"Si no funciona, tengo que esconderme aquí"
Cuando abandonó Perú hace más de dos años, dejando a su madre allí, lo hizo con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Madrid fue la ciudad de su elección a la hora de establecerse y, a los pocos meses de haber aterrizado, comenzó a trabajar en un centro de atención al cliente. Su hermana, siguiendo su ejemplo, abandonó Latinoamérica y se mudó a Tarragona. Era octubre de 2022 cuando Rafael Pirna, de 35 años a día de hoy, se dispuso a comenzar una nueva vida en la capital. “Al principio todo fue bien. Saqué la carta blanca, que es una especie de contrato con el que, en seis meses, ya puedes trabajar”, dice. Con este permiso inicial, que consiguió tras llamar 30 días seguidos a las oficinas estatales, pudo adentrarse en el mundo laboral español: “Pensaba que no lo conseguiría. No siempre lo aceptan. Muchas, como mínimo, te solicitan la tarjeta roja, que es el permiso de asilo anual posterior”. Es, precisamente, la renovación de este documento, concedido al solicitar asilo, lo que ha puesto en juego la permanencia del peruano en España.
“Si bien es cierto que la tarjeta roja era difícil de sacar, yo no tuve ningún problema”, añade. Cuando, por primera vez, renovó la tarjeta roja, decidió mejorar sus condiciones en otro puesto de trabajo y accedió a DIGI, empresa dedicada a las telecomunicaciones. Y, ahora, un año después, está a punto de vencer su segunda anualidad. Tras intentarlo a través de los medios públicos, conseguir una cita es misión imposible. “Está cerrada, nunca hay disponibilidad”, señala. Rafael se ha visto obligado a recurrir a una gestoría para conseguirlo “por arte de magia”. “Si sigues las indicaciones de los tutoriales, es impracticable a cualquier hora del día”, critica. Pese a no querer pagar por ello, tuvo que contratar a un profesional hace unos meses para conseguir una cita de cara a la fecha de vencimiento: “Lo anticipé más de un mes y, según han pasado las semanas, sigue sin haber cita en Madrid. Pasan los meses y todo sigue igual”. No es el único. En su círculo personal y profesional, varias personas se encuentran en la misma situación. “Esto ocurre, principalmente, porque el sistema de asilo y extranjería en España está colapsado”, confirman Hamza Al Llabili y Jorge Herrera, abogados del despacho ELEX Jurídico.
En continuo contacto con este tipo de casos, aseguran que la inseguridad y precariedad en diversos países, especialmente en Latinoamérica, ha llevado a muchas personas a buscar una nueva vida en nuestro país. “Ante la falta de vías legales para regularizarse, la única opción inmediata que encuentran es la solicitud de asilo y protección internacional. Muchas personas lo solicitan porque es una alternativa provisional para poder trabajar legalmente”, añaden. Cuando pasan seis meses, se otorga la autorización de trabajo provisional: “Es el mayor deseo de cualquier extranjero”. Si se deniega, intentan acceder a otras vías de formalización. “El sistema no cuenta con recursos suficientes para absorber el incremento de solicitudes y la Administración ha restringido el acceso a las citas”. A menudo, las solicitudes son denegadas sin que la persona haya recibido la notificación oficial: “Se intentan hacer por correo postal de forma poco eficaz o directamente por su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una persona puede tener su tarjeta vigente, pero su expediente ya estar denegado sin que lo sepa, generando inseguridad jurídica”.
Pagar por una cita
La preocupación, instalada en su cabeza desde hace unos días, responde a la fecha límite, el pasado 16 de abril. A partir de ahora dispone de tres meses para presentar un justificante que avale la solicitud de la renovación. “La única alternativa, ya que en Madrid es imposible, sería sacar la cita fuera de aquí. En principio, estar empadronado es un requisito, pero hay comunidades que no lo exigen, como Murcia”, desvela. Su idea, que se aleja de cualquier jugada que burle la legalidad, es encontrar una autonomía en la que poder solicitar la cita. Todo ello, siempre y cuando las compuertas no se abran en la capital. “Mi hermana está en Tarragona y allí me pedirán el empadronamiento. Sería raro que, a los pocos días de tramitarlo, solicitar una renovación de asilo. Además, ella lleva un año y medio allí, entonces te observan más que cualquier otra gestión. En casos así, son más suspicaces y levantan más información”, confiesa asegurando que lo único que quiere es seguir trabajando.
En palabras de Al Llabili y Herrera, estos ciudadanos “se ven obligados a pagar a terceros para obtener una cita”. “Incluso hay miembros de los cuerpos de seguridad implicados en el tráfico de citas. La mayoría de nuestros clientes son migrantes latinoamericanos y, cuando se encuentran en situación irregular, le informamos de que, salvo en casos excepcionales, deben esperar entre dos y tres años para solicitar un permiso de residencia por arraigo”, esclarecen. En la actualidad, ellos no gestionan estas solicitudes por la imposibilidad práctica de obtener citas: “Antes lo hacíamos, pero la situación se ha vuelto insostenible. Existen otras vías legales, pero no pueden aplicar por falta de requisitos económicos. Nosotros asesoramos de forma integral a cada persona”. Desde el despacho sugieren al sistema que destine un mayor número de recursos humanos y materiales al ámbito del asilo. “Garantizar el derecho a solicitar protección internacional es una obligación legal y moral. Resulta imprescindible una respuesta administrativa ágil y eficaz”.
Cambio de normativa
Pese a que gestores y especialistas son, normalmente, quienes conocen la hora y fecha exacta a la que saldrán nuevas citas, por ahora continúa sin ser una posibilidad. “Me da a entender que están al corriente de la situación”, dice. La sensación común no es positiva, aunque hay quienes esperan que, con el cambio de normativa que llega el próximo 20 de mayo, la disponibilidad de las citas aumente: “Me parece raro que en otras comunidades siga igual y en Madrid, que es donde estamos la mayoría, haya esta problemática”. Con el nuevo paradigma, la permanencia del empadronamiento descenderá de tres a dos años para poder recurrir los distintos tipos de arraigo. “Nos perjudica a los solicitantes de asilo. Si el mes que viene, yo hubiera cumplido tres años en España, podría solicitar el arraigo sin necesidad de renovar el asilo”, lamenta. En su caso, renunciar a la solicitud de asilo implicaría la eliminación de los dos años que ha pasado en España.
“Si no sale bien, tendré que regresar. No queda otra”, suma con pena. Su vínculo laboral se rompería de inmediato al no tener ningún documento que certifique su intento de renovar el permiso: “Dejaría de trabajar y tendría que estar aquí de forma ilegal, escondiéndome”. Habla Rafael, pero lo hace en voz de todas aquellas personas en su misma situación: “Queremos que estén disponibles los medios oficiales para poder lograrlo. Nos sentimos inseguros, con incertidumbre. Lo vemos como una traba y el Estado nos da la espalda. Deberían considerar a quienes únicamente trabajamos y contribuimos como el resto de españoles. Yo entiendo que, si acabo de llegar, no me pongan todo en bandeja, pero ya he realizado las gestiones pertinentes y estoy trabajando. Queremos tranquilidad”. Una realidad que tendrá que esperar conforme, individualmente, se van resolviendo los casos. Mientras tanto, la presión económica ahoga a muchos de ellos, obligados a pagar los servicios de gestores y abogados a lo largo de todo el proceso. De igual forma que el precio del alquiler o del supermercado han aumentado en los últimos años, hacerse con una ‘carta blanca’ o una ‘tarjeta roja’ supone un gran desembolso, llegando a costar 300 euros a día de hoy, seis veces más que hace una década.
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