La Asamblea pide al Gobierno que acuerde con las empresas propietarias la continuidad de la producción eléctrica más allá de 2028
PSOE, PP y Ciudadanos vuelven a coincidir en la Asamblea de Extremadura para exigir que la central nuclear de Almaraz amplíe su vida útil más allá de 2028, año previsto para su cierre definitivo.
El Pleno del Parlamento regional aprobó este jueves con el voto favorable de los tres partidos y de la oposición de Unidas por Extremadura una propuesta de pronunciamiento (dirigida por tanto directamente al Gobierno) presentada por los populares en la que se solicita que la política energética nacional, alargando la vida de las centrales nucleares «mientras su seguridad lo permita».
Asimismo, pide que las empresas propietarias de Almaraz acuerden la continuidad de la producción eléctrica a partir de 2028, año previsto para el cierre del segundo reactor (el primero sería en 2027), siempre que la seguridad del sistema lo permita. y “una vez realizados los estudios e inversiones necesarios”.
El gobierno se ha opuesto en reiteradas ocasiones a ampliar la actividad de las centrales nucleares, pero la guerra en Ucrania y la subida del precio de la electricidad han traído la necesidad de mantener estas fuentes de producción en el debate nacional.
La Junta de Extremadura ya ha manifestado que no se opondrá al mantenimiento de la planta, pero ha recordado que sus tres propietarios, Endesa, Iberdrola y Gas Natural, deberán solicitarlo. Y los tres partidos más votados de la región, PSOE, PP y Ciudadanos, han expresado su apoyo a la prórroga.
De hecho, el pasado mes de abril ya se había aprobado en la Asamblea y con el voto de las tres formaciones una propuesta presentada por Ciudadanos, aunque en este caso dirigida a la Junta de Extremadura, para pedir formalmente al Gobierno central que elaborara una estrategia encaminada a alargando la vida útil de la planta de Almaraz. La resolución de este jueves es más específica en su contenido y también va dirigida al ejecutivo central.
Con estas premisas, lo previsible era que la propuesta del PP saliera adelante, pero no fue fácil. El Grupo Socialista presentó un texto alternativo, en el que pedía una revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en lugar de cambiar la política energética del Gobierno. Si bien el contenido principal no cambió, los populares rechazaron este cambio, lo que dificultó ponerse de acuerdo. Pero al final, el PSOE votó a favor de la iniciativa.
El diputado popular Bibiano Serrano dijo que actualmente no podemos prescindir de la energía que produce la energía nuclear, sobre todo por la guerra en Ucrania. Además, Almaraz «es el mayor motor de la economía extremeña» y su cierre llevaría a la región a la recesión. En cuanto a la propuesta de modificación del PSOE, justificó su negativa afirmando que para mantener la energía nuclear no sólo hay que modificar el Plan de Energía y Clima.
Por su parte, el socialista Carlos Labrador aseguró que “siempre defendemos y defenderemos lo mismo, si hubiera una nueva ampliación en Almaraz siempre la apoyaríamos”. Pero por eso cree que es necesario revisar el PNIEC, que establece el cierre de las centrales nucleares, como paso previo y necesario para cambiar la política energética del Gobierno.
David Salazar, de Ciudadanos, indicó que “apagar la energía nuclear es un crimen climático, significa quemar más carbón y contaminar mucho más”. Además, aseguró que los extremeños quieren que se quede la planta de Almaraz.
Joaquín Macías, de Unidos por Extremadura, dijo que «ha llegado el momento de cerrar la planta», pero subrayó que los puestos de trabajo no corren peligro porque se mantendrán con las obras de desmantelamiento.
nueva ley de medidas
En el primer Pleno tras las vacaciones también se celebró el debate del conjunto de la Ley de medidas para mejorar los procesos de respuesta administrativa de los ciudadanos, que propone modificar hasta 27 normas autonómicas con el objetivo de agilizar la tramitación y fomentar la actividad económica. El borrador no recibió enmiendas en contrario, por lo que no hubo necesidad de votar. Ahora pasar a la comisión correspondiente para el debate y presentación de enmiendas.
La vicepresidenta primera del Consejo y ministra de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Blanco-Morales, ha destacado que esta ley pretende facilitar las relaciones con los ciudadanos, aligerar la carga burocrática y agilizar la tramitación, con el objetivo de que «quienes viven en Extremadura disfrutar de servicios públicos útiles y de calidad.
La diputada socialista Estrella Gordillo ha recordado que esta ley recoge la normativa aprobada durante el estado de alarma y que pretende fomentar la actividad emprendedora y hacer la vida más fácil a los ciudadanos.
Los grupos de la oposición coincidieron en señalar, tal y como afirmó Álvaro Jaén, de Unidas por Extremadura, que será en el proceso de comisión donde se pueda definir la posición sobre cada una de las reformas propuestas en lo que José María Casares, de Ciudadanos, definió como » ley de escobas». Pero ya hay puntos de discrepancia, como ha indicado el popular Hernández Carrón sobre la disposición que otorga a los edificios del SES el carácter de uso educativo, ya que ello permitirá al Ayuntamiento evitar pagar 2,5 millones de IBI a los ayuntamientos de la comarca. .
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