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La decisión fue comunicada a los responsables del servicio hace unos días por el presidente del Consejo de Administración, diputado Ramiro Rivera. El motivo no es otro que el inicio del procedimiento de disolución, extinción y liquidación de Divalterra. Esta vía supondrá la supresión de los derechos y obligaciones de los 600 empleados de la empresa en el propio ayuntamiento y en el Consorcio Provincial de Bomberos.
Con el fin de evitar movimientos que puedan resultar «impracticables para el desarrollo de la liquidación de la empresa», Rivera ha ordenado la suspensión de cualquier incorporación de personal permanente o temporal en todas las áreas de la empresa. También se paralizan todos los procesos de movilidad y traslado de la plantilla así como los acuerdos de reclasificación o ampliación de contrato.
Rivera anunció la serie de decisiones el 14 de abril, un día después de la fecha límite para las denuncias de los más de cien solicitantes que reprobaron las pruebas físicas del proceso de selección de cincuenta brigadistas (41 especialistas y 6 conductores).
Quienes pasaron el corte con un contrato indefinido adecuado y buscado en la empresa, ven ahora sus expectativas cortadas en medio de un panorama de incertidumbre. Divalterra aprobó los conceptos básicos de la competencia selectiva en enero de 2020 con el objetivo de reducir el déficit de personal, cubrir vacantes y fortalecer la protección contra incendios después de varios años en los que se utilizaron sistemáticamente polémicas bolsas de trabajo temporal. La idea era que los nuevos empleados permanentes deberían ser aceptados antes del verano de 2020, pero la pandemia paralizó el proceso y dejó a 800 solicitantes por primera vez «colgados». Tras la reasignación de los brigadistas al Consorcio Provincial de Bomberos, se suspendió nuevamente la convocatoria.
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