Un juez añade el delito de subterfugio a los cargos ya formulados contra un ex alto cargo de Ayuso por las muertes residenciales
El juez de Civil e Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Getafe, Luis Carlos de Isidro, ha aceptado la ampliación de denuncia presentada por el PSOE en la Comunidad de Madrid contra el que fuera exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de coronavirus, Carlos Mur, firmante de los protocolos de derivación de residentes a hospitales durante la pandemia de covid.
Al delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria por el que ya está siendo investigado en relación con la muerte de ancianos en diferentes residencias suma ahora el de prevaricación administrativa.
Según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez realiza una admisión parcial de la petición del PSOE e indagará sobre la posible responsabilidad de este ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en relación con todas las órdenes que se dieron "respecto de la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos" dadas al Hospital de Getafe y a una de las residencias de esta localidad, 'Los Ángeles', donde se produjeron fallecimientos.
La investigación sobre este delito n también alcanzará la participación que en ello hubiera tenido el otro investigado Francisco Javier Martínez Peromingo, quien fue el sucesor de Mur en el cargo, según detalla la resolución. La ampliación de denuncia por un delito de prevaricación se formulaba en relación con todas las órdenes que se dieron, sin embargo, el juez de Getafe rechaza este planteamiento general al considerar que excede la competencia territorial del juzgado y lo circunscribe a Getafe.
El geriatra Francisco Javier Martínez Peromingo a su llegada al juzgado de Madrid / EFE
Carlos Mur se encuentra investigado por un delito de discriminación en la asistencia sanitaria en varias causas por la aplicación de los mencionados protocolos a inicio de la pandemia del Covid en la región.
El pasado mes de febrero, durante una de las declaraciones que prestó, manifestó que dichas instrucciones estaban incluidas en un plan de acción frente al coronavirus presentado por el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero en una rueda de prensa que se ofreció el 12 de marzo de 2020 en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. También detalló que el 20 de marzo de 2020 remitió un correo al exconsejero de Sanidad en el que alertaba de que la medicalización de las residencias era algo "irrealizable".
Acumulación de causas
A mediados del pasado mes de febrero, la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto un conflicto de competencias planteado entre dos juezas de instrucción que concluye en contra de acumular en un mismo juzgado todos los procedimientos abiertos por presuntos delitos de imprudencia con resultado de muerte en residencias públicas de Madrid. La decisión afecta a un caso concreto, presentado por la jueza de instrucción número 5, María del Carmen Valcarce, pero supone un pronunciamiento que puede extenderse a otros casos similares sobre esta materia.
Según el auto al que tuvo acceso esta redacción, las causas deben investigarse por separado porque es preciso un examen individualizado de cada caso, dada la variada casuística en función de si los centros contaban con servicio médico y otras circunstancias concretas asociadas a cada fallecimiento. La Audiencia Provincial aún tiene pendiente analizar otros recursos que cuentan con el aval de la Fiscalía y las familias también en contra de la decisión de la juez número 3 de instrucción, María Isabel Dúrantez (la primera a la que llegó uno de estos casos) de asumir todas las causas.
En el caso de que se decida de forma diferente a esta primera resolución, la última palabra la tendrá, previsiblemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, informan fuentes jurídicas. Agregan que en todo caso la primera decisión ya adoptada tiene una potente relevancia procesal para el resto de supuestos.
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