Muertes en residencias covid | La oficina del fiscal público en Madrid se moviliza para reactivar las causas de las muertes en los dormitorios
El quinto aniversario del inicio de la pandemia de covid va más allá de ser una efeméride que sirve para hacer balance con lo sucedido en España desde que el Gobierno obligara por decreto al encierro de la población y a paralizar casi toda la actividad económica. También tiene consecuencias jurídicas, por ser cinco años el plazo en el que prescriben muchos de los delitos que pueden imputarse a las administraciones por la gestión de la crisis.
En este marco temporal, y en plena polémica política por las muertes en residencias en la Comunidad de Madrid, la Fiscalía provincial ha hecho balance y este lunes ha anunciado la presentación de nueve nuevas denuncias para investigar si alguna residencia de la región denegó la prestación sanitaria por motivos discriminatorios. Dicha discriminación habría sido cometida por parte de los geriatras de referencia de los distintos servicios regionales y de los hospitales madrileños.
La nota informativa hace también balance de las diligencias de investigación abiertas y de sus escasos resultados en los tribunales madrileños hasta el momento. Así, desde el 30 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2024 los órganos judiciales han archivado 54 procedimientos judiciales, de los que 41 ya han adquirido firmeza y otros 13 están pendientes de que se resuelva el recurso contra su sobreseimiento. En cuanto a los recursos interpuestos por el fiscal contra el archivo de algunos procedimientos, la cifra asciende a 17, seis de ellos en el año anterior. A esta lista habría que sumar las dos adhesiones a los recursos presentados por las acusaciones.
Denuncia colectiva
La información, según han informado a este periódico fuentes fiscales, es el resultado del trabajo realizado por los Fiscales madrileños desde que el pasado mes de noviembre las víctimas mantuvieran una reunión con la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra.
Según las mismas fuentes, Mareas de Residencias y la Asociación Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias mostraban su preocupación por las inmimentes prescripciones, y por eso entregaron a Lastra una denuncia colectiva presentada en nombre de 109 familiares de 115 personas fallecidas a partir de marzo de 2020 y que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid.
Tras analizar esta acción colectiva, la Fiscalía ha actuado en nueve asuntos que se corresponde a personas fallecidas cuyas muertes no habían sido investigadas, mientras que en otros casos se ha dirigido al juzgado correspondiente por existir procedimientos en los que ya se habían investigado los mismos hechos. Hasta este momento, desde las asociaciones de víctimas se venía denunciando que la Fiscalía no venía mostrando una posición proactiva en los procedimientos que han ido llegando a diferentes órganos judiciales en este territorio.
Decreto en noviembre
Frente a estas denuncias, y tras la reunión con las asociaciones, el pasado 6 de noviembre Lastra firmó un decreto en el que solicitó la remisión de una copia de la denuncia y de los archivos digitales que la acompañaban a la Fiscalía Provincial de Madrid y a las Fiscalías de Área por ser las competentes para pronunciarse sobre los hechos recogidos en la denuncia.
Se trata de investigar la posible comisión de un delito continuado del artículo 511 del Código Penal (denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios) por parte de los geriatras de referencia de los distintos servicios de la Comunidad de Madrid y de los hospitales radicados en sus respectivos territorios. Es por vía de este artículo por la que se han venido presentando estas últimas denuncias, puesto que en la mayoría de las anteriores venían por los delitos de omisión del deber de socorro y homicidio imprudente.
Desde la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE), se alegran "enormemente" de que la Fiscalía vea indicios de delito en esos nueve casos concretos y añaden que esperamos igualmente "que los jueces, en Madrid, vean algo que hasta ahora no habían visto".
¿Responsabilidad política?
En cualquier caso, desde esta plataforma siguen apuntando a la existencia de una responsabilidad política que consideran que se está parapetando en la responsabilidad penal para no ser asumida. "La no derivación a priori y de manera generalizada de los mayores que vivían en residencias es una gestión que ninguna sociedad sana puede asumir, porque hubo 7.291 fallecidos --miles de fallecidos en cualquier caso, agregan tras la reciente polémica por el número real de afectados-- y porque la gestión de la Comunidad de Madrid, durante la pandemia, llevó al "dudoso honor de ser la primera región en Europa en exceso de mortandad", en una gestión que "ni ha sido analizada, ni parece que quieran hacerlo, para explicar el por qué de esas cifras, si se hizo tan bien como presumen" desde la administración autonómica.
En medio de todo este contexto, el departamento dirigido por Lastra hace ahora balance de sus actuaciones. Así, este lunes ha informado A raíz de esta última denuncia, en la Fiscalía de Madrid se han incoado cuatro diligencias de investigación preprocesales en las que se constató que no habían sido parte de ningún otro procedimiento judicial abierto y, por tanto, se presentó la correspondiente denuncia. A fecha 30 de diciembre de 2024, y respecto a los otros procedimientos abiertos con anterioridad a dicha denuncia, había otros ocho en tramitación (dos en Madrid, dos en San Lorenzo de El Escorial, dos en Collado-Villalba, uno en Majadahonda y otra más en Torrelaguna). En cuanto a los recursos interpuestos por el fiscal contra el archivo de algunos procedimientos, la cifra asciende a 17, seis de ellos en el año anterior. A esta lista habría que sumar las dos adhesiones a los recursos presentados por las acusaciones.
En Alcalá de Henares se incoaron 13 diligencias de investigación, una por cada anciano fallecido en su territorio. En ocho de ellas se acordó directamente la remisión a distintos juzgados por existir ya procedimientos en las que ya se habían investigado los mismos hechos, o aún se estaban investigando. En las cinco restantes se citó a los familiares de los fallecidos para tomarles declaración. En dos casos se pudo comprobar que ya estaban judicializados, y en los otros tres se ha formulado denuncia (2 en Alcalá de Henares y 1 en Torrejón de Ardoz).
Por otro lado, en Móstoles-Fuenlabrada se incoaron 28 diligencias de investigación preprocesal, que se corresponden con 30 fallecidos al darse la circunstancia de que, en dos de ellas, se interesa la investigación del fallecimiento de los dos progenitores del denunciante. En 21 casos ya había existido causa judicial. De ellos, doce estaban sobreseídos ya por la Audiencia Provincial y el resto continúan en fase de instrucción. Finalmente, sobre los otros siete asuntos que la Fiscalía de Móstoles tiene aún abiertas diligencias de investigación, en cinco de ellos están pendiente de recibir el informe del médico forense. Mientras que en los otros dos, que ya cuentan con el pertinente informe, se ha presentado la correspondiente denuncia.
La realidad es que, con independencia de toda esta actividad de la Fiscalía, ningún juzgado ha llevado aún a juicio ninguno de estos casos, y tampoco vienen prosperando los que han apuntado hacia la responsabilidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la aplicación de los denominados 'protocolos de la vergüenza, que impidieron la derivación a los hospitales de la mayor parte de los residentes en centros geriátricos.
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