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El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso abrirá un nuevo centro de acogida para menores inmigrantes en el municipio madrileño de Fuenlabrada. Este nuevo espacio tendrá una capacidad aproximada de 100 plazas en una primera fase, pero, según fuentes municipales, podría albergar «más de 500 plazas» si fuera necesario. Estará listo en el segundo semestre del año. La decisión de invertir 6,9 millones de euros en el acondicionamiento de este centro se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este miércoles, justo un día después de que se haya hecho pública la propuesta del Gobierno central de repartir entre el resto de comunidades autónomas a 2.500 menores de los 5.500 que en estos momentos están bajo tutela del gobierno canario.
El Ejecutivo de Ayuso criticó ayer la medida anunciada por el de Sánchez por ser «unilateral» y no haber sido previamente consensuada con los responsables autonómicos. El Ayuntamiento de Fuenlabrada, gobernado por el PSOE, en concreto por el alcalde más votado de esta formación en la Comunidad de Madrid, Javier Ayala, denuncia que el Gobierno regional hace exactamente lo mismo con los ayuntamientos de la región. Aseguran que no se ha presentado una propuesta ni consensuado con el equipo municipal esta decisión, que se ha adoptado de manera «unilateral» y que, además, se hace «en contra» del planeamiento urbanístico de la localidad.
El lugar elegido por la Comunidad para este nuevo centro es el edificio La Cantueña, un espacio «propiedad de la Administración regional», según la nota facilitada por el Gobierno regional. «Tiene las condiciones para poder ubicarlo allí», explican desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que dirige Ana Dávila, cuando se les pregunta por qué han elegido este lugar. Sin embargo, en el consistorio socialista reprochan a la administración autonómica que jurídicamente no pueden hacer lo anunciado.
Medidas legales
Hace unos días, un equipo técnico de la Comunidad de Madrid se puso en contacto con el municipal para solicitar información sobre este edificio y se les contestó, explican desde el Ayuntamiento, que el uso previsto en el planeamiento urbanístico vigente para este espacio no es compatible con un centro de acogida. «Lo que pretenden hacer es contrario al planeamiento del ayuntamiento, que prevé que se pueda instalar aquí un centro de educación ambiental«, explican desde el consistorio. Por eso en los próximos días adoptarán las medidas legales necesarias, tanto por la vía administrativa como penal.
Creen que la Comunidad buscará la manera de ampararse en la ley ómnibus que permite cambios en el uso dotacional de los equipamientos públicos, pero recuerdan que aunque la Comunidad indica que es un espacio de su propiedad, ese edificio fue cedido mediante un convenio de 2001 para unos usos concretos. Si se modifican esos usos, apuntan fuentes municipales, se podría revertir la cesión. Y con esto van a jugar en su argumentación jurídica para paralizar las obras aprobadas por «trámite de urgencia» en el Consejo de Gobierno de este miércoles.
Desde la Comunidad advierten de que han alertado varias veces en los últimos meses al Gobierno central «de la llegada descontrolada de inmigrantes a la región debido a la crisis migratoria que vive España», algo que en su opinión «está provocando que los recursos regionales de acogimiento residencial destinados a la protección a los menores tutelados se vean tensionados». Desde que comenzaron los traslados en diciembre, las polémicas en torno a este asunto se han repetido. Fuentes del PSOE señalan que ahora Ayuso está haciendo lo mismo que ella denuncia, no tener en cuenta a los municipios de la región y no acordar una estrategia común con todos ellos para afrontar este asunto.
En el municipio de Fuenlabrada no entran a valorar si es o no pertinente la creación de un nuevo centro de menores inmigrantes en su localidad, que, además queda más cerca de Parla y separado de Fuenlabrada por el polígono de Cobo Calleja. Según la Comunidad los trabajos de acondicionamiento «se centrarán en 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas donde tendrán cabida distintas zonas comunes, como las de formación, consigna, comedor o enfermería; dormitorios; zonas de baño, y espacios para los educadores donde puedan desarrollar los programas de integración».
El Consejo de Gobierno también ha aprobado este miércoles una partida de «420.000 euros para la puesta en marcha de 30 plazas para menores en tres pisos tutelados, dos situados en Madrid capital y el tercero en el municipio de Galapagar durante los tres próximos meses»
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