La actuación de la Policía Nacional al derribar la puerta de una vivienda sin autorización judicial tras el rechazo de las personas que realizaban una fiesta ilegal en Madrid el pasado 21 de marzo se ha vuelto viral y ha suscitado una gran polémica. Los portavoces de las asociaciones de jueces calificaron la actuación policial de «desproporcionada» y destacan que la entrada sin permiso de un juez sólo puede producirse si existe un delito evidente, lo que a su juicio no ha ocurrido en este caso. De hecho, añaden que tener una fiesta ilegal en una casa es una actividad que a lo sumo puede ser sancionada administrativamente.
Por su parte, la policía alega que sus acciones están respaldadas por los artículos 9.13 y 16.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que los participantes del partido cometieron un delito de desobediencia al negarse a abrir la puerta e identificarse. El caso será procesado.
En Santiago, a pesar de que las celebraciones en los apartamentos se realizan semana tras semana, la policía local nunca ha actuado de esta manera. Eso sí, admiten que ha habido varias situaciones en las que los protagonistas de la fiesta se negaron a abrir la puerta. “Esta maniobra está muy extendida y se refugia en el derecho a no abrir si los agentes no tienen orden judicial, lo cual no es muy factible ya que la policía se presenta en las fiestas de madrugada”, dicen desde Raxoi. Si se produce este tipo de comportamiento, el 10 por ciento de las veces, la policía volverá en los días siguientes, «y al menos se denunciará a los propietarios del apartamento».
«Todos estos casos se denuncian, y si se obstaculiza a la policía, el partido podría ser multado con hasta 3.000 euros por infracciones a la ley de seguridad, además de la multa», dijo el ayuntamiento.
Asimismo, destacan que desde el inicio de la pandemia no se ha tramitado ninguna autorización judicial para el ingreso a un departamento de la ciudad donde se realizó una fiesta ilegal y ven “muy improbable que se lleve a cabo alguna acción al estilo de la tomó lugar en el polémico caso de Madrid ”. Además, asocian este tipo de fiesta Raxoi con apartamentos universitarios, añadiendo que no se ha registrado ninguna fiesta en un apartamento turístico de la ciudad, como sucedió en el edificio del distrito de Salamanca de España, en la capital española.
Para evitar este tipo de situaciones, el Ayuntamiento acordó el pasado mes de octubre endurecer las sanciones por organizar fiestas en apartamentos con multas, que en caso de recaída pueden ser de hasta 750 euros o incluso hasta 1.500 euros. Por tanto, Raxoi está intentando actuar sobre una de las principales fuentes de infección por COVID. La medida prevé diferentes sanciones en función de tres franjas horarias: de las 22 a las 24 horas – 200 euros – de las 00.01 a las 3 a.m. – 500 euros – y de las 3 a las – 750 euros -.
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