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Castilla-La Mancha ha propuesto que el nuevo sistema de financiación regional prevea un fondo adicional para aplicar medidas antidespoblación y que el territorio sea un elemento estructural para calcular el coste efectivo en la prestación de los servicios, de forma que no sea sólo un elemento corrector, tal como se incluye en la propuesta del gobierno central.
El vicepresidente de la junta municipal, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado en rueda de prensa las principales aportaciones que el Ejecutivo castellano-manchego enviará al Gobierno central, en un documento enviado este lunes al ejecutivo tras una reunión con los tres fracciones (PSOE, PP y Cs) y con los agentes sociales.
En este punto, según la propuesta de Hacienda, el territorio, la despoblación, la dispersión de la población y la insularidad actúan como elementos correctores, mientras que la población ajustada es un elemento estructural y calcula el coste efectivo de cada uno de los servicios en función de unos criterios para que la población dividida en 20 grupos de edad para calcular la salud; para la educación se consideran los ciudadanos de 0 a 17 años y para los servicios sociales los mayores de 65 años.
Martínez Guijarro ha argumentado que según el Ejecutivo castellano-manchego, la zona no tiene por qué ser un elemento corrector sino estructural, ya que esta variable, junto con la población ajustada, da lugar a una “densidad de población que se plantea cercana a la financiación del sector real”. costo del servicio.
«Los servicios se dan a la gente, pero la gente vive en los territorios», ha razonado el vicepresidente castellano-manchego, que ha informado de que el Gobierno regional ha realizado un estudio en la provincia de Guadalajara -que combina una zona con una alta densidad de población como el Corredor del Henares y la capital y otra despoblada, concretamente el resto de la provincia, para calcular el coste de prestación de cada servicio.
Informó que el estudio arrojó que la salud en zonas despobladas cuesta tres veces más que en el Corredor del Henares y en Guadalajara capital, mientras que los costos de educación en zonas despobladas superan en un 50 por ciento los costos de Abastecimiento en Guadalajara capital y el Corredor. del Henares.
Por ello, ha considerado que si dentro de la propia Comunidad Autónoma “la diferencia de costes en la prestación de los servicios es muy clara”, “esto también ocurrirá cuando se lleve a cabo el análisis del coste de los servicios en Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas”. comunas con alta concentración» de la población.
Martínez Guijarro, acompañado del consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, también ha informado de que el ejecutivo regional está proponiendo que el nuevo sistema de financiación autonómica incluya costes fijos para todas las comunidades autónomas, ya que ha señalado que actualmente solo se contempla para los municipios de menos de 2 millones de habitantes, aunque todas las autonomías “tienen un legislativo y un ejecutivo, independientemente de la población”.
Por ello, ha reclamado que «estos costes fijos hay que tenerlos en cuenta para el conjunto de las diecisiete comunidades autónomas», y ha reclamado también que las autonomías pluriprovinciales que tienen «costes de mantenimiento» estructurales en las distintas provincias que forman en.
También sugirió tomar en cuenta las diferencias de ingresos, señalando que «hay estudios que muestran que a mayor nivel de ingresos, menor beneficio práctico de los servicios públicos».
Martínez Guijarro ha anunciado que estas serán las aportaciones que hará Castilla-La Mancha en un primer documento al Gobierno central, al que seguirán otros en los que ha confiado para contar con las aportaciones de los grupos políticos y agentes sociales, y ha indicado que dado que en Castilla y León se están celebrando elecciones, no se prevé que el Consejo de Política Presupuestaria y Financiera se reúna en el plazo previsto.
“Es un proceso de mediana duración, no es un problema que se vaya a solucionar en las próximas semanas o meses”, admitió Guijarro, quien, sin embargo, optó por “empezar por aportar documentos técnicos que se puedan integrar en el sistema”.
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