La universidad aparece como un nuevo campo de batalla entre Ayuso y el gobierno
Desde el Gobierno de Ayuso y el PP madrileño se asegura que la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de la Comunidad de Madrid es uno de los textos más dialogados de cuantos se están elaborando en esta legislatura, pero no parece que la norma que ayer presentó la presidenta regional en un desayuno informativo vaya a concitar el pretendido consenso. La LESUC, sí, iniciará su tramitación en junio con el periodo de audiencia e información pública, llegará al Consejo de Gobierno entre septiembre y octubre y con la seguridad que da la mayoría absoluta se aprobará en la Asamblea regional antes de que acabe el año, pero se anticipa contestación en su debate y en la calle. Más aún, esta ley y la universidad en general emergen como nuevo campo de batalla para Ayuso no ya con la izquierda regional, sino con el Gobierno central.
Lo viene siendo ya en las últimas semanas, desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció un endurecimiento de los requisitos para el reconocimiento de universidades privadas. Entre otras cuestiones plantea un mínimo de alumnos, de titulaciones que deben ofrecer y de presupuesto destinado a investigación ahora algo flexibilizados. Pero más allá de ello, el Gobierno de Ayuso lo ha codificado como un ataque directo contra Madrid, cuyo sistema universitario consta de seis universidades públicas y 13 privadas.
La propia Ayuso lo verbalizaba ayer: "Lo que hace es atentar contra las universidades de toda España. Pretendiendo hacer daño a unas, las de Madrid, en realidad hace daño a España entera". La presidenta madrileña añadía que va "contra la Constitución", niega "la libertad de empresa" y pone en riesgo "la seguridad jurídica" al tener que aplicarse a universidades cuyo trámite de aceptación ya está en marcha. "Vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestro alcance", añadía anticipando de esa forma la presentación de un recurso contra el decreto, aún no aprobado, ante los tribunales, una estrategia que viene practicando su gobierno en cuestiones como la quita de deuda o la reforma de la Ley de Extranjería que fija los criterios para el reparto entre comunidades de menores migrantes no acompañados.
Contra el "ayusazo"
Si el Ejecutivo madrileño planteará batalla contra el decreto venidero, el Gobierno lo hará contra la ley adelantada ayer por Ayuso en un asunto, además, particularmente sensible, el de la financiación, y tratando de llevar el foco hacia lo que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha definido como "un plan cada vez menos oculto de privatización". Morant, que ayer se reunió con los rectores de las universidades públicas y privadas españolas en el Pleno del Consejo de Universidades, fue tajante. El Gobierno, dijo antes de entrar al encuentro, "va a hacer frente" a la ley autonómica madrileña de universidades, a la que se refirió como "ayusazo" y de la que aseguró que contribuirá a la "asfixia generalizada" de la universidad pública en la región.
No es casual que otro ministro, el de Transformación Digital, Óscar López, a la sazón secretario general del PSOE de Madrid y presumible cartel electoral del partido en las elecciones autonómicas de 2027, utilizara el mismo término, "ayusazo", y parecido argumento, "el deterioro de la universidad pública" para anticipar una movilización "por tierra, mar y aire" contra la LESUC. Desde Más Madrid, entretanto, se recela también de la futura norma. "Todo lo que sabemos de esta ley suena mal y va en dirección de dejar morir de inanición a las universidades públicas madrileñas", ha indiciado su portavoz regional, Manuela Bergerot.
En el centro de la batalla está la financiación de las universidades públicas. El sistema que plantea el Gobierno madrileño abre la puerta a vincular una parte de la transferencia de recursos públicos a la consecución de objetivos. Una parte, se insiste, "adicional". Además, busca favorecer que los propios centros contribuyan a su autofinanciación con herramientas como la gestión de sus propias carteras de inversión o sus inmuebles.
"Lógicas de mercado"
A los sindicatos educativos les preocupa esa "entrada de lógicas de mercado" en la búsqueda de recursos. Desde CGT se afirma directamente que las universidades "van a tener que mercantilizar y especular con su patrimonio histórico para poder financiarse". En CCOO apuntan, además, a una de las medidas desgranadas hoy por Ayuso que también ha criticado Morant, la creación de un distrito único de prácticas. Si para la ministra, esa iniciativa "acaba generando guetos", desde el sindicato entienden que beneficia a los centros privados en detrimento de los públicos al facilitar que sus alumnos "puedan hacer prácticas en centros públicos en igualdad de condiciones con las universidades públicas".
Todo hace prever, por tanto que la LESUC no será solo contestada desde el Gobierno, sino también en los campus y en la calle. Desde el Gobierno regional prácticamente cuentan con ello y se ponen la venda antes de la herida. "Uno no puede vivir en torno a si le van a hacer o no una huelga", manifestaba ayer Ayuso. "Un gobernante, un presidente, lo que tiene es que tomar decisiones conforme a las necesidades, para la solución de problemas y sobre todo con la ilusión de saber cómo quiere situar, en este caso la universidad, la formación profesional y los estudios superiores en el futuro".
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