SALUD PÚBLICA | La crisis del Hospital de Torrejón da armas al Gobierno para actuar contra Ayuso y el modelo sanitario del PP

Lejos de quedarse en un asunto autonómico, el escándalo desatado en torno al Hospital de Torrejón, ha adquirido previsible vuelo nacional. La revelación de que el CEO de Ribera Salud, el grupo que gestiona este centro hospitalario de titularidad pública de la Comunidad de Madrid, dio instrucciones el pasado mes de septiembre para "desandar el camino" en la reducción de las listas de espera con objeto de hacer crecer los beneficios de la sociedad ha abierto una crisis en torno a un asunto tan sensible como la sanidad que el Ejecutivo madrileño trata de contener, pero en la que la oposición y, más allá, el Gobierno central han encontrado una brecha para erosionar a Isabel Díaz Ayuso y todo el modelo de gestión público privada que propugna.
"Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa", se escucha decir a Pablo Gallart, el CEO de Ribera Salud en los audios de una reunión publicados por El País. "Lo sabéis porque es lo que acabamos de hacer en sentido contrario en Torrejón. O sea, en Torrejón, en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es que desandemos el camino". La idea, añade, es "hacer iteraciones hasta que al final pudiéramos alcanzar un EBITDA [beneficios antes de impuestos] de cuatro a cinco millones de euros.
"Estoy convencido de que vamos a llegar", se escucha a Gallart en la grabación. "Igual de fácil que ha sido en el pasado, aumentar cuatro o cinco millones los gastos, principalmente de personal para aumentar o reducir esta espera, no me cabe en la cabeza que no es igual de fácil hacer el camino contrario. De verdad".
Fuentes de la Consejería de Sanidad se apresuraban a primera hora de la mañana del miércoles a defender la "transparente y eficaz" gestión de las listas de espera, pero apenas unas horas después remitían un comunicado más contundente en el que se informaba de que un equipo multidisciplinar se había desplazado al hospital para "constatar in situ la adecuada prestación del servicio" y de que se había convocado "con carácter de urgencia" una reunión con la cúpula directiva de la empresa. "Tras los resultados de ambas medidas", proseguía el escrito, "la Consejería adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder".
Ayer "el equipo multidisciplinar", integrado por técnicos de varias direcciones generales de la consejería, seguía recabando información, y la reunión se había aplazado, toda vez que Gallart se había desvinculado de la gestión del Hospital de Torrejón mientras Ribera lleva a cabo una auditoría.
No ha sido suficiente, ni mucho menos, para cerrar el caso. Cuatro directivos del hospital que lo denunciaron a través del canal ético interno de la compañía han sido despedidos. "Los cambios en los puestos de responsabilidad son habituales en las organizaciones empresariales por diversas razones, y muchas veces van acompañadas de denuncias en los canales internos, que son objeto de investigaciones internas para determinar su veracidad o no", mantiene la dirección del hospital en un comunicado. Pero desde el Gobierno se ha dado un paso adelante.
"No es Ribera ni Quirón, es el modelo del PP"

El propio presidente, Pedro Sánchez, entraba en la polémica el mismo miércoles. "Este es el modelo del PP: hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse", escribía en la red social X. "El Gobierno defenderá la sanidad pública con todos los instrumentos del Estado", añadía. No era la primera vez que entraba a la confrontación directa con Ayuso por la sanidad. Cuatro de los 34 hospitales del Servicio Madrileño de Salud están gestionados por grupos privados, el de Torrejón, por Ribera Salud, y el Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles, y el Hospital General de Villalba, estos tres por el Grupo Quirón, que además gestiona, a través de un convenio especial la Fundación Jiménez Díaz.
La presencia de Quirón incorpora, además, otro elemento de desgaste para Ayuso. El grupo ha sido uno de los principales clientes en los negocios de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña y procesado por fraude fiscal, entre otros delitos. No es gratuito que hace menos de un mes, en una dura intervención en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno apuntara directamente contra Madrid como paradigma de la privatización sanitaria con mención expresa al conglomerado sanitario. "Han convertido Madrid en un casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos, al menos la mayoría, siempre pierde", afirmaba.
Ayer mismo, en el arranque de la campaña electoral extremeña en Plasencia, Sánchez empezaba por ahí su mitin. "El negocio de la sanidad privada, nos lo han dicho alto y claro, está en las listas de espera de la sanidad pública", afirmaba. Pero escalaba el escándalo e impugnaba una fórmula que, afirma, comienza con recortes, aumento de las listas de espera y privatización vía convenios o gestión directa. "Da igual que sean los cribados en Andalucía, o los recortes de Guardia Nacional Extremadura, o la privatización de Ayuso en la Comunidad de Madrid, siempre es el mismo modelo", proseguía. "No es Ribera Salud, ni Quirón, es el modelo del Partido Popular, que es hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro".
No se olvidaba, no obstante, de dejar recado a la presidenta madrileña. "Al final, ¿qué es lo que hacen?", se preguntaba, para responderse él mismo: "Pues que le pregunten al novio de Ayuso".
La crisis ha obligado a pronunciarse al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. "Me alegro de que haya sido cesado”, declaraba ayer en relación con la retirada de Gallart de la gestión del Hospital de Torrejón, además de pedir una auditoría "con absoluto rigor". “Si hay alguien que pretende ahorrarse dinero a base de no atender a los pacientes, no solo hay una responsabilidad administrativa, sino que hay que ver si hay una responsabilidad de otro tipo y ser sancionado”, llegaba a decir.
Otros ministros han entrado en la pugna. Félix Bolaños, por ejemplo, señalaba este jueves en el Senado que las críticas del PP al Gobierno son "paparruchas comparado con que allí donde gobiernan ustedes ponen por delante el negocio a la salud y la vida de la gente". Pero han sido dos, Óscar López y Mónica García, los que más abiertamente se han lanzado. Ambos tienen responsabilidades políticas en Madrid, el primero como secretario general del PSOE regional, la segunda como dirigente de Más Madrid y ambos como posibles candidatos contra Ayuso en las elecciones de 2027.
García, además, como ministra de Sanidad, ha hecho uso de sus competencias para dar orden a la Alta Inspección Sanitaria de que requiera información a la Comunidad de Madrid para comprobar si ha habido algún tipo de irregularidad o vulneración de los derechos de protección de la salud pública. Además, se ha dirigido por carta a Ayuso para exigirle una "investigación exhaustiva", la consideración de cancelar el contrato de concesión y acometer la gestión pública directa y extender las actuaciones de inspección y verificación "a todos los hospitales madrileños que operan bajo el mismo modelo concesional".
La misiva incluye, de nuevo, mención expresa al grupo Quirón. "En los últimos años, distintos centros gestionados por otros operadores —como el grupo Quirón Salud— han sido objeto de diversas controversias relacionadas con su modelo de funcionamiento, lo que aconseja reforzar los mecanismos de supervisión y control en todos los hospitales sometidos a este régimen concesional", escribe la ministra.
Ayuso no ha contestado de momento. Con la consejera de Sanidad, Fátima Matute, de viaje en Chicago, ha sido la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quien ha asumido en un primer momento la defensa de la postura del Gobierno regional. Lo hizo ayer en la Asamblea, comparando los audios de Gallart con los del caso Koldo. "En el audio de Ribera Salud el señor que hablaba no ha sido elegido ni por la presidenta de la Comunidad de Madrid ni por ningún miembro de este gobierno", señalaba. "En los otros audios que hemos oído eran ministros elegidos por el Gobierno central y miembros de la organización socialista". Además, aseguraba que la lista de espera quirúrgica en el Hospital de Torrejón está en 50 días, "frente a 118 días de media nacional".
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