Amigos de la Tierra denuncia «la violación regional de un tratado internacional sobre acceso a la información ambiental».

LOGROÑO, 12 de junio (EUROPA PRESS) –

Amigos de la Tierra La Rioja ha denunciado ante el Gobierno central «el incumplimiento del Gobierno regional de un acuerdo internacional sobre acceso a la información ambiental».

El Convenio «Aarhus» tiene como objetivo mejorar el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia ambiental para las personas físicas y jurídicas. Este Convenio fue adoptado en la Conferencia Ministerial de Medio Ambiente para Europa el 25 de junio de 1998 en Aarhus (Dinamarca) y ratificado por España el 15 de diciembre de 2004 y entró en vigor el 31 de marzo de 2005.

En la 7ª Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus (Ginebra, 18-21 de octubre de 2021), se adoptó la Decisión VII/8p sobre el cumplimiento por parte de España de sus obligaciones en relación con el Convenio, que incluye dos supuestos de incumplimiento de dichas obligaciones por parte de nuestro país.

“El primer caso de incumplimiento, por extraño que parezca, se relaciona con garantizar el acceso a la asistencia legal gratuita para las ONG ambientalistas. De acuerdo con los términos de la resolución, se elaboró ​​un plan de acción y recientemente se presentó al público para información.” Como parte de este proceso, Amigos de la Tierra La Rioja ha informado al gobierno central que “el gobierno de La Rioja no está dando cumplimiento a dicho acuerdo internacional, porque hace una valoración restrictiva y restrictiva de los derechos de los ciudadanos mediante la introducción de un impuesto económico que restringe y condiciona severamente el acceso a la información ambiental, lo que podría ser una supuesta interpretación ilícita de dicha ley y de un tratado internacional «.

En esta carta, “hacemos un llamamiento al Ejecutivo Central para que tome cartas en el asunto y obligue al Gobierno de La Rioja a cumplir este acuerdo internacional, a restaurar los derechos de los ciudadanos cercenados por el gabinete de Concha Andreu y también a suprimirlo para hacer cumplir este impuestos lo antes posible».