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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado a distribuir 70.000 pruebas rápidas de antígenos a los centros, servicios e instituciones sociales de personas mayores y discapacitadas, tanto públicos como privados, para combatir las infecciones.
Así lo ha dicho Alba Rodríguez, directora general del Gobierno autonómico, que ha asegurado que «ante el aumento del número de casos en los centros», la dirección autonómica consideró «extremadamente necesario limitar al máximo el número de casos». . Infecciones dentro de los centros, para continuar con la labor preventiva para poder devolverlas a la normalidad lo antes posible.
Con la distribución de las 70.000 pruebas de antígenos en 30, el gobierno explicó en detalle en un comunicado.
Las medidas preventivas aplicables incluyen el requisito de máscara para todos los residentes en salas comunes cerradas, si no se puede garantizar la distancia de seguridad.
La obligación de realizar pruebas diagnósticas de infección activa a los que ingresan o reingresan al centro, así como al personal de los centros, de realizar una prueba semanal para quienes tengan el calendario de vacunación completo y dos por semana para quienes centro aún no ha completado su vacunación.
Estas medidas han sido ratificadas por el Tribunal Supremo de Castilla-La Mancha (TSJCLM) junto con la limitación de una visita por habitante a la semana y con una duración máxima de dos horas, realizándose estos encuentros mediante acuerdo previo con el centro.
Las medidas rigen hasta el 17 de enero, cuando se evalúa la relevancia de su continuidad o cambio en función de la situación sanitaria.
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