Los ayuntamientos madrileños aceleran la búsqueda de suelo para casi 30.000 pisos en los próximos años
Con la presión que ya existe sobre el precio de la vivienda y la previsión que maneja el Gobierno autonómico de que la población de la Comunidad de Madrid crezca en casi un millón de personas en los próximos 15 años para llegar a los ocho millones de habitantes hacia 2040, la construcción de nuevas casas se dibuja como una de las prioridades de todas las administraciones en la región. Se prevén 300.000 en los próximos años, para lo que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso trabaja en varias direcciones, desde la aprobación de una nueva Ley del Suelo, rebautizada como Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), que rebaje los periodos de tramitación de planes urbanísticos, a la flexibilización en los usos del suelo cuando se vayan a destinar a vivienda protegida.
La mayoría de esas nuevas viviendas se levantarán en el término de la capital, con los desarrollos del sureste (Valdecarros, Los Ahijones, Los Berrocales o El Cañaveral) o las intervenciones en Madrid Nuevo Norte y la Operación Campamento como estandartes. Pero también en otros municipios de la región se está avanzando en la generación de suelo para vivienda. No obstante, pese a los esfuerzos de los Gobiernos central y autonómico, es a los ayuntamientos a los que corresponde en último término dar luz verde a los proyectos urbanísticos para alojar nuevos edificios residenciales.
En este sentido, Alcobendas dio ayer un paso importante con la aprobación, con el voto favorable de todos los grupos municipales excepto Más Madrid, del plan parcial para avanzar en la tramitación de la urbanización del futuro barrio de Los Carriles-Valgrande, en el oeste de la localidad y en el que se espera levantar 8.600 viviendas, un 54% de ellas protegidas. "Un día histórico", dijo la alcaldesa, Rocío García Alcántara, del Partido Popular
Desde el consistorio lo definen como "el mayor proyecto urbanístico del norte de Madrid", con una extensión de 2,1 millones de metros cuadrados y la proyección de que acaben viviendo allí unas 25.800 personas en un municipio con una población hoy de algo más de 120.000 habitantes. En la urbanización, edificación y dotación del futuro barrio se calcula una inversión de 2.300 millones de euros para un área en la que se reservan 55.000 metros cuadrados a suelo terciario y comercial y casi 600.000 metros cuadrados, el 27% de la superficie, a zonas verdes.
No es el único municipio madrileño que avanza en esta dirección. La pasada semana el Ayuntamiento de Móstoles, segunda ciudad en población de la Comunidad de Madrid, tras la capital, con 217.377 habitantes, celebraba su Debate sobre el Estado del Municipio. En él, el alcalde Manuel Bautista, también del PP, presumió del desbloqueo de dos desarrollos urbanísticos en el municipio, los conocidos como R-4 y R-1.
Del primero ya está en marcha el proceso de aprobación inicial. El segundo, ha confirmado Bautista esta misma semana, se llevará próximamente al Pleno municipal. Entre los dos suman 12.411 pisos, en torno a la mitad de ellos con algún tipo de protección.
Bastante más avanzado está el desarrollo de Retamar, en el noroeste de Alcorcón, en el que a finales del pasado mes de septiembre comenzaron las obras de urbanización. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y dos ministros de su gabinete, los titulares de Vivienda, Isabel Rodríguez, y Transformación Digital, Óscar López, a la sazón secretario general del PSOE de Madrid, acompañaron a la alcaldesa de la localidad, la socialista Candelaria Testa, en el simbólico acto de colocación de la primera piedra.
La iniciativa comprende actuar sobre una superficie de 114 hectáreas (1,14 millones de metros cuadrados) para construir en ellas 3.503 viviendas, con una tercera parte de ellas, hasta 1.123, protegidas. Como en la mayoría de los nuevos desarrollos, los impulsores inciden en el carácter "sostenible" del nuevo ámbito, con 30 hectáreas de zonas verdes y otras 14 hectáreas de parques urbanos y un modelo "basado en la escala humana" en lo relativo al tamaño de los viales y la altura de los edificios.
En Leganés, entretanto, se está gestando el Consorcio Puerta de Madrid, integrado por el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el sector privado. El objetivo es la urbanización de un terreno de un millón de metros cuadrados en el norte del término municipal y la construcción allí de unas 3.800 viviendas, respetando el 40% de la superficie para zonas verdes. De las 3.800 casas, 1.500 serán en régimen de alquiler asequible, otras 800 protegidas y las 1.500 restantes irán al mercado libre.
El proyecto, no obstante, no se hará realidad hasta dentro de seis u ocho años, según declaró recientemente el alcalde de Leganés, el popular Miguel Ángel Recuenco. Los promotores privados lo fían incluso más largo, con la entrega de llaves contemplada a fecha de hoy para entre 2033 y 2035.
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