«Tirar Isla Valdecañas sería una vergüenza que los extremeños no deberían permitir»

José María Gea (nació en Linares hace 76 años y reside en Sevilla desde hace 40), es ingeniero de caminos y consejero delegado de Marina Isla Valdecañas, la promotora del complejo residencial y de ocio ubicado en los municipios cacereños de El Gordo y Berrocalejo, y que según sentenció el mes pasado el Tribunal Supremo debe ser demolido en su totalidad. Desde que empezó el proceso judicial hace 15 años, Gea y su empresa apenas han aparecido en los medios de comunicación. El empresario aceptó ser entrevistado solo mediante cuestionario escrito.

–¿Qué reacción le generó conocer la sentencia del Tribunal Supremo que ordena demoler todo el complejo?

–¿Cuál de las sentencias, la del año 2014 o la de la ejecución del año 2022? Las dos dicen que hay que demoler todo el complejo. La del año 2014 no la esperábamos, sinceramente. Siempre hemos estado convencidos de que había innumerables argumentos para que no hubiera sido así. Fue una sorpresa después de que el TSJ extremeño hubiera desestimado la medida cautelar de paralización del proyecto, pero la Justicia dispone y nosotros acatamos. La del mes pasado nos causó perplejidad. Y más al leerla. Francamente, nos sorprendió. Creíamos que el TSJ extremeño y el Tribunal Supremo mantendrían el mismo criterio, el de respetar todo lo edificado, conforme al criterio que también mantenía la Junta de Extremadura. Es llamativo cómo la sentencia del Supremo recalca con mayúsculas determinadas menciones a la Junta.

–¿Por qué han decidido no recurrir esa última sentencia?

–Creemos que desde el punto de vista de la sociedad Marina Isla Valdecañas ya hay poco recorrido jurídico en el fondo del asunto, y no queremos contribuir más a dilatar los tiempos años y años. Queremos centrarnos en activar nuestras reclamaciones patrimoniales, para que al menos las generaciones de nuestros nietos o biznietos puedan ver cómo acabó todo esto.

–En su carta abierta al presidente de la Junta, publicada el pasado día 5, asegura que han recibido un anónimo «exponiendo dudas sobre la tramitación de la declaración de la ZEPA de Valdecañas y la inclusión en la misma de la Isla». ¿Puede ampliar información sobre esto?

–No voy a facilitar ningún dato sobre el anónimo. Solo le transcribo a continuación los tres primeros párrafos del mismo: «Todo el mundo parte de que el proyecto se hizo en una ZEPA protegida. Pero mi duda es si en el momento de autorizar la construcción, aquello era de verdad zona protegida. La delimitación de las zonas protegidas, al parecer, se hizo a lápiz como una propuesta que todo el mundo aceptó con el paso de los años. Por el contrario, sabemos que la aprobación de una zona protegida lleva consigo pasar una serie de trámites, incluso parlamentarios, hasta su aprobación definitiva. Me ha parecido entrever que en alguna ocasión se ha aplicado sin que dichas zonas estuviesen totalmente aprobadas…».

–Esa carta transmite un cierto disgusto o desencanto o decepción, no sé cuál sería la palabra más acertada, respecto a la Junta de Extremadura. ¿A qué se debe? ¿Qué le reprocha?

–En nuestra carta reconocemos y agradecemos el apoyo que en todo momento hemos tenido de la Junta y de todas la administraciones y la sociedad en general. Hay que recordar que la Junta declaró el proyecto como PIR, de interés general para Extremadura, porque siempre quiso fomentar el turismo de embalses como política fundamental en el desarrollo económico de la comunidad. Pero a partir de la sentencia del Constitucional, el actual equipo jurídico de la Junta ha llegado a proponer compensaciones medioambientales fuera totalmente de contexto y que, a nuestro juicio, como mínimo han empeorado notablemente el paisaje de la Isla. E incluso ha negado la mayor y ha traspasado líneas rojas cuando ha tenido que defenderse del contencioso de la indemnización del hotel que está en estructura.

–La Asamblea de Extremadura llegó a aprobar por unanimidad –con un único voto en contra, el del diputado independiente del grupo popular Tomás Martín Tamayo– una modificación de la ley, luego declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, que permitía construir el complejo. ¿No fue eso recibir un empujón institucional para su proyecto?

–La Junta fue coherente con su posición respecto al proyecto declarado de interés regional. Hay que recordar que esa reforma fue una iniciativa conjunta de PSOE y PP. Como poder legislativo, lo que hizo la Asamblea con la modificación de la ley fue limitarse a transcribir e indicar al poder judicial lo que dice la Directiva Hábitats, que es con la que la Unión Europea creó la Red Natura 2000. En ella se permite cualquier proyecto, incluso urbanístico, si es compatible con los valores a proteger, como es el caso de Isla Valdecañas. Permite incluso usos incompatibles en algunos supuestos de interés social y económico. La Unión Europea no quiso la ecuación según la cual Red Natura 2000 es igual a terreno incompatible con proyectos urbanísticos o de cualquier otra índole. Europa solo exige la compatibilidad medioambiental con los valores a proteger. El proyecto de Valdecañas no se anula por incompatibilidad medioambiental con los valores a proteger, y esto es importante recalcarlo. La cuestión de inconstitucionalidad de esta ley, solicitada por los ecologistas, solo la podía plantear el TSJ extremeño, y aún no nos explicamos por qué tardó ocho años en plantearla. El Constitucional ha dejado claro que no la declaró inconstitucional porque fuese una ley hecha ex profeso para Valdecañas. De hecho, en la sentencia hubo un voto particular de un magistrado, que literalmente dice lo siguiente: «Si se hubiera analizado el asunto sin la contaminación que supone su relación con el PIR de Marina Isla Valdecañas, la consecuencia habría debido ser la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad planteada».

–¿Durante todos estos años de conflicto judicial ha hablado con el presidente de la Junta o con algún otro responsable de esta administración?

–Sí, por supuesto, varias veces.

–En la carta abierta a Fernández Vara –por cierto, me gustaría saber si le han respondido– afirma que hasta noviembre del año 2005 nadie les dijo que el terreno era ZEPA. Sorprende que un proyecto de tal envergadura, con una inversión de 200 millones de euros, eche a andar sin saber que se va a levantar en terreno protegido…

–El presidente tuvo la deferencia de llamarme personalmente el pasado miércoles a las nueve y media de la mañana para adelantarme que en el Consejo de Gobierno se iba a dar orden expresa de que se pusiera todo el expediente de la ZEPA a nuestra disposición para su examen inmediato. Se lo he agradecido. [HOY planteó el pasado lunes a la Junta algunas preguntas sobre la tramitación de la ZEPA Embalse de Valdecañas, pero la contestación facilitada este viernes no las respondía]. En contra de lo que han publicado, la ZEPA no existía en el año 2003. Durante ese año, y 2004 y 2005, nosotros trabajamos preparando el proyecto y consultando a todas las administraciones y durante todo ese tiempo nadie nos dijo o insinuó que fuera un terreno protegido medioambientalmente. Tampoco había ningún documento público que lo atestiguara. Por otra parte, el terreno tampoco hacía pensar en alguna protección medioambiental. Era un basurero lleno de cartuchos de caza usados, animales muertos, y plantado en su casi totalidad de eucaliptos. El 25 de noviembre de 2005, mediante informe de la Dirección General de Medioambiente, se nos comunica que es ZEPA. En esa comunicación, por cierto, ya se apuntaba que, conforme a la Directiva Hábitats de la Unión Europea, en la ZEPA se podía realizar el proyecto por ser compatible con los valores a proteger. Nuestra sorpresa fue mayúscula, porque en dos días investigamos y llegamos a la conclusión de que no existía tal ZEPA de Valdecañas, ni que la isla estaba en la ZEPA. Solo se había iniciado un trámite de propuesta de ZEPA que ni siquiera había salido a información pública ni por supuesto se había aprobado en Extremadura. Hicimos un informe que enviamos a la Agencia Extremeña de Vivienda, Urbanismo y Territorio. La Junta nos comunica, no obstante, que no hay inconveniente para seguir adelante con el proyecto, y que se tramitará todo con la adecuada evaluación ambiental correspondiente a una ZEPA. Y así se continuó la tramitación. El 21 de diciembre de 2005, o sea, solo un mes después, el director general de Medioambiente emite un informe favorable al proyecto y anticipa posibles medidas correctoras necesarias. El 24 de enero 2006, el Consejo de Gobierno declaró el proyecto como de interés general. El 14 de marzo 2006 se inicia la tramitación del PIR. El 2 marzo de 2007 se aprueba la Declaración de impacto Ambiental (DIA). El 10 abril 2007 se aprueba el PIR. Durante la tramitación de este, los ecologistas denunciaron a la Junta ante el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, por incumplir la legislación medioambiental. Y las dos instituciones europeas, hay que recordarlo, dictaron sendas resoluciones afirmando que, vistos los informes de la Junta, está todo medioambientalmente correcto. Además, ya durante la ejecución del complejo, el TSJ extremeño denegó cuatro veces la suspensión temporal de las obras solicitada por los ecologistas. El TSJ valoró que, sin entrar en el fondo, no se apreciaba falta de apariencia de buen derecho, también la posible compatibilidad del proyecto con la Red Natura 2000 y la presunción legal de validez de los actos de la administración.

–Algunos propietarios firmaron unas escrituras que recogen el compromiso de su empresa de devolverles lo que pagaron por sus viviendas en el caso de que una orden judicial ordene derribarlas. ¿Pueden estos propietarios estar tranquilos, tener la seguridad de que su empresa, que está en concurso de acreedores, les pagará ese dinero?

–Sí, sin duda, siempre que la Junta de Extremadura pague las indemnizaciones legales. Está prevista la cesión correspondiente de dichos derechos indemnizatorios.

Zona de playa artificial del complejo, con el embalse al fondo. /

hoy

–Su empresa tenía una trayectoria importante y exitosa en Andalucía, pero no le conocíamos vinculación con Extremadura. ¿Cómo descubrió la isla de Valdecañas? ¿Manejaron otras posibles ubicaciones en la región?

–Por un amigo que me dijo que había un suelo que vendían en Extremadura que podía ser muy apropiado para el tipo de proyectos que hacíamos. La isla me pareció idónea para el tipo de proyecto que hacíamos. ¿Por qué teníamos que buscar otro?

–¿Recuerda quién fue la primera persona de la Junta a la que presentó en su despacho el proyecto que tenía para Valdecañas, y en qué fecha aproximada fue?

–Fue el 2 de marzo de 2004, a la consejera de Fomento doña María Antonia Trujillo. No le presentamos un proyecto, sino la empresa. Le explicamos el tipo de proyecto que hacíamos y que no íbamos a hacer proyecto alguno si no había apoyo total de todos. Nos emplazó a esperar y que en los próximos meses nos contestarían. Tras analizar nuestra trayectoria y los proyectos que hemos realizado en otras zonas, la Junta nos comunicó en el segundo semestre del año 2005 que apoyaban que presentásemos un proyecto y que lo declararían de interés regional por considerarlo esencial, ejemplo del desarrollo turístico de los pantanos de Extremadura. Nos anunció también que se desarrollaría como PIR y designó a la Agencia Extremeña de la Vivienda, Urbanismo y Territorio como nuestro interlocutor.

–¿Qué cree que va a ocurrir finalmente con el complejo?

–Después de lo que he visto y vivido estos 19 años con este proyecto, cualquier cosa es verosímil, excepto que nosotros completemos el proyecto haciendo lo que falta. Ahora bien, lo que sí afirmo, alto y claro, es que si al final tiran lo construido será un dislate, una aberración, un despilfarro y una auténtica vergüenza para Extremadura. Los extremeños no deberían permitirlo.

–Tras la sentencia del Supremo, declaró que «Extremadura no es un lugar seguro para invertir». ¿Tenía su empresa otros proyectos para la región o conoce a alguna que los tuviera y que, visto lo ocurrido con Marina Isla Valdecañas, le haya expresado sus dudas o directamente que haya frenado sus planes en esta región?

–Efectivamente, yo he confirmado, tras conocer la ultima sentencia, que en Extremadura en particular y en España en general, no hay seguridad jurídica para invertir. Y menos aún si el mensaje que se manda el resto del mundo es que una empresa puede obtener todas las autorizaciones necesarias de una administración como la Junta de Extremadura y, posteriormente no solo le anulan el proyecto, sino que se le impide cobrar indemnización por lo invertido con todas las habilitaciones legales. ¿Qué empresa de cualquier sector se atreve a invertir con semejante precedente? Hoy por hoy, Extremadura está atrapada en un gran cepo, que es la tela de araña que conforman las leyes medioambientales que se han ido creando en la región y a nivel nacional de forma descontrolada y poco rigurosa. Y todo esto lo digo con tremendo pesar, porque en estos 19 años he podido comprobar la excelencia de esta tierra y sobre todo la de su gente.