LOGROÑO, 11 Oct (PRENSA EUROPA) –
la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR-CNC La Rioja) ha asegurado que los concursos públicos del Ayuntamiento de Logroño quedarán en abandono «por la falta de diálogo y voluntad del alcalde», Pablo Hermoso de Mendoza.
En nota de prensa, CPAR ha indicado que el Ayuntamiento acaba de cancelar dos concursos públicos de 1,2 millones de euros.
Esto, ha dicho, “se suma a la larga lista de obras públicas autonómicas y municipales abandonadas”, una de ellas, ha mencionado, son los aseos del Polígono Cantabria, la otra la adecuación de los aseos públicos de la ciudad.
“Pero en realidad”, indicó, “el problema es mucho mayor, ya que a estas cifras habría que sumar las fábricas que están paradas o ralentizadas”.
La asociación ha asegurado que ya había alertado al alcalde de Logroño de que “estaba a punto de producirse este grave problema público” en una carta fechada el 28 de octubre de 2021 advirtiéndole. las dificultades e injusticias infligidas a las empresas para poder presentar sus ofertas en los concursos de contratación pública del Ayuntamiento de Logroño».
Describió la situación como «absolutamente impredecible y más allá de cualquier pronóstico razonable del desarrollo de las materias primas y el consiguiente retraso en los plazos de entrega de materiales, que las empresas prolongaron incluso antes del comienzo de la guerra en Ucrania».
Ante ello, y con el fin de tomar medidas proactivas que permitan el mantenimiento de la actividad industrial en La Rioja, las empresas riojanas y sus trabajadores, el CPAR solicitó al Alcalde de Logroño que tome las medidas oportunas para que todos los contratistas de la ciudad. El Ayuntamiento de Logroño es sensible a esta impagable situación.
Se afirmó específicamente que se tomen medidas que permitan una reorientación económica de los contratos cuando sea necesario y se amplíen los plazos de ejecución de los mismos cuando sea necesario en vista de la coyuntura internacional actual; además de no retrasar en lo más mínimo la adjudicación del contrato tras la licitación del contrato público, de forma que los precios de la oferta se ajusten a la realidad del adjudicatario.
Lo que CPAR ha solicitado al alcalde de Logroño, ha precisado, es que permita el eventual restablecimiento del equilibrio económico de los contratos públicos municipales por la concurrencia de un riesgo anormal e imprevisible que afecte al principio económico-financiero entre las partes, pero sin que Ataque frontalmente el principio de riesgo y emprendimiento.
De esta forma, los órganos de contratación del Ayuntamiento de Logroño podrían reconocer el derecho del contratista a obtener una indemnización o compensación por los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia directa e inmediata del incremento imprevisible de los precios de las materias primas y el retraso inusual en el suministro. de materiales en los que vivimos hoy.
Esta es la única forma, según Hermoso de Mendoza, de evitar el riesgo muy real de que las empresas riojanas no se presenten a los contratos públicos que anuncia el Ayuntamiento de Logroño.
También, que los contratos públicos se adjudiquen a empresas extranjeras que, a pesar de la alta probabilidad de no poder reunir las calidades exigidas, cancelen la adjudicación del contrato de forma inasumible, por lo que las empresas y proveedores pueden meterse en problemas económicos extraordinarios.
Esto último, según CPAR, podría ocurrir en unos meses, aunque en los últimos días se ha abandonado el concurso para la construcción de nuevos accesos al Polígono de Cantabria y el concurso para la construcción de aseos públicos en Logroño; Ambas licitaciones son muy solicitadas por ciudadanos y empresas y ahora se retrasan por la falta de previsión y la desidia de Pablo Hermoso de Mendoza.
Ha destacado que las pequeñas y medianas empresas han sido las más perjudicadas, ya que las leyes del Real Decreto de Revisión Extraordinaria de Precios, si bien consiguen salvar el contexto de las grandes obras de infraestructura viaria y ferroviaria, están resultando insuficientes para las obras de menor envergadura que licitan Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. .
Para esta asociación, todas las licitaciones ya deberían tener precios actualizados y establecer un sistema de compensación económica estable en el tiempo, como fue el caso desde 1955 hasta la ley de desindexación de 2015.
La razón, dijo, es que alrededor del 95 por ciento de las obras no están sujetas a revisión de precios y los sobrecostes de las obras superan una media del 33 por ciento, lo que permite a las pymes riojanas soportar íntegramente la subida del precio de las materias primas en los contratos públicos. Una situación, ha advertido, «inaceptable».
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