Castilla y León y otros 13 municipios emprenderán acciones legales contra el Gobierno por incumplir la normativa de protección del lobo
Castilla y León se encuentra entre las 14 comunidades que anunciaron acciones judiciales ante el Gobierno para exigir el cumplimiento de la normativa nacional y europea sobre conservación del lobo, y de especies protegidas, dentro del plazo que expiró el pasado 31 de julio, plazo que tenía el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) para remitir a la Comisión Europea los informes sexenales sobre el estado de conservación de distintas especies de interés comunitario, entre ellas, el lobo ibérico.
Las comunidades denuncian que el ministerio sigue sin remitir a Europa un informe obligatorio sobre el estado de conservación de especies como el lobo ibérico, lo que ya provocó la apertura de un procedimiento sancionador contra España.
El Gobierno español, como el resto de Estados Miembros, tienen la obligación de informar cada seis años a la Comisión Europea sobre el estado de conservación de las especies protegidas, entre las que se encuentra el lobo.
El primer paso para aprobar este informe se dio el 16 de julio de 2025, cuando la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad elaboró una propuesta para su elevación a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Esa reunión estaba convocada para el 22 de julio de 2025, pero fue cancelada por el Ministerio el día anterior, sin justificación.
Posteriormente, el 21 y el 24 de julio de 2025, las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla solicitaron formalmente la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial. El Ministerio rechazó esas peticiones, lo que llevó incluso a que alguna comunidad iniciara acciones judiciales que aún están pendientes de resolución.
A esas comunidades se sumó posteriormente Canarias, y todas ellas volvieron a solicitar el pasado 5 de mayo la convocatoria urgente de dicha reunión, al amparo del artículo 12 del Reglamento interno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que obliga a su celebración cuando así lo solicita al menos un tercio de sus miembros para tratar asuntos urgentes o inaplazables.
Las comunidades advirtieron al Ministerio de que no podía volver a negarse a convocarla. Sin embargo, esa convocatoria no se ha producido. Por ello, las comunidades citadas iniciarán nuevas acciones judiciales para exigir el cumplimiento de las obligaciones legales de España en materia de patrimonio natural y biodiversidad.
En anteriores ocasiones, el MITERD alegó distintos motivos para justificar su negativa. Entre ellos, que los incendios ocurridos en 2025 podrían afectar al contenido del informe, pese a que el documento analiza exclusivamente el periodo 2019-2024.
También argumentó que estaba pendiente de conocer el contenido del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra varios artículos de la Ley 1/2025, aunque ese recurso no afecta al procedimiento de aprobación del informe.
El Ministerio continúa sin convocar la Conferencia Sectorial pese a las numerosas peticiones realizadas por las comunidades afectadas
Igualmente, el Ministerio llegó a afirmar que la Comisión Europea concedió una prórroga para remitir el informe. Sin embargo, la realidad es que Bruselas abrió un expediente sancionador precisamente por no haberlo recibido.
Más recientemente, el Ministerio abrió un trámite de información pública sobre este informe, un procedimiento que las comunidades consideran injustificado, ya que no está previsto en la normativa que regula este proceso y únicamente contribuye a retrasar aún más el cumplimiento de las obligaciones europeas.
El último argumento del MITERD, según una nota de prensa difundida ayer, es que la Unión Europea exigiría la existencia de 500 manadas de lobo en España para considerar que la especie se encuentra en un estado de conservación favorable, cuando actualmente habría 333. Las comunidades autónomas rechazan esta afirmación y aseguran que la Comisión Europea nunca estableció oficialmente ese criterio.
Trabajo técnico
Además, consideran inaceptable que el Ministerio haya cuestionado públicamente el trabajo técnico realizado por los profesionales de las comunidades autónomas, poniendo en duda su rigor científico y su cualificación. Y más grave aún poner en duda la calidad técnica y científica de este censo nacional del lobo cuando ha sido coordinado y asumido por los equipos técnicos del Ministerio.
Por otro lado también se trasmitió al MITERD, que con menos manadas y menor área de distribución que la actual, el estado de conservación fuera entonces (sexenio 2007-2012) favorable, y que en la actualidad, con la reinterpretación de los criterios que hace unilateralmente el Ministerio, el resultado de su evaluación sea desfavorable. Esto pone de manifiesto la enorme subjetividad en la aplicación de los criterios y la utilización ideológica de este tema, a juicio de las comunidades firmantes.
Por último, la Comisión Europea comunicó el pasado 9 de abril de 2026 a la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria que sigue esperando la remisión oficial de este informe por parte del Reino de España, confirmando así que el incumplimiento continúa. Este incumplimiento no afecta únicamente al lobo ibérico, sino también al conjunto de especies sobre las que España debe informar periódicamente a la Unión Europea.
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