigación para que Goyeche, que forma parte del pleno, empiece por dar allí sus explicaciones. Entre los 20 miembros del pleno se encuentran también un representante de los estudiantes y profesionales en representacion de «los intereses sociales», entre ellos, el diputado del grupo popular Pablo Posse, portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid.
Los argumentos para la investigación
Begoña Gómez es codirectora de dos másteres en la UCM, uno sobre Formación Permanente en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro y otro sobre Transformación Social Competitiva. Las explicaciones que piden desde el equipo de Ayuso están principalmente vinculadas a este último y se basan en informaciones periodísticas, pero se piden precisamente desde el mismo día en que se conoció que Begoña Gómez debe acudir a declarar al juzgado como investigada. Desde la oposición, tanto Más Madrid como PSOE han censurado la creación de la comisión de investigación porque en ambos partidos entienden que solo buscan perseguir a un adversario político.
Más allá del rendimiento político que intentarán sacar a este asunto, en el PP ponen el foco en dos cuestiones. Por un lado, que Begoña Gómez haya registrado a su nombre un software que empresas como Indra, Telefónica o Google desarrollaron para el Master de Transformación Social Corporativa que ella codirige en la Universidad Complutense desde 2020 y cuya última edición termina ahora porque los directores de este curso han decidido no repetir el próximo curso. La plataforma creada expresamente para este máster permite que las pymes puedan valorar de forma sencilla el grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por Naciones Unidas, cuyo cumplimiento supone más que un plus para la reputación de las compañías.
Las empresas diseñaron este software pensado que era una colaboración «sin ánimo de lucro» con una institución educativa, de forma que la propiedad del mismo debía ser la propia universidad. Pero en 2022 Begoña Gómez comenzó los trámites para registrarlo a su nombre. Esta es la información inicial adelantada por El Confidencial el 30 de mayo. En cualquier caso, desde la Universidad señalan que son ellos los propietarios de esta plataforma y que están «recopilando toda la información necesaria para demostrar que no ha habido ilegalidades».
Cinco días después, El Mundo avanzaba unas declaraciones del rector de la Universidad en el claustro relativizando la actuación de la mujer de Pedro Sánchez, en las que aseguraba que esa plataforma se había creado con dinero de la cátedra y no de la UCM y que, en cualquier caso, no le importaba de dónde había salido el dinero.
Reputación de la Universidad
Las dudas que con estas declaraciones se generan en torno a la financiación del software y su propiedad influye «en el prestigio de la Universidad», calificada como la mejor de España en los ranking, «y su buen funcionamiento repercute en la Comunidad», argumentan desde el ejecutivo autonómico, sugiriendo que podría haber un «quebranto y perjuicio al patrimonio» público, ya que la Universidad tiene autonomía para su organización interna y libertad de cátedra pero se financia con los presupuestos autonómicos. Lo de Goyeche y las dudas en torno al caso, insisten, son «un disparate«.
En el orden del día del pleno de hoy en el Consejo Social no figura como tal este asunto, según explican desde los sindicatos, pero en todas las reuniones existe un espacio para los ruegos y preguntas y en la Comunidad reiteran que se trasladará al menos «una petición de información» sobre las informaciones publicadas.
Aunque el Consejo Social aprueba formalmente los presupuestos de la universidad y supervisa el rendimiento de sus servicios, no aparece entre sus funciones ninguna competencia relacionada con el contenido de los másteres.
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