El Gobierno aviva la división en el PP y coincidirá con la reforma constitucional del aborto en la precampaña de Castilla y León y Andalucía
El PSOE y el ministerio de Igualdad siempre se mostraron reacios a la propuesta de Sumar para blindar el aborto en la Constitución. Una iniciativa parlamentaria del socio minoritario de la coalición que, pese a rescatarla hace ocho meses coincidiendo con el 8M, volvieron a meterla en un cajón ante la falta de receptividad. La parte socialista del Ejecutivo consideraba que no se daban las condiciones para un cambio constitucional. Con la polémica por el rechazo de algunas comunidades del PP al registro de sanitarios objetores al aborto, como mandata la ley, Igualdad ha tomado ahora la iniciativa para activar la propuesta de reforma de la Constitución desde el Consejo de Ministros
Fuentes del departamento que dirige Ana Redondo calculan que la tramitación parlamentaria arrancaría en torno al mes de enero. Aunque la pretensión del Gobierno pasaba por hacerlo “lo antes posible”, no se ha recurrido al procedimiento de urgencia para que el Consejo de Estado elabore un dictamen. El plazo para emitir el informe será, por tanto, de dos meses, en lugar de dos semanas. De este modo, la tramitación coincidirá en plena campaña de las elecciones de Castilla y León, previstas para febrero, y a pocos meses de las andaluzas, que tocarían en junio si el presidente Juanma Moreno evita un adelanto técnico.
Los socialistas agitan la división dentro del PP sobre este asunto, conscientes de que existen “dos almas” dentro de la formación conservadora, con un ala más de “partido de Estado” y otra más dura, cercana a los postulados de Vox. Asimismo, consideran que se trata de una medida con amplio respecto social, incluidos los propios votantes del PP. La bandera del Gobierno sobre el aborto ni siquiera está generando resistencias en el seno de la Conferencia Episcopal, más allá de la defensa de algunos obispos sobre el ‘síndrome postaborto’ tras la iniciativa aprobada por el Ayuntamiento de Madrid para informar sobre los supuestos efectos negativos para la salud de las mujeres que aborten.
En Moncloa van al choque con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al llevar al Consejo de Ministros un requerimiento formal para que cree el registro de sanitarios objetores al aborto, y apuntan que bajo su influencia dentro de Génova se ha "revivido" un debate superado. Incluso llevando a Feijóo a endurecer su posición, en referencia a su propuesta para crear un registro de médicos que quieran practicar abortos y derogar el de objetores. La ministra de Sanidad, Mónica García, argumentaba tras el Consejo de Ministros que este registro no solo no es opcional, sino que lo calificó como una "herramienta esencial para garantizar que los derechos de los profesionales sanitarios son compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, seguridad y respeto".
En el Ejecutivo reconocen que la reforma se planteó a través de una proposición de PSOE y Sumar, pero justifican la decisión de hacerlo mediante proyecto de ley del Gobierno para contar previamente con el “aval técnico” del Consejo de Estado y tener una mayor “seguridad jurídica” cuando se produzca el debate parlamentario. Se considera, sin embargo, la reforma cuenta con el "aval de facto del Tribunal Constitucional" al haber reconocido el aborto como un derecho que debe garantizarse. El “salto” y el objetivo de esta reforma, consistiría en “garantizarlo en la sanidad pública”, según apuntan las mismas fuentes de Moncloa.
La propuesta pasar por reformar el artículo 43 incluyendo un nuevo punto (43.4) con el siguiente texto: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres." Para sacar adelante esta reforma se requiere el apoyo de dos tercios del Congreso y, por tanto, el concurso del PP.
Referéndum
Lo que rechazan desde el Gobierno es promover a nivel parlamentario un referéndum de ratificación. Se trata de una figura recogida en la Carta Magna, pero posterior a la aprobación de una reforma constitucional por parte del Congreso. Tampoco se plantea forzar de manera paralela un referéndum consultivo, vía artículo 92 de la Constitución, como arma de presión a los populares. Se duda sobre la participación, mirando a otros países del entorno europeo, y se asume que la responsabilidad del Gobierno en un marco de democracia representativa es asumir las funciones que le corresponden tras el mandato de la ciudadanía en las urnas.
El PSOE, además, se asumió en su ideario tras el 41 congreso federal, celebrado hace casi un año, blindar en la Constitución la interrupción voluntaria del embarazo, junto a la revalorización de las pensiones, el matrimonio homosexual y la paridad de género en las instituciones.
Ofensiva territorial
El Consejo de Ministros de este martes volvió a convertirse en un choque con Ayuso para confrontar modelos con la presidenta madrileña. Al igual que lo ocurrido la pasada, sin escatimar en las menciones directas para contraponer la privatización de servicios públicos frente a su blindaje o las políticas en derechos y libertades para combatir la “ola reaccionaria”.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Mónica García, se dirigió directamente a Ayuso para aseverar que "la ley se cumple" y responderle que "las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio", en referencia a sus declaraciones exhortando a irse "a otro lado a abortar". Ana Redondo, por su parte, puso como ejemplo de la influencia de la formación de ultraderecha en el gobierno de Castilla y León, antes de abandonar la coalición, el intento de sacar adelante un protocolo antiaborto. Asimismo, aseguró que el hecho de que en esta comunidad no se haya impulsado la ley contra la violencia de género "tiene mucho que ver con los primeros años de gobierno de PP y Vox". La confrontación de programas, con actores como Ayuso en la diana política del Gobierno, busca movilizar a la izquierda cuando Sánchez adopta cada vez más un modo de precampaña, pero también cuestionar el liderazgo de Feijóo.
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