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Alfredo Prada, el que fuera vicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid en el primer Gobierno de Esperanza Aguirre, ha sido condenado a siete años de prisión por las irregularidades cometidas en los contratos del fallido proyecto de Campus de la Justicia. De esta forma, la Audiencia Nacional le condena por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada por 24 contratos por un total de 40 millones de euros en la construcción del proyecto fallido del Campus de la Justicia entre los años 2005 y 2011.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, el tribunal condena por el mismo delito y como cooperadores necesarios de Prada a penas de 3 años y 6 meses de cárcel a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo del proyecto: Isabelino Baños, director general técnico; Alicio de las Heras, director financiero; Andrés Gómez Gordo, director del área de Seguridad, y Félix José García de Castro, letrado asesor.
Sin embargo, la Audiencia Nacional aplica a todos la atenuante de dilaciones indebidas y les absuelve del delito de fraude contra las administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid. Eso sí, deberán indemnizar de forma conjunta a la Comunidad de Madrid con casi 40,5 millones de euros.
La participación decisiva de Alfredo Prada
La Fiscalía, que solicitaba para él ocho años de prisión, apuntó durante el juicio a que Prada encabezaba un «plan criminal» para otorgar ‘a dedo’ los contratos del proyecto Campus de la Justicia que se adjudicaron de forma «irregular».
Para la Audiencia Nacional, la participación de Prada en los 24 contratos está sobradamente acreditada, no solo porque fuera él quien firmó los contratos, sino también porque tuvo una participación decisiva en la elección de los adjudicatarios prescindiendo del procedimiento administrativo.
Esa participación decisiva se plasma bien mediante la convocatoria y adjudicación del concurso, en los casos en los que lo hubo, o bien mediante la elección directa del adjudicatario sin concurso abierto o procedimiento negociado previo. Durante el juicio, además, los testigos apuntaron directamente a Prada como el «responsable último» de todo lo que se decidía en la planificación de Campus de la Justicia, aunque durante su declaración él insistió en que no dispuso de los fondos «caprichosamente» ni le advirtieron de estar cometiendo ninguna irregularidad.
Contratar a Norman Foster
La sentencia explica que fue Alfredo Prada quien acudió a Londres para entrevistarse con Norman Foster en los pasos previos a la contratación y quien decidió contratarlo sin justificación alguna, no tanto referida al indudable prestigio mundial del estudio de arquitectura como al coste que esa contratación suponía para las arcas públicas.
Y aunque contó con el apoyo de todo el Consejo de Gobierno en este punto, la contratación de Foster & Partners se llevó a cabo sin tener en cuenta el coste añadido de los consultores con los que trabajaba el estudio de arquitectura, Buro Happold y Gleeds Ibérica, a los que se pagó su trabajo sin ningún tipo de contrato previo y sumó más de tres millones de euros al coste de la contratación de Foster & Partners.
La sentencia relata que tras la contratación del estudio de arquitectura, la actividad de CJM se centró en la promoción del proyecto del Campus y en especial del proyecto de Foster & Partners. “La construcción del Campus pasó a ser algo secundario y CJM empleó recursos económicos muy cuantiosos en actividades de promoción y publicidad al tiempo que dichos recursos se apartaron del fin para el que se constituyó la sociedad, que no era la promoción de proyectos de arquitectura, sino la ejecución de los mismos”, señala el Tribunal.
«Esto se convirtió en un parque temático en el que lo único que importaba era la publicidad del proyecto por parte de la Comunidad de Madrid. Folletos, autobuses, paseos guiados… Y eso a pesar de que quedaban años hasta que supuestamente fuera inaugurado. Nadie, ni la empresa privada, lo hace así», expuso el fiscal durante el juicio.
Un modus operandi que, sin embargo, no se habría trasladado a la forma en la que se repartieron los contratos, y, por lo tanto, los millones de euros que conllevaba. Tanto la Comunidad de Madrid, que ejerce como acusación particular, como la Fiscalía, pusieron como ejemplo paradigmático a Norman Foster, al que había que contratar «sí o sí» y que se llevó un ‘encargo’ de más de 13 millones de euros sin que constase la «justificación» técnica necesaria.
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